En cada ciclo político, las discordancias de demócratas y republicanos colocan a las Instituciones de los Estados Unidos en situación límite. Aunque no es la primera vez, observamos que la no aprobación de determinas partidas presupuestarias expulsa de la administración norteamericana a decenas de miles de empleados y cesa la prestación de servicios públicos, incluidos algunos de marcado carácter social, destinados a prestar asistencia a las capas de ciudadanos más desfavorecidos.
Las dificultades del gobierno demócrata estadunidense parecen aunarse con las de los republicanos, que no tienen un liderazgo claro, puesto que una minoría de legisladores de tendencia de extrema derecha ha destituido al presidente de la Cámara de Representantes, con el apoyo entusiasta de la mayoría de los demócratas.
Pero esta situación genera dificultades al gobierno norteamericano, pues debe aprobar los presupuestos (un total de doce leyes) sobre diversos aspectos del gasto público de la administración Biden. Precisamente, el presidente se ha apresurado a llamar a la concordia, quizás sin demasiado convencimiento puesto que es una situación que se repite. Nos viene a la memoria una frase de un escritor venezolano, dado que parece que viene una espera tensa y callada, llena de azares y de albures. (Arturo Uslar Pietri, 1976).
La división entre demócratas (con mayoría en el Senado) y republicanos (con mayoría en la Cámara de Representantes) certifica la dificultad de la gobernanza. Son necesarios los acuerdos, pero estos precisamente han generado la destitución del presidente republicano de la Cámara. La rebelión de los radicales republicanos es a causa de los acuerdos para evitar el techo de la deuda y la prórroga presupuestaria temporal que ha evitado el cierre parcial de la Administración. Desde 1997 ha habido dificultades importantes para hacerlo a tiempo. Quizás sea hora de avalar la necesidad de mejorar el proceso de aprobación de las leyes que se relacionan directamente con los gastos administrativos que, por otra parte, continúan siendo básicamente muy similares, aunque se cambien los presidentes. De hecho, los demócratas también paralizaron la administración Trump hace pocos años.
Ello nos traslada a la reflexión de si las discordancias políticas pueden llevarnos a situaciones en las que los más necesitados deben pagar la diversidad política, como sucede con demasiada frecuencia en los Estados Unidos. También alcanza a otros países desarrollados como demuestra el enfrentamiento político radical en España o Italia. Las restricciones presupuestarias en Estados Unidos pueden llegar incluso a los militares destinados en actividades de defensa nacional, fuera de las fronteras del país.
Comparemos esta situación la de la mayoría de los países del OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) en los que las discordancias políticas nunca alcanzan a tener relevancia tan pronunciada, en los servicios fundamentales de carácter social que se prestan a los ciudadanos.
Precisamente de cuestiones relacionadas con los servicios públicos se ha debatido en Panamá, en una reunión con representantes de 22 países miembros del CLAD, detectándose importantes carencias y también avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que se considera de difícil cumplimiento. En la mayoría de los casos, se achaca el retraso a las consecuencias de la pandemia, que ha generado la asignación de cuantiosos recursos económicos destinados a la salud pública.
Por ello, los países asistentes se declaran proclives a mejorar y ejecutar los planes nacionales específicos para la implementación de la Agenda 2030 en cada uno de ellos. Estos planes deben ser elaborados con la participación de las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, la academia y otros actores relevantes. El aspecto de la participación de la ciudadanía ha cobrado gran relevancia para no dejar a nadie atrás, a pesar de las dificultades técnicas de ponerla en marcha.
La preocupación por el incremento de la desigualdad, denunciado por todas las organizaciones internacionales se transforma en un aspecto prioritario. Dada la relevancia de este desafío en términos de desarrollo sostenible, los participantes de mostraron de acuerdo en enfocar los esfuerzos y recursos para abordar las disparidades económicas, sociales y de acceso a los servicios básicos. Por esta razón, proponen también la promoción de las políticas, planes y programas que busquen reducir las brechas de ingresos, género, acceso a la educación y la atención médica.
Especial atención reclaman, además, en impulsar la descentralización de la toma de decisiones y la participación de las autoridades locales y la sociedad civil en la asignación de recursos. Esta descentralización garantizará, señalan, que las inversiones se adapten de manera más precisa a las necesidades específicas de cada región y comunidad.
En fin, con frecuencia las reuniones internacionales reclaman la realización de políticas que parecen contar con la anuencia ciudadana y la realidad de los países genera enfrentamientos políticos de gran calibre, que pareciera que se extienden, en lugar de aislarse respecto a otros continentes y culturas. Las políticas sociales y las instituciones exigen acuerdos, incluso cuando la distancias entre los partidos generan abismos cada día.
@velazquezfj
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