Tras la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, doña Isabel Brilhante Pedrosa, como es de presumir, se tomarán medidas similares en ejercicio de reciprocidad. También es de presunción automática que las relaciones están en un nivel alto de tensión, pero que no implica necesariamente ruptura aunque aumenta las posibilidades de que llegue a serlo.
Llama la atención que la UE ha encarado a Maduro en casi todos los niveles diplomáticos, ha reconocido la crisis humanitaria severa, la emergencia humanitaria compleja y ha sido firme en condenar las continuas violaciones de derechos humanos y ruptura de hilo constitucional, entre otras.
Es claro que la UE conoce de sobra que se trata de un dictador cruel como el que más, pero además es diplomáticamente inaceptable la forma distendida como se refiere y actúa frente a organismos o presidentes. Es común ver a Maduro mofarse de gobernantes legítimos o de organismos, profiere amenazas y críticas innecesarias, dando la sensación de que sus actos no tienen mayores consecuencias.
Sabido que se trata de un gobierno de facto, desconocido también por Bruselas, es lógico presumir que este tipo de actos no pudiesen deteriorar más las relaciones pero hay muchos datos que debemos analizar, empezando por el hecho cierto de que Maduro ha sido incapaz de mantener estabilidad en Venezuela y se ha permitido usar la represión al pueblo como primera fortaleza de contención.
Pese a la debilidad de las relaciones diplomáticas, Europa parece cada día menos fuerte, el Delcy Gate demostró lo poco que respetan las decisiones de la UE y si no las hicieron respetar en Barajas, jamás podremos pensar que lo harán en Caracas.
Desde que Maduro se declaró ganador de las elecciones de 2018, las relaciones internacionales se han visto afectadas por las constantes muestras de indiferencia del régimen madurista; ofende, reta, amenaza y se burla en cadena de radio y televisión sin consecuencias tangibles. Así se van haciendo evidentes las muestras de debilidad europea, no actúa con contundencia frente a un líder negativo que cada vez atropella con más fuerza y por el contrario apreciamos una serie de casualidades como el propio Delcy Gate, la fuga del Pollo Carvajal, a quien la Guardia Civil supuestamente mantenía en constante vigilancia, las fortunas de sancionados que viven muy cómodamente en los mejores barrios de Madrid o Barcelona, por ejemplo las familias de Padrino López y Rafael Lacava, además de la legión de exministros que pese a las sanciones viven en esa nación europea como empresarios y que de alguna manera se saltan los controles fiscales.
Refiriéndonos a los grandes enchufados que viven en Europa –por cierto, sancionados–, es justo pedir acciones más severas. La legitimación de capitales, además de un delito de alta entidad, viene a representar para el mundo una forma de control general, al mismo momento en que los afortunados se percatan de que no podrán disfrutar del dinero que honestamente obtienen del narco o corrupción, las actividades delictuales reducirán, de aquí proviene aquello de “el crimen no paga”, pero el mensaje de impunidad razonablemente nos lleva a concluir que no hay razón para no ser delincuente. ¡Que buen plan! Traficar, robar, desfalcar a un país entero y luego mudarse de continente a disfrutar las bondades de la jubilación prematura.
Son demasiadas las razones para analizar la existencia de la autoridad del viejo continente, más aún cuando un gobierno carente de legitimidad puede burlar decisiones tomadas por 27 Estados, la falta de jerarquía en las políticas diplomáticas puede pasar facturas más cuantiosas porque la influencia de la UE en el mundo pudiese llegar a cuestionarse en caso de que se mantenga así la relación.
Como venezolanos debemos seguir pidiendo que se aplique la ley en todos sus extremos, no basta con la expresión de solidaridad, se requiere que los intereses del pueblo no sean sacrificados por acuerdos de escritorio o reuniones de aeropuertos. Se requiere aplicar la justicia implacablemente y sin dilaciones. La expulsión de la embajadora reclama una respuesta enérgica de la UE, seguido de una serie de actos similares en cada uno de los países miembros, empezando por congelación de activos y juicios por lavados de dinero, deportaciones a los señalados de violadores de derechos humanos y muy especialmente colaboración con los venezolanos exiliados que son a la larga quienes pagan los platos rotos de las relaciones diplomáticas.