EFE
El estreno como embajador designado por el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro ha dejado un mal sabor en el paladar de los ciudadanos del mundo libre que reclamamos justicia ante los brutales crímenes de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro y su alta línea de mando.
En una conferencia de prensa que cubrió la agencia noticiosa Bloomberg en Línea el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, cuestionó la diligencia adelantada por el anterior gobierno de su país, asegurando que “fue un error del gobierno de Iván Duque haber denunciado junto con otras naciones al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional”. Ha sido, sin duda, un mal estreno como diplomático de un funcionario que aboga a favor de la impunidad de los responsables de miles de asesinatos extrajudiciales, certificados por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Ante esa posición surgen los comentarios de especialistas en la materia jurídica que afortunadamente ponen las cosas en su justo lugar, cuando advierten que de retirarse de esa denuncia “no tendría ningún efecto práctico, en primer lugar porque la denuncia no solo fue interpuesta por Colombia sino también por países como Argentina, Perú, Chile y Paraguay”. Pero además en las instancias de la Corte Penal Internacional cursan otros expedientes consignados por la OEA y diferentes ONG que lideran personalidades que se han consagrado a investigar, documentar y denunciar todos esos delitos cometidos por la camarilla chavodamurista.
No debemos dejar morir ese esfuerzo que hizo posible que en 2021 la CPI tomara la decisión de abrir una investigación sobre Venezuela. «Abriendo las puertas para que las víctimas tengan acceso a la justicia, y esa decisión es irrevocable, en ese sentido, un supuesto desistimiento al denuncio conjunto no tiene ningún efecto», tal como diáfanamente lo explicó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Pero hay que estar atentos a los desplazamientos de la dictadura madurista que hace lo que sea necesario para tratar de detener esa investigación que debe proseguir para concluir estableciendo las penas que merecen los responsables de tan aberrantes crimines.
Otro tema que deberíamos atender es las maromas que ponen en escena los funcionarios maduristas que afirman que “Venezuela está preparada para reactivar las operaciones de Chevron, solo harían falta las licencias de Estados Unidos”. O sea que pasemos la página de los delitos, de las sanciones y de los expedientes que ofrecen pruebas de las andanzas de esos personajes de la dictadura con el narcotráfico, la corrupción y los crimines de lesa humanidad.
Ahora Maduro y sus socios piden “una licencia ampliada que permita a Chevron recuperar al menos una parte de miles de millones de dólares en deudas impagas de sus cuatro empresas conjuntas”. Eso seria hacer negocio con petróleo ensangrentado para quienes mas vale un pozo de petróleo que la vida de millones de seres humanos a merced de los desmanes de una feroz dictadura.
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