Diálogos, sanciones y dinero

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En Venezuela padecemos de una tragedia en todos los órdenes. Apelando a los dichos populares pudiéramos exclamar que “no hay hueso sano”. La Tierra de Gracia que proclamaron nuestros conquistadores, corre a la deriva para terminar como una tierra devastada, en donde se sabe que hay mucho petróleo, pero no hay gasolina. Esa sola mención permite tener una idea de cómo es de compleja la calamidad que nos coloca de campeones en el ranking mundial como el país con alta inflación, con salarios paupérrimos y deterioro progresivo de servicios públicos. Un país con la más alta capacidad instalada de megavatios de América Latina, pero con los apagones cada día más frecuentes. Un país que llegó a tener el subterráneo envidiado ¡hasta por los franceses! y ahora los vagones del metro de Caracas son chatarras rodantes. Ese país de maravilla lo transformaron los capos del chavomadurismo en la obra mejor acabada del rey Midas converso que, fantasiosamente, uno puede imaginarse.

En medio de ese desastre que nos depara el socialismo del siglo XXI, se reanuda la jornada de diálogo promovido por el reino de Noruego y que tiene, esta vez, como sede la ciudad de México. Como tantas veces lo hemos declarado son ya más de una docena de conversaciones enmarcadas en ese método, con la pregonada esperanza de que, “ahora si llegaremos a acuerdos satisfactorios”. En mi caso, sin querer ser un “aguafiestas” prematuro, no tengo cómo aferrarme a la fe de que Maduro ceda en algo que permita realizar elecciones libres y soberanas. Ya él lo ha dicho: “Si quieren elecciones democráticas, levanten todas las sanciones”. Está convicto y confeso, todos los procesos realizados después de 2015 han sido una fragua de trapisondas. Lo lamentable es que Maduro, con su poderío tiránico, ha venido construyendo una oposición funcional que se ajuste a sus perversiones dictatoriales.

De la última jornada de diálogo en México tenemos un acuerdo social según el cual “se liberan más de 3.000 millones de dólares para atender necesidades urgentes”. Habría que preguntar ¿qué es lo urgente en un país, en donde está todo por rehacer? Para edulcorar esos acuerdos, se coloca como tranquilizante que “los recursos serán administrados por la ONU”, como si esa alcabala aseguraría que no se cometerán pecadillos a la hora de tramitar los dineros que estarán encargados de asignar en ese ente internacional.

Veamos algunas experiencias dignas de tomar en cuenta para estar al tanto de los riesgos que se corren aun cuando esa masa monetaria está supeditada a los filtros de organismos como la ONU o la OMS, que fue estremecida por “un escándalo de corrupción dentro de las operaciones instrumentadas en Yemen, que despertaron las más variadas dudas sobre cómo ese organismo internacional gestiona a sus trabajadores. Un informe recogido por la agencia AP puso al descubierto que “empleados de la OMS desviaban comida, medicinas, combustible y dinero de aquellos beneficiarios que supuestamente tenían que recibir la asistencia”. En medio de ese estruendo, “más de doce trabajadores de las Naciones Unidas han sido acusados de colaboración con combatientes en el conflicto para acceder a miles de millones de dólares que llegaban al país en materia de ayuda humanitaria”.

¿Qué ocurrió después? Que la OMS declaró en un comunicado que se aplicaría “tolerancia cero” a la corrupción, autorizando inmediatamente una investigación sobre sus actividades en Yemen. Esto ocurre un año después de que una auditoría determinara que el control de las finanzas y la administración de la OMS era “insatisfactorio”; además, definió la existencia de “conflictos de intereses” y “posibles ilegalidades” en el personal de la organización internacional en el país árabe. “Los auditores externos de la ONU concluyeron que había personas no cualificadas en trabajos bien remunerados, que se depositaban millones de dólares en cuentas bancarias personales, se aprobaban contratos sin la firma de documentos y que desaparecía material de ayuda como medicamentos”, según ha recogido la agencia AP.

Las normas de la OMS permiten que los fondos recibidos en materia de ayuda puedan ser transferidos a cuentas personales de los empleados para permitir que la compra de bienes en un lugar conflictivo sea más rápida, lo que deja la puerta abierta a abusos: “El comportamiento es atroz, pero, con todo, el sistema humanitario enfrenta una sobrecarga presupuestaria y operativa y es casi inevitable que incidentes como este surjan regularmente”, ha expresado un ex funcionario de la ONU a la agencia WAM.

Veamos otro caso:

George Monbiot da cuenta, en una investigación adelantada, que “un informe elaborado por Paul Vockler, antiguo presidente de la Reserva Federal estadounidense, iba a demostrar que, como resultado de la corrupción en el programa petróleo por alimentos de la ONU, Saddam Hussein pudo mantener su régimen mediante el desvío de ingresos petrolíferos hacia su bolsillo. Finalmente esa labor de seguimiento, según el análisis suscrito por Monbiot, concluyó en que “la mayor fuente de recursos financieros externos del régimen iraquí, provenía de violaciones de las sanciones realizadas fuera del marco del programa [petróleo por alimentos]”. Estas violaciones consistían en «ventas ilegales» de crudo por parte del régimen iraquí a Turquía y Jordania. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos, tenían conocimiento de dichas violaciones pero no hicieron nada por atajarlas. «La ley estadounidense establece que los programas de ayuda a otros países que impliquen violación de las sanciones de la ONU sean interrumpidos salvo que se determine que continuarlos favorece a los intereses nacionales. Eso es precisamente lo que determinaron las sucesivas administraciones de Estados Unidos».

En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de haber sido informado de la operación de contrabando que reportó al régimen de Saddam Hussein, cerca de 4.600 millones de dólares, decidió que continuara adelante. Lo hizo así porque consideró que dicho contrabando era de interés nacional ya que ayudaba a países amigos (Turquía y Jordania) a sortear las sanciones impuestas a Irak. La mayor fuente de fondos ilegales para Saddam Hussein, fue aprobada no por funcionarios de la ONU, sino por funcionarios de Estados Unidos.

El trabajo periodístico suscrito por George Monbiot, publicado el 17 de febrero de 2005 en The Guardian, precisa que “algunos de los fondos del programa petróleo por alimentos se abrieron paso hasta las manos de Saddam Hussein. Un funcionario [de la ONU], auxiliado por un diplomático británico, ayudó a garantizar que un contrato fuera a parar a una firma británica en lugar de a una compañía francesa. El caso más grave se refiere a un funcionario [de la ONU] llamado Benon Sevan a quien se acusa de haber canalizado petróleo iraquí hacia una compañía a la que favorecía, servicio por el cual pudo haber recibido hasta 160.000 dólares como pago. Kofi Annan, el secretario general de la ONU, ha tomado medidas disciplinarias contra ambos individuos y ha prometido despojarles de su inmunidad diplomática si resultan imputados. No podría haber mayor contraste entre esa conducta y el modo cómo Estados Unidos ha reaccionado ante las harto más graves acusaciones contra sus propios funcionarios”.

Cuatro días antes de que Paul Vockler, expresidente de la Reserva Federal estadounidense, diera cuenta de sus indagatorias sobre las andanzas de Saddam Hussein, relata Monbiot que “el inspector general estadounidense para la reconstrucción de Irak publicó un informe acerca de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), la agencia estadounidense que gobernó Irak desde abril de 2003 hasta junio de 2004. La tarea del inspector general consiste en cerciorarse de que el dinero que la Autoridad gastaba era debidamente justificado. Y no lo fue. En solo 14 meses, 8.800 millones de dólares desaparecieron sin dejar rastro”.

Sobre estas corruptelas ha hablado ante el Consejo de Seguridad el propio secretario general de la ONU, quien realizara un vehemente llamado “a los líderes mundiales para que cultiven una cultura de integridad y fortalecer las instituciones nacionales contra la corrupción. Para el expresidente de Portugal António Guterres,“la corrupción está presente en todos los países: ricos y pobres, del norte y del sur, desarrollados y en vías de desarrollo». La exposición de Guterres fue basada en datos con los que destacaba la magnitud de ese flagelo, apoyándose en las estimaciones aportadas por el Foro Económico Mundial, según las cuales “la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial. Lo cierto es que la corrupción se roba escuelas, hospitales, mientras destruye las instituciones desde las cuales funcionarios corrompidos se enriquecen y burlan la criminalidad.

En esa conferencia, el secretario general de la ONU, António Guterres, trató de demostrar cómo se retroalimenta la corrupción con las más variadas formas de “inestabilidad y violencia, como el tráfico ilícito de armas, drogas y personas, y señaló que las conexiones entre corrupción, terrorismo y extremismo violento han sido reconocidas repetidamente por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la institución a su cargo”.

Es lógico suponer todos los riesgos que se corren en Venezuela en donde una mafia ya viene acometiendo los más escandalosos hechos de corrupción. Las reflexiones de Guterres encajan a la medida de ese esquema tiránico que nos desgobierna.