La cifra de presos políticos se ha reducido con respecto al pico alcanzado tras la ola represiva posterior a las elecciones del 28J. Pero, no hay que olvidarlo, los 894 que continúan en prisión son el triple de los detenidos por razones políticas que había a mitad del año pasado.
La ola represiva fue la respuesta a las protestas espontáneas de la gente luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro. Como se ha demostrado fue la consumación de un fraude escandaloso que convierte al inquilino de Miraflores en un mandatario ilegítimo. La represión tenía que ser y fue despiadada para infundir miedo y hacer muy visible que el poder de la fuerza se impone a lo legal y a lo justo y que cualquiera, en cualquier circunstancia, puede ir a parar a la cárcel.
Las excarcelaciones subsiguientes no se producen porque se cometieron errores. Se cometieron errores a propósito, con fría planificación. El terror desde el Estado no se detiene en procedimientos ni en verificaciones. Por eso ahora hay más presos políticos que los que había hace un año por estas fechas. Y en peores condiciones de reclusión. Desde el 28J han muerto tres detenidos bajo custodia del Estado.
La forma de proceder sigue dos patrones: por un lado, detenciones arbitrarias que incluyen la desaparición forzada, pruebas amañadas, vulneración del debido proceso, retardo procesal, desconocimiento del derecho de los detenidos a nombrar su defensa propia; y, por otro, la continuación agravada del trato denigrante y desconsiderado que se traduce en el deterioro de la salud de los presos políticos.
La semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hicieron saber de las injustas condiciones de encierro que prevalecen en el país, que incluyen aislamiento, tortura y desatención sanitaria. La Organización No Gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón lleva un registro detallado de la situación en las prisiones del que desprende que cerca del 10% de los presos políticos presentan cuadros de salud sumamente grave, con afectaciones físicas y emocionales.
Las denuncias de esta muy delicada situación son permanentes en los medios que pueden difundirlas y en las redes sociales. Los informes nacionales e internacionales no dejan de alertar sobre la precariedad de las condiciones de reclusión, amén de su injusticia. Pero todo depende del humor del poder, de la conveniencia del poder y del cálculo político que les permite alojar un poquito y endurecer cuando les venga en gana.
La comunidad internacional debe hacer más de lo que hace. Las cancillerías latinoamericanas deben hablar más de lo que callan. Los organismos regionales deben demostrar que no son parapetos políticos. El mundo cívico y político venezolano, de manera conjunta, venciendo resistencias, tendría que colocar en el primer lugar de la agenda la lucha articulada y planificada por la liberación de todos los presos políticos. Es una cuestión de humanidad, de salvar vidas, de vencer el dolor.
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