La historia de muchas frustraciones en el intento de modernizar una economía suele tener un elemento en común: no haber atendido de manera prioritaria la dimensión social de los ajustes. El olvido de esta dimensión y la concentración en los datos macroeconómicos ha terminado por retardar o torpedear los mejores planes y frustrar las mejores intenciones. Los casos recientes de Ecuador y Argentina son buen ejemplo de una situación de la cual ya tenemos mala experiencia en Venezuela.
El discurso modernizador tiende a olvidar el factor esencial y fin último de la economía: el hombre como sujeto y actor. Afirmada sobre la confianza en las fuerzas del mercado, una postura puramente economicista corre el riesgo de prescindir de la consideración de la persona, del ser humano en todas sus dimensiones, incluidas las de productor y consumidor, con toda su carga de necesidades y de aspiraciones. Desatender la visión que prioriza el crecimiento económico en función del bienestar de las personas y del beneficio de la sociedad pone en riesgo fatalmente la globalidad del plan.
La primera condición de un programa modernizador de la economía tiene que ser su aplicabilidad y su sostenibilidad. El optimismo de la planificación tiende a contar automáticamente con los resultados sin considerar el conjunto de los actores, con sus propios intereses y sus contradicciones. Cambiar el rumbo de una economía tiene un costo, pero además un proceso, unos tiempos, unos actores. No es solo el juego de los intereses, también el de la propaganda, los prejuicios, la tergiversación, los fantasmas del pasado, la amenazas, el peso o la percepción lejana la experiencia propia o ajena. Dejar de ver estas variables es también exponer al fracaso el mejor de los planes.
Contra la sostenibilidad de un programa de ajuste económico actúan muchas veces los mismos que provocaron el desajuste. Se trata de líderes del discurso populista capaces de ofrecer como solución lo que en sus manos fue, comprobadamente, causa del fracaso. El olvido o la desnaturalización del pasado puede conducir al grave riesgo de repetir los errores y las políticas que condujeron al decrecimiento económico y a la pobreza, al gigantismo del Estado, a la profundización de la deuda social, a la elevada dependencia de pocos productos primarios de exportación, al desorden económico y social.
La consideración de las dificultades para la aplicación de un plan de ajuste económico no debe llevar a la parálisis. La única postura realista es incorporar un plan social medular de largo alcance, anticiparse a las reacciones y actuar sobre las causas. Conocer, prever, ponerse en la posición de la gente son requisitos indispensables para asegurar la viabilidad de los planes y su sostenibilidad y, por ende, la gobernabilidad. Los especialistas que están trabajando en los programas o medidas sociales aplicables en Venezuela tienen, a este propósito, una muy importante misión.
Para no considerar sino un aspecto, la propuesta en materia de remoción de los subsidios, además de integral y gradual debe venir acompañada de un portafolio de medidas compensatorias. Se impone sustituir el mecanismo de los subsidios generalizados o indirectos por el de subsidios directos. Los primeros atienden más al productor que el consumidor y, con frecuencia, a quienes, por ejemplo, disfrutan de bienes como medio de transporte propio que a quienes no disponen de ellos. Debido a los altos impactos sobre los hogares las medidas deben considerar tanto el corto como el mediano plazo y dirigirse especialmente a los hogares con menores recursos, en modalidades de acciones compensatorias más o menos discriminadas, orientadas a satisfacer necesidades inmediatas, abrir oportunidades y cerrar brechas.
La falta de previsión del fin social de la economía puede hacer que la mejor propuesta económica fracase. El buen propósito puede ser frustrado por la no consideración de los sujetos y actores, es decir el ciudadano de a pie, su percepción de las medidas y los efectos sobre su vida. Se impone traer a primer plano la dimensión social de los ajustes.