Detención de pensionados es un neoholocausto del régimen

Cuando William Echarry, de 70 años, y Ramón Blanco, de 66, pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, salieron a protestar con pancartas en La Guaira (anterior estado Vargas) para exigir que se les aumentara la mísera «pensión» de unos 2 dólares al mes que el régimen de Nicolás Maduro paga a la población de la denominada tercera edad, fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público que controla el fiscal Tarek William Saab con el remoquete «criminal» de «instigación al odio»; una acción que viene a dejar en evidencia el carácter del neoholocausto que significa vivir con quienes mantienen el control político desde Miraflores.

1) El odio del madurismo contra el pueblo pobre y sus pensionados

En efecto, tal acción por parte de las fuerzas represoras del madurismo lo que revela es ese sentimiento de rechazo y animadversión que tiene el régimen hacia el pueblo que ellos han empobrecido y que en legítima protesta, en este caso pensionados, exigen lo que les corresponde después de haber cotizado toda una vida para obtener una digna pensión. Este «gobierno» ahora considera delito solicitarlo, mientras ellos desde el poder mantienen a sus hijos en universidades extranjeras, viven en apoteósicas urbanizaciones y se desplazan en lujosas camionetas, o degustan los más exquisitos manjares en restaurantes de lujo, sin poder justificar semejantes niveles de vida. Apuntan con el mazo de su bazofia política, ideológica y de «justicia socialista» a aquellos que se atrevan a levantar la voz, al punto de enviar a dos septuagenarios a una de las cárceles mas inhumanas, contaminadas y peligrosas del país, porque solo exigieron al madurismo ingresos que permitan adquirir la canasta básica alimentaria, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

Desgraciadamente, el Ministerio Público que controla el fiscal Tarek William Saab, en vez de asentar una auténtica justicia en relación con lo establecido en la carta magna sobre los derechos humanos, lo que determina es una nefasta acción judicial, basada en una seudojurisprudencia, para «alertar» -por no decir amedrentar- a cualquier ciudadano en condiciones de vejez o de población activa que se le ocurra reclamarle al madurismo. Esta será una acción considerada de «instigación al odio», y por ende, terminarán tras las rejas, calificados con el remoquete de «traidores a la patria», «terroristas» y «desestabilizadores», aunque el solo hecho de ser pensionados demuestre que han sido personas de bien ante la sociedad.

O sea, si algo ha quedado comprobado en esta condenable y repudiable acción cargada de odio por parte del neototalitarismo madurista es que ellos solo buscan arrodillar a toda la población ante sus más perversos dominios políticos, económicos y sociales. Aquí no vale lo que la gente pueda decir, porque esa «ciudadanía» violada hasta en sus más elementales derechos, como la razón de la susbsistencia, debe callar e incluso rendir pleitesía a la jerarquía política, si estos ante el reconocimiento del hambre, incluso en tiempos de demagógica campaña electoral, deciden regalar un pollo y una mortadela, aunque sean trasladados en antihigiénicas carretillas en tiempos de covid-19 [1].

Que alguien vaya preso por reclamar el hambre y la desnutrición que padece en su condición humana por absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro como «presidente de la República», que aun siendo una persona de avanzada edad tenga que ir a prisión por ello, simplemente es reconocer que el madurismo ha creado un neoholocausto para eliminar cualquier vestigio de oposición originada desde las más profundas inconformidades del pueblo.

2) El madurismo crea el neoholocausto del siglo XXI

Así, cuando el madurismo ha liquidado por completo la estructura salarial de la administración pública, y ha echado a la población pensionada al basurero social, es porque no le importa para nada que quienes aún «trabajan» para el Estado renuncien a sus funciones y menos que formen parte de una emigración que, según cálculos de la ONU, supera más de 6 millones de venezolanos. Con relación a aquellos que deberían vivir de sus pensiones y jubilaciones, resulta obvio que no solamente estamos frente a delitos de lesa humanidad; si el régimen madurista no hubiera llegado al extremo de apropiarse de los fondos de pensiones y retiros de los trabajadores de la industria petrolera, empresas públicas, universidades e instituciones, así como los fondos de sus cajas de ahorro y las propias cotizaciones del Seguro Social, para dejarlos en una especie de indigencia societaria en tiempos de senectud, si existiera un Poder Judicial independiente, nada de eso habría ocurrido, y hoy, los verdaderos responsables de cualquier malversación estarían en la cárcel.

Cuando el madurismo permite que una persona sufra las consecuencias del hambre por la anulación de los ingresos, o muera de inanición, o en su defecto por enfermedades, o bien derivadas de la desnutrición, porque el Estado no cumple sus funciones de asistencia hospitalaria; cuando vemos que niños son asesinados porque sus padres tuvieron que forzosamente emigrar, y ahora, como colofón, vemos cómo envían a pensionados de 70 años de edad a morir en peligrosos centros de reclusión para delincuentes; no hay nada que discutir sobre la naturaleza neonazista y neofascista de los verdugos del régimen madurista, sobre todo de orientación criminal contra una población que ellos han destruido en lo económico y social, originando la más espantosa pobreza del siglo XXI, en la otrora Venezuela petrolera.

Cada niño, adolescente, joven, adulto o anciano que ha fallecido porque ha tenido que irse del país, o porque tiene que morir dentro de él por condiciones de depauperación económica provocada por el régimen madurista, o porque muere ante un sistema de salud que no garantiza ni una inyectadora en un hospital, todo, absolutamente todo, es responsabilidad de Nicolás Maduro y la cúpula que mantiene el poder político, por haber creado un neoholocausto en la sociedad venezolana, aunque se diferencie del holocausto nazi en su concepción teológica, porque jamás podrán demostrar en contrario, que ellos y sus familiares desde el poder han sufrido la mínima acción que ha vivido la mayoría de nuestra población.

El madurismo con esta acción contra inocentes personas de tercera edad, quienes solo exigían una digna pensión conforme con el mandato de una Constitución que fue convertida en papel higiénico de los lujosos baños de Miraflores, ha terminado por mostrar en lo que finalmente se han convertido en lo político al mirar el espejo de sus rostros en las aguas residuales.

@vivassantanaj_

[1] Para los maduristas es delito e «instigación al odio» mostrar imágenes del hambre, la desnutrición, la pobreza, la miseria, la emigración generada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Hay que mostrar cuando regalan una mortadela y un pollo

Para los maduristas es delito e "instigación al odio" mostrar imágenes del hambre, la desnutrición, la pobreza, la miseria, la emigración generada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Hay que mostrar cuando regalan una mortadela y un pollo pic.twitter.com/ab7t8WzrNh

— Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) February 16, 2022