Son múltiples las razones, palpables en las diversas intervenciones de la dirigencia de los partidos a nivel nacional. Existe un alto grado de conflicto que genera desconcierto y preocupación en la base popular. Este fenómeno se manifiesta en las descalificaciones mutuas entre los voceros de partidos afines en sus propuestas políticas, sociales o económicas, así como en otras agrupaciones de la sociedad civil.
Los llamados a buscar acuerdos y entendimiento entre los actores políticos no logran minimizar las diferencias, lo que crea un clima de desasosiego que contribuye a las grandes frustraciones que experimentan los ciudadanos al no alcanzarse los necesarios consensos en temas de relevancia nacional.
La desconfianza popular hacia las instituciones políticas ha aumentado considerablemente. A estas les corresponde el papel de ser voceras de las necesidades ciudadanas, promoviendo soluciones a nivel de las distintas instancias públicas donde tengan representación, ya sea como concejales, diputados u ocupando cualquier otro cargo de elección popular. Sin embargo, se observa un total desacuerdo entre los actores políticos, lo que impide encontrar soluciones a las complejidades que afectan a las distintas regiones del país, especialmente en áreas prioritarias como infraestructura pública, salud, educación, seguridad y empleo.
El debate político se centra en confrontaciones que no conducen a soluciones. Las intervenciones de los voceros partidistas se caracterizan por descalificaciones y el intento de anular al adversario, lo que únicamente aumenta el desencanto popular hacia las instituciones políticas.
La ciudadanía anhela que las instituciones políticas asuman su papel, proponiendo soluciones a las complejidades que nos afectan y logrando alcanzar acuerdos en beneficio del interés nacional, dejando de lado las diferencias por el bien del país.
Para el momento de difundir esta nota ya hay un candidato, Edmundo González Urrutia, para un Gran Acuerdo Nacional que nos encamine en la senda de un porvenir pleno de expectativas para el bienestar de la República.
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