La mitad de la población estadounidense piensa que Donald Trump es un perseguido político del gobierno de Joseph Biden, un patriota a quien sus enemigos le hacen la vida difícil, acusándolo de diferentes crímenes contra la nación o contra personas. Mientras más acusaciones aparecen en su contra, con más fiereza lo defienden sus partidarios. Por su parte, quienes lo acusan y piensan de él como indigno de ocupar posiciones de servicio público, por sus torvas tendencias a mentir y a beneficiarse indebidamente de su poder político, han arreciado sus esfuerzos para llevarlo a la inhabilitación en el campo profesional y político e, incluso, a la cárcel. En este momento Donald Trump enfrenta 22 juicios criminales o civiles, ver lista completa en: https://www.justsecurity.org/75032/litigation-tracker-pending-criminal-and-civil-cases-against-donald-trump/ .
En esa publicación se comenta que, hasta Trump, ningún presidente de Estados Unidos había sido objeto de un juicio criminal, mucho menos sentenciado por ello. Tres de esos juicios enumerados en la publicación, los relacionados con cargos de asalto sexual, han sido transados fuera de la corte por Donald Trump.
Yo confieso tener un claro sesgo en contra de Donald Trump desde antes de su llegada a la presidencia, debido a mi percepción de su narcisismo, machismo y sus hábitos financieros de recurrir a la quiebra de empresas como estrategia para eludir compromisos y responsabilidades. Al llegar Trump a la presidencia supuse que llegaría a ella acompañado de ese bagaje de cualidades indeseables y su actuación, hasta culminar con su incapacidad para admitir su derrota, me reforzó en mi percepción negativa de la persona.
Por ello sigo tratando de ver cuánta razón pueda existir en cada bando, el que lo admira y el que lo rechaza. Acabo de leer la más reciente demanda en su contra, una acción civil iniciada por la fiscal general del estado de Nueva York por fraude comercial reiterado, cuyas características resumo de seguidas.
Naturaleza de la demanda
Verla en su totalidad en: https://s3.documentcloud.org/documents/22670311/nyag-v-trump-et-al.pdf
Esta es una acción basada en 3 años de investigación de la oficina de la Fiscalía General del estado de Nueva York, en 65 entrevistas con testigos y en la revisión de múltiples documentos generados por la parte defensora, es decir, Donald Trump, sus hijos, sus empleados y el grupo de empresas denominadas la Organización Trump. La acusación es por “reiterados actos de fraude y falsas afirmaciones hechas en los estados financieros de la organización en los años 2011 a 2021”. En esencia, el fraude consiste en haber inflado significativamente el valor de los activos de la Organización Trump, mediante falsos estados financieros presentados a los bancos para lograr préstamos más favorables. La demanda alega que esta manera de actuar viola numerosas leyes existentes, como la Ley Ejecutiva 63 y la Ley Penal 175 de Nueva York sobre falsificación de libros financieros, falsos estados financieros y fraudes relacionados con seguros.
Según la demanda estos documentos de la Organización Trump eran preparados para la revisión conjunta y firma aprobatoria de los señores Trump y Weisselberg (su director de Finanzas, quien se declaró culpable de fraude en otro juicio paralelo relacionado con la organización). Cuando se les interrogó sobre esas reuniones, ambos invocaron la quinta “amendment” de la Constitución, que les permite no responder porque su respuesta bajo juramento podría ser incriminatoria. El Sr. Trump invocó este privilegio constitucional unas 450 veces durante el interrogatorio al cual se le sometió, a pesar de lo que había dicho siempre, “que eso solo lo hacían los gánsteres”.
Entre los componentes del fraude pueden mencionarse:
- Utilizar números falsos para calcular el valor de las propiedades. Por ejemplo, la Torre Trump fue evaluada por ellos con base en un área de 30.000 pies cuadrados, cuando el área real es de 10.996 pies cuadrados, Además el valor del pie cuadrado utilizado fue 4 veces mayor que el valor del mercado.
- Los apartamentos de Trump Park Avenue, que estaban ocupados a una renta estabilizada (fija e inamovible), fueron evaluados como si pudieran venderse sin restricciones, lo cual llevó a una valuación casi 50 veces mayor que la real.
- El club Mar-a-Lago fue avalado como si fuera una residencia personal sin restricciones cuando es un club con miembros y regulaciones que impiden su libre venta. Como resultado su valor fue inflado por un factor de 10.
Estos ejemplos y muchos otros relacionados con las propiedades de Trump se describen en detalle en la demanda y permitieron a Trump obtener beneficios financieros que la parte acusadora estima en aproximadamente 250 millones de dólares. En febrero de este año la empresa Mazars, que llevaba los libros de la Organización Trump desde 2011, renunció alegando que los estados financieros de la Organización Trump desde 2011 hasta 2020 no eran confiables y no debían ser aceptados.
El documento de la demanda es sumamente detallado, de 222 páginas, y termina pidiendo castigos en contra de la Organización Trump que incluyen la prohibición de hacer negocios de bienes raíces en el estado de Nueva York por los próximos 10 años, nombrar albaceas independientes para manejar el trust de Trump, el cual está en manos de sus hijos y cancelarles las licencias a los hijos para hacer cualquier tipo de negocios en el estado.
En su descarga, los abogados de Trump han esbozado una estrategia que incluye tres componentes principales:
(1) Definir la demanda como una persecución política, una “cacería de brujas”. En efecto, la fiscal general de Nueva York ha dicho públicamente, desde que llegó a su posición, que iría en contra de Trump “con todos los hierros”. Por supuesto, una acusación con ingredientes políticos puede ser injusta o justa, en la medida en la cual los cargos sean inciertos o ciertos. Esta demanda es muy detallada y está muy bien sustanciada. Los abogados que la analizan han concluido, con base en los cargos que contiene, que Trump ha debido llegar a un acuerdo extrajudicial desde el inicio, pero que ahora ello va a ser muy difícil.
(2) Los procesos de valuación de propiedades son subjetivos y están sujetos a variaciones entre diferentes maneras de avalúo. Y esto es cierto, siempre y cuando las maneras de avalúo sean las aceptadas por las leyes y la comunidad financiera, y no contengan premisas falsas comprobables, como es el caso del área de la Torre Trump.
(3) Nadie ha sufrido por esta situación, alega Trump. Los bancos han ganado dinero con los préstamos y él ha pagado a los bancos (casi siempre). “No hay afectados por lo que hemos hecho”, alega el demandado. Sin embargo, el estado de Nueva York ha estimado que los beneficios de las falsificaciones de la realidad para la Organización Trump han sido de significación y sus violaciones a las leyes estatales y federales encuadran dentro de la categoría de fraude.
De todo esto he derivado algunas conclusiones que, de nuevo, pudiesen estar influenciadas por mi sesgo en contra de la persona llamada Donald Trump. Yo creo que, si esta demanda tiene elementos verídicos y comprobables, como parece tenerlos, y no es una total ficción, ello me confirmaría en mi creencia que Donald Trump no debe ser nunca más funcionario público, sobre todo al nivel de presidente.
Por supuesto, lo que sucederá será determinado por fuerzas que están fuera de nuestro alcance, ya sea en contra o a favor del Sr. Trump. Tendremos que esperar el curso de los acontecimientos, tratando de ser lo más objetivo posible, invitando a un intercambio de ideas sobre el tema entre quienes estén dispuestos a hacer sinceros intentos de objetividad. La suerte de la nación estadounidense y de muchas otras naciones de nuestra región depende de cómo se desarrollen estos acontecimientos sobre el Sr. Donald Trump.
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