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El Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe ser, comparado con sus pares, el más destacado enemigo del elector que opere en el mundo. No hay otra entidad que haya acumulado tantas artimañas, decisiones ilegales y trampas en los últimos años, con el único propósito de evitar que los venezolanos ejerzan la potestad consagrada en el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece el derecho al sufragio universal, así como a elecciones “libres, universales, directas y secretas”.
Una de las tretas en curso tiene tres dimensiones que se complementan: en una operación realizada a lo largo de los últimos años, se ha empujado a la ilegalidad a los principales partidos políticos de la oposición venezolana, o no se les ha autorizado a participar en procesos electorales, o se ha despojado a sus principales dirigentes del nombre, los colores y los símbolos partidistas, para entregarlos a personas afectas al régimen, tuteladas por el poder, que simulan actuar como opositores. Estos simuladores son los llamados “alacranes”. Partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Causa R, Bandera Roja, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano y otros, han sido neutralizados o pervertidos.
De forma simultánea a lo anterior, se ha adelantado un programa masivo de persecución a dirigentes políticos –parlamentarios, alcaldes, jefes de partidos, dirigentes sociales–, que han debido partir al exilio, entre los que hay centenares que, legítimamente, podrían competir en un proceso electoral verdaderamente libre, con muy altas probabilidades de resultar triunfantes.
No solo se ha despojado al país de sus principales marcas políticas y de una cantidad grande de sus dirigentes más destacados; también se ha estimulado la creación de pequeños partidos y movimientos electorales, de carácter unipersonal o de limitado alcance, decenas de microorganizaciones que responden a liderazgos sin los recursos necesarios para proyectarse nacionalmente. De un lado, se ha destruido la concentración de los electores alrededor de las cuatro principales organizaciones políticas del país –Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Uno Nuevo Tiempo–, y se ha promovido la aparición de decenas de mínimas organizaciones, de escasa o ninguna incidencia, con el puro objetivo de ofrecer un panorama electoral abigarrado, disperso, inasible para los electores, donde muchas veces se desconoce cuáles son las motivaciones y objetivos de esos partidos surgidos en algunas regiones del país.
Esta triple acción que consiste en destruir los partidos políticos, empujar candidatos al exilio y dispersar la oferta electoral, que tiene como objetivo principal lograr la atomización del voto, el debilitamiento de la voluntad de cambio que predomina en la inmensa mayoría de la opinión pública venezolana –más de 90%, según indican encuestas de este 2021–, forma parte de un programa más amplio de trampas, que el CNE/régimen viene ejecutando desde hace años.
Ocurre, por ejemplo, que el proceso electoral se impone como parcial y no universal: se impide que los más de 6 millones de venezolanos que vivimos fuera del país, exiliados y migrantes que hemos sido forzados a huir de nuestra patria, se nos impide votar. A una cifra que se estima entre 15% y 20% del padrón electoral se le niega el derecho constitucional al voto. ¿Por qué? Porque la estimación es que 99% de esos electores votaría por el cambio inmediato del régimen.
La otra cuestión que debo recordar aquí es la otra doble operación que consiste en alejar a los votantes opositores al régimen, a los que se localiza por el lugar de residencia, de su centro electoral. Una de esas prácticas consiste en cerrar centros de votación históricos –escuelas, centros deportivos, centros culturales y lugares afines– y mudarlos a sitios alejados del elector, remotos y, preferiblemente, ubicados en zonas peligrosas o muy peligrosas, por la clara presencia de bandas de delincuentes. De hecho, para el CNE/régimen los mejores lugares para reubicar centros electorales son aquellos que están bajo el control de pranes, bandas armadas y paramilitares.
Además de lo anterior, el CNE/régimen muda, de forma inconsulta, a los electores a centros de votación ubicados en otros municipios, o en otras ciudades, e incluso, en otros estados, con lo cual, en la práctica, se le está privando a decenas de miles de ciudadanos de su derecho a votar, especialmente en un país que no tiene transporte público, donde no hay combustible, y donde se ha impuesto un sistema terrorífico de alcabalas militares policiales y paramilitares, una red nacional dedicada a la extorsión –en dólares– y al robo de los bienes que las personas portan en sus vehículos.
En cualquier democracia, votar es un derecho que debe estar rodeado de una serie de garantías, entre ellas, la de un elector suficientemente informado sobre sus derechos, sobre la oferta electoral, sobre la trayectoria de los candidatos y los partidos que participan. Nada de esto es posible en la Venezuela de hoy, donde los medios de comunicación y los portales informativos han sido clausurados, asaltados, arrasados, perseguidos, saqueados, bloqueados, conducidos a los tribunales o exiliados, solo por hacer su trabajo. Sin medios de comunicación ejerciendo su actividad libremente, esencial para que un posible proceso electoral cumpla con los elementos definidos en la Constitución, las metas de destrucción y de dispersión del CNE/régimen continuarán avanzando y liquidando, de una vez por todas, el recurso electoral como solución a la cada día peor crisis venezolana.