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“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”. Así dijo en alguna ocasión el gran escritor Jorge Luis Borges. Así está pasando con los liberales al plantear el asunto de la dolarización como de vida o muerte de una economía. Sin embargo, en la actualidad, en América del Sur los únicos países que son pacientes del Fondo Monetario Internacional son Argentina y Ecuador; a este último, incluso, se le atribuía una dolarización positiva. ¡Pero algo pasó!
Siguiendo informaciones de prensa, Ecuador presentaba un déficit fiscal de 4.813 millones de dólares (4,63% del PIB) y 48% de su población en estado de pobreza. El acuerdo con el FMI suministrará hasta 6.500 millones de dólares que se han comenzado a desembolsar.
En esta argumentación es interesante tener en cuenta el caso de Perú. En efecto, este país que ha mantenido una misma política de respeto a la economía de mercado, y a pesar de poseer un ambiente político algo inestable, ha logrado la estabilidad monetaria al punto de que tiene reservas por encima de los 70.000 millones de dólares, con lo cual mantiene una paridad cambiaria que sube y baja entre el dólar y el sol, evitando brotes inflacionarios. Su crecimiento económico ha sido impresionante: en 1990 tenía un PIB per cápita de 5.938 dólares constantes y para el año 2020 era de 12.439 dólares, una tasa de crecimiento de 3,7% interanual. En el año 2008 su tasa de pobreza alcanzaba 37,3% de su población, pero para el año 2019 era de 20,2%; esto significa que el crecimiento fue para todos. La inflación también ha sido positiva en moderación: para el año 1990 la inflación había sido de 7.481,66%, pero en los actuales momentos 4,27% (2021) y en el año 2018 fue de 1,51%, siendo más baja que la de la Unión Europea y el mundo.
Otro país suramericano que, arrinconado por una hiperinflación en 1973 y luego por una crisis bancaria en 1981, fue también paciente del FMI y el Banco Mundial es Chile. Sabemos que muchos dirán que se consiguió porque fue una dictadura militar, pero el caso es que sus sucesores se mantuvieron sosteniendo las instituciones, no hubo necesidad de cambiar la moneda. Todos sus indicadores sociales, no los exclusivamente económicos, han sido óptimos. Quizá la mejor de sus instituciones fue la creación de los fondos de pensión administrados por empresas especializadas, que contribuyó a crear un acervo poderoso de capital que ha ayudado al crecimiento económico permanente. Hoy el gobierno filomarxista e indigenista de Boric ansía acabarlos porque cree que así estimulará el consumo, pero se olvida de que para consumir hay que crear bienes de consumo o tener riqueza para importarlos del extranjero.
Hoy por hoy, Panamá, un país pequeño de 4 millones de habitantes que durante muchos años se había beneficiado de una baja inflación, es igualmente otro de los pacientes de la terapia del FMI y del Banco Mundial. Y, por cierto, este suceso no se ha anunciado ampliamente en la red mundial de medios impresos e informáticos. Según el Banco Mundial, la pandemia incrementó los problemas y debilidades existentes en su economía. El déficit fiscal de Panamá (5,5% del PIB en 2021 frente a 2,9% en 2019) y los niveles de deuda (63,7% del PIB en 2021 frente a 46,3% en 2019) son mucho más elevados que antes de la irrupción del covid-19. Como economía dolarizada, el país requiere y le urge promover la consolidación fiscal para amainar el pago de intereses, reducir la deuda pública y cumplir con las metas de déficit establecidas por la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal – LSRL (4% del PBI para 2022). El principal riesgo fiscal y creador de desequilibrio es el déficit del sistema de pensiones, que ha exigido cada año mayores recursos del Tesoro Público. Los ingresos fiscales son inferiores comparados con otros países similares. La cuasipermanente incapacidad de Panamá para impedir el lavado de dinero y combatir al financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) desalientan la inversión extranjera directa y hacen mengua en el aprovechamiento del potencial del país como un gran centro comercial y financiero regional e internacional.
Por último, también se ha recomendado a los países en vías de desarrollo la creación de una “Caja de Conversión” o Currency Board. Una Caja de Conversión es una especie de Banco Central que solo emite dinero mediante acumulación de reservas internacionales, y que no debe ni puede actuar como un “prestamista de última instancia proporcionándole liquidez al sistema bancario como mediante los instrumentos del anticipo y el redescuento, o prestarle al gobierno adquiriendo Letras del Tesoro o Bonos de la Deuda Pública”. Sea como fuere, Argentina intentó el esquema de “Currency Board” en 1991 (marzo) y fracasó. Lo abandonó en enero de 2002, con una crisis bancaria denominada popularmente «el corralito». En la actualidad continúa la nación sureña con una inflación de 60% y es uno de los clientes más problemáticos del FMI.
En fin, hemos realizado este viaje por América Latina, precisamente por países como Panamá y Ecuador, ambos dolarizados pero que han terminado también con grandes problemas fiscales, y ni siquiera hemos nombrado a El Salvador, cuyas reservas de dólares han sido cambiadas en 50% en criptomonedas cuando estas precisamente se están devaluando. Dolarizar por dolarizar no va a solucionar ningún problema si los países no dejan de gastar más de lo que ganan por impuestos. ¡No es una varita mágica la dolarización! Quizá en Venezuela sí ayudaría una dolarización de verdad, verdad, porque el sistema de pagos de la nación está debilitado totalmente. El proceso de dolarización en nuestro país ha sido hasta atacado por el propio gobierno, al establecer un impuesto a las grandes transacciones, lo cual es una falsedad porque si usted paga una pequeña cuenta de 10 dólares en una farmacia o en un supermercado está obligado a pagar 3% de impuesto. Esto no es un impuesto a las grandes transacciones sino al gasto en dólares en nuestra nación.