Un Gran Jurado en el estado de Georgia está casi listo para ofrecer sus conclusiones y recomendar pasos posteriores a seguir en el caso que involucra al expresidente Donald Trump y algunos de sus allegados en relación con las elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2019. Para comprender mejor este caso hemos leído un informe del Instituto Brookings, el cual puede verse en su totalidad en: https://www.brookings.edu/research/second-edition-fulton-county-georgias-trump-investigation/.
Los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 incluyeron una serie de acciones llevadas a cabo en el estado de Georgia, las cuales han sido llevadas a la consideración de un Gran Jurado, a fin de determinar si el expresidente actuó correctamente o de manera criminal.
Con base en los datos conocidos sobre este caso, el Instituto Brookings ha elaborado el documento arriba mencionado, publicado en noviembre del año pasado. En este documento, un grupo de ocho expertos del instituto describen los detalles del caso, los comparan con las leyes existentes tanto en el estado de Georgia como a nivel federal y llegan a algunas conclusiones. Por supuesto, este es un análisis que no tiene carácter oficial ni forma parte de la investigación del Gran Jurado, por lo cual no debe ser confundido con lo que será el dictamen final del Gran Jurado. Sin embargo, dado el prestigio del instituto que lo ha elaborado representa una referencia probablemente objetiva sobre este asunto.
Como se recordará el expresidente Donald Trump fue objeto de dos enjuiciamientos (Impeachments) por parte del Congreso de Estados Unidos, los cuales terminaron en su absolución. Todos los demócratas en el Congreso votaron por condenarlo y todos los republicanos (menos dos, creo recordar), votaron por su absolución. En esa votación el jefe de la minoría republicana en el senado, Mitch McConnell, dijo, al votar por la absolución de Trump: “Tenemos un sistema de justicia criminal en nuestro país. Tenemos juicios civiles. Y nuestros expresidentes no son inmunes a ser enjuiciados por uno de los dos sistemas”.
Es decir, aunque votó en el Congreso por la absolución de Trump, McConnell sugirió que donde Trump podía ser enjuiciado no era en el Congreso de Estados Unidos sino en los tribunales federales o estadales. Y es aquí donde hoy se encuentran por lo menos cuatro casos de diferente naturaleza en contra del expresidente: (1) los documentos clasificados como secretos encontrados en Mar A-Lago; (2) el caso de Georgia, que comentamos; (3) el caso civil en Nueva York sobre fraudes comerciales relacionados con sus empresas; y (4), el relacionado con asaltos sexuales y presuntos pagos a prostitutas para acallarlas. Es preciso recordar que Donald Trump es aún el líder indiscutible del Partido Republicano y representa todavía su mejor carta para reconquistar la presidencia del país. Por ello, estos juicios pueden ver ser vistos como maniobras políticas de sus adversarios a fin de obstaculizar su regreso a la Casa Blanca.
Lo que está hoy en juego es si Trump es una víctima de sus adversarios políticos o es un criminal debido a sus actuaciones en el mundo político, corporativo o social. Todos estos juicios están activos y el de Nueva York sobre fraudes comerciales relacionados con las empresas de Trump ha terminado con una condena carcelaria para su director de finanzas y hombre de confianza y una multa para sus empresas.
En la investigación que se lleva a cabo en el estado de Georgia se busca establecer si existió una solicitación criminal por parte del expresidente Trump para lograr revertir el resultado de las elecciones presidenciales cometiendo un fraude electoral en ese estado. Según las leyes del estado de Georgia, cuando una persona solicita a, o pide a otra persona cometer un fraude, esa persona solicitante es culpable de una felonía y podrá ser castigada con hasta tres años de prisión. La comisión de esta felonía tendría tres etapas: la primera es que el acusado debe solicitar, pedir, ordenar a otra persona llevar a cabo el acto. El análisis de Brookings indica que la llamada telefónica del expresidente Trump al secretario Raffensperger el 2 de enero puede definirse como una solicitud: “Encuéntreme 11.780 votos; solo necesito 11.000 votos más”. Agregó Trump en su llamada que no buscarlos pondría a Raffensperger en grave riesgo, es decir, lo amenazó. El informe se pregunta: ¿Cuál era la intención de Trump? El informe enfatiza que Trump deseaba obtener los votos necesarios en Georgia para revertir los resultados de la elección. ¿Es esto una ofensa criminal? El informe concluye afirmativamente.
Más aún, según el informe del instituto, los esfuerzos múltiples del expresidente Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales –desde el asalto al Congreso, hasta los pedidos en Georgia de encontrar más votos y el nombramiento en paralelo de falsos electores que serían confirmados por el vicepresidente Pence, a lo cual él se negó– así como la campaña mediática llevada a cabo por Giuliani, Powell y otros seguidores–, todo ello parece configurar una acción típica de las organizaciones mafiosas, por lo que se le puede aplicar al grupo seguidor de Trump y al mismo expresidente la ley llamada RICO, es decir, el Acta contra las organizaciones corruptas influenciadas por chantajistas.
El informe de Brookings termina diciendo (mi traducción): “No hay nada injusto en encontrar enjuiciable a Trump. Él era el presidente de los Estados Unidos de América, capaz de entender, saber y acatar las leyes. Sus llamadas a los funcionarios de Georgia van más allá de los límites criminales. Trump tenía maneras legales de objetar la elección pero no el derecho de decidir unilateralmente quién había ganado y violar las leyes basado en esa premisa”.
Impacto político de las demandas de Dominion contra Fox News, Giuliani, Powell, etc.
En paralelo con estas acciones que involucran directamente al expresidente Trump existen gravísimas demandas por difamación de la empresa Dominion, que actúa en el campo electoral, contra la cadena televisiva Fox News, y algunos de sus empleados de alto nivel y contra los asesores de Donald Trump, el abogado del expresidente Rudy Giuliani y la también abogada Sidney Powell, los primeros por 1.600 millones de dólares y los segundos por 1.300 millones de dólares. Estas demandas que están en curso en los tribunales contienen información según la cual empleados estrella de Fox News como Tucker Carlson, Sean Hannity y Jeanine Pirro mantenían la tesis del fraude electoral contra Trump ante el público, a fin de no perder clientes o sintonía, mientras en privado ridiculizaban a Giuliani, Powell y al propio Trump por ser los promotores de la Gran Mentira. Esto coloca a quienes promovieron desde Fox News la mentira del robo de las elecciones a Trump como cómplices de una conspiración criminal contra la democracia estadounidense.
Este cuadro tendrá un gran impacto sobre el curso de las candidaturas presidenciales que ya se asoman en el horizonte, ciertamente las candidaturas del Partido Republicano.
(NOTA AL MARGEN para evitar desvíos sobre si Trump o Biden: No estamos de acuerdo con la precandidatura de Biden, la cual consideramos irresponsable dada su edad y condiciones mentales).
Conclusión
Lo que parece inevitable es un incremento de la tirantez política en Estados Unidos durante los próximos meses, ya sea porque Trump es enjuiciado criminalmente o, al contrario, porque sea absuelto. Su candidatura a la presidencia aumentará esta tirantez aún más, con resultados de gravedad impredecible.
De allí que sea necesario seguir advirtiendo sobre una tragedia americana en desarrollo, la cual requerirá de toda la sensatez y buena voluntad del pueblo estadounidense para ser evitada.