Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Magalli Meda dentro de la Embajada de Argentina
Para ser exactos han transcurrido, hasta hoy, diez meses y una semana desde que Magalli Meda, Humberto Villalobos, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu y Claudia Macero, todos con responsabilidades políticas en el partido Vente Venezuela, del que María Corina Machado es coordinadora nacional, ingresaron a la Embajada de Argentina de Caracas en solicitud de protección y asilo. Y allí permanecen 314 días después, sin que les hayan concedido los respectivos salvoconductos. Un sexto integrante del grupo inicial, Fernando Martínez Mottola, exministro de Transporte y Comunicaciones en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), abandonó la sede diplomática el pasado 20 de diciembre para presentarse ante la Fiscalía General.
En verdad todo comenzó cuando Nicolás Maduro anunció el 15 de enero de 2024, en su informe anual, que se habían descubierto cuatro, luego cinco, conspiraciones en varios meses del año anterior. Trató de vender la idea Maduro de que la existencia de tales conspiraciones, en las que él era el principal objetivo, se habían mantenido en secreto. Insólito en un régimen que desconoce la palabra discreción y siempre se victimiza. Los días, semanas y meses siguientes probaron, con la ferocidad característica, que lo que estaba en desarrollo era la ola represiva que marcó el año pasado y continúa en lo que va de 2025. La vía libre para acusar de traición a la patria y terrorismo a cualquier opositor, o familiar de opositor o amigo de opositor, estaba, por tanto, establecida y sería ejecutada sin demora y sin desmayo.
Atacar la cabeza, o parte de ella, de la organización de la líder de la oposición, que había probado su capacidad ejecutoria y de movilización política en las primarias de octubre del año 2023, era un blanco prioritario. El 20 de marzo de 2024, antes que la cacería prevista se concretara, se produjo el ingreso en la sede de los seis dirigentes y activistas políticos en la Embajada de Argentina. Desde entonces, lo que ha sucedido serviría como guion para una película de terror político, que recuerda épocas que consideraban superadas en la historia de América Latina, cuando las dictaduras militares dominaban casi por completo y con escasos modales la región de arriba a abajo.
El régimen expulsó al personal diplomático argentino, se opuso a que Brasil asumiera la custodia de la embajada como se lo solicitó el gobierno de Javier Milei, acosó al personal que prestaba servicio desde hace muchos años en esa representación diplomática, al punto de que desde diciembre pasado las únicas personas que permanecen allí son los cinco asilados venezolanos, se les ha cortado la luz y se ha restringido el suministro de agua y apenas se permite, con mucha dificultad, la llegada de alimentos y medicinas que se solicitan a supermercados y farmacias. Las visitas familiares están absolutamente prohibidas.
¿Qué les falta por hacer para terminar de hacer añicos el texto de la Convención sobre Asilo Diplomático aprobado el 28 de marzo de 1954, nada menos que en Caracas? ¿Se habrá leído ese texto el canciller Yván Gil? En 1954 había una dictadura en Venezuela y, sin embargo, se firmó ese documento que en su primer artículo indica: “El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados cuando el número de estos exceda de la capacidad normal de los edificios”.
Los artículos cinco, seis y siete de la Convención terminan de desnudar el talante autoritario y doloso del régimen de Maduro. El cinco dice que el asilo se concederá en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial (es decir, Venezuela) a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado (o asilados). La urgencia se deriva de que quien o quienes lo soliciten sean perseguidas por multitudes fuera de control de las autoridades, “o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre(n) en peligro de ser privado(s) de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda(n), sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. La urgencia según el artículo siete la decide el Estado asilante (es decir, Argentina)”.
El acoso permanente no ha vencido la resistencia de los asilados en la Embajada de Argentina, un episodio siniestro de un régimen despótico que mancha el nombre de Venezuela. Una prueba más de la sinrazón que se encaramó en el poder y lo retiene contra el sentir de la mayoría.
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