¿Hasta cuándo va a seguir el asedio a la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis dirigentes opositores permanecen como refugiados? La sede diplomática está bajo protección del gobierno de Brasil desde el mes de agosto pasado, luego de que Maduro ordenara la expulsión del personal diplomático argentino como represalia por las declaraciones del presidente Javier Milei en las que denunciaba el fraude cometido en las elecciones del 28 de julio.
Pero ni aún bajo la custodia de Brasil, con cuyo gobierno ha habido, al menos en el pasado, cercanías políticas e ideológicas, ha cesado el hostigamiento brutal contra la sede diplomática y sus ocupantes. Es un claro desconocimiento de acuerdos y normas internacionales, como la Convención de Viena de 1961, que consagró la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los Estados están obligados a garantizar su seguridad, pero el régimen venezolano, que utiliza el Estado y sus instrumentos a su antojo, se burla con descaro absoluto de las normas de la convivencia y el respeto que el mundo civilizado y democrático se ha dado durante décadas.
María Corina Machado en una entrevista publicada ayer en el diario La Nación, de Buenos Aires, expone una realidad que obliga a la comunidad internacional a actuar, con la misma fuerza con que lo hizo durante el episodio reciente entre Ecuador y México, que supuso la violación de la sede diplomática mexicana en Quito. La líder política de la oposición democrática consideró que lo que ocurre en la Embajada de Argentina en Caracas “es uno de los casos más aberrantes que ha habido en las relaciones diplomáticas de América Latina en las últimas décadas”.
Los seis refugiados —Magali Meda, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola, la mayoría de ellos del equipo político cercano a Machado— están siendo sometidos a formas de tortura psicológica y física, según describió la ganadora de la primaria opositora de 2023. “Les han cortado el agua, les han cortado la luz. No dejan que ellos puedan en muchos casos ingresar alimentos o medicinas. Les impidieron todo tipo de visitas y contactos. Hay individuos armados que asedian con luces y generan terror a ellos y a todos los vecinos del sector”, declaró Machado al diario argentino.
¿Podrá decir algo la Cancillería brasileña que haga entrar en razón a los jefes del gobierno venezolano? ¿Actuarán las cancillerías del mundo democrático, y sus embajadas representadas en el país en defensa de derechos muy caros de comportamiento diplomático? ¿Hasta cuándo esperar?
La terca e ilegal actuación del gobierno venezolano debe ser detenida. Es la continuación de una clara persecución política a quienes se les han opuesto a la luz del día y por medios pulcramente democráticos. Una persecución elevada a su máxima y vergonzante potencia, que requiere la intervención de organismos públicos civiles y militares para cercar la sede diplomática que es la representación en nuestra nación de otro país, un territorio que debe ser escrupulosamente respetado.