El mundo político y parte de la ciudadanía en general (muchos no saben ni de qué se trata) han acogido con interés la firma de los acuerdos logrados en Barbados entre el oficialismo y una parte de la oposición. Decimos “una parte” porque, tal como se comprobó el pasado domingo en las primarias, quien obtuvo mas de 90% de los votos no estuvo representada en dicho acuerdo, lo cual no lo hace malo “per se” sino menos representativo.
No había transcurrido el tiempo necesario para que se seque la tinta de las firmas cuando ya el “señor” Jorge Rodríguez y otros representantes del oficialismo lanzaron declaraciones cuyo contenido representa exactamente lo contrario de lo acordado en Barbados. El propio Maduro, la tal “primera combatiente” y el impresentable conductor de un programa televisivo de la más baja calaña, entre otros, enseguida lanzaron alucinantes afirmaciones cuyo contenido debe haber sorprendido al señor Dag Nylander, testigo presencial y facilitador oficial del Reino de Noruega, cuyo papel no ha sido cuestionado ni antes ni ahora por ninguna de las partes, como a todo aquel que estuviere enterado -siquiera por encimita- de lo allí acordado.
En efecto, la primera cláusula del acuerdo suscrito apenas días antes dice que el chavismo y la oposición “reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley”.
Resulta meridianamente claro que tal compromiso fue momentáneamente respetado por el oficialismo que se abstuvo de impedir la primaria. Es evidente también que jamás imaginaron que aquello sería un éxito tan desbordante en cuanto a participación y apoyo porcentual a María Corina Machado. Ante tal escenario sobrevenido nada impide a quienes detentan el poder iniciar la etapa de judicialización y eventual castigo a quienes organizaron o participaron en el desarrollo del histórico evento. ¡Vergüenza!
Ni con la mayor imaginación encontramos forma alguna de comprender -mucho menos justificar- el delirante argumento gubernamental de que hubo fraude en una elección en la que no participaron. Mucho menos se puede entender que en el evento fuera necesaria la intervención del CNE la cual, habiendo sido solicitada con suficiente anticipación, fue negada. Adicionalmente, hay que tener claro que ni la señora Machado ni ningún otro de los candidatos se estaba postulando para un cargo de elección popular, sino que todos ellos estaban compitiendo en un evento privado, autogestionado, sin utilización de recursos públicos, para obtener la nominación que en su momento, en 2024, permitiera al triunfador participar en la carrera por un cargo popular electivo (presidente de la República) que, entonces sí, requeriría la organización, participación y auditoría del CNE.
Este columnista recuerda aún vívidamente las múltiples intervenciones a principios de este siglo en varios programas televisivos de opinión en los que nuestra contraparte, Tarek William Saab, entonces era un connotado activista de derechos humanos -hoy fiscal general- quien consistente con su comprobada vocación de entonces, argumentaba todas las mismas cosas que hoy condena.
No se trata en estas líneas de incursionar en profundos argumentos jurídicos de derecho penal para descalificar las acusaciones que se esgrimen en contra de Jesús María Casal & Cía supuestamente incursos en delitos de usurpación de autoridad, sustitución de identidad, lavado de capitales y demás productos de la afiebrada mente del “psiquiatra del horror” o la del fiscal cuya evolución jurídica y política ha venido acomodándose al entorno en el que milita, en lugar de la defensa ecuánime de la legalidad.
Cierto es que los acuerdos de Barbados contienen premio y castigo. El premio es el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, el castigo es la reimposición y eventual endurecimiento de las mismas si el régimen “no se porta bien”.
Sobre este último asunto es evidente que quienes despachan desde Miraflores en todo momento harán una cuidadosa evaluación entre el compromiso de facilitar una elección libre, competitiva y sin exclusiones en 2024 que casi seguramente los dejará a las puertas del exilio o de la cárcel , frente a la alternativa de mantener la dictadura y su poder al precio que sea pagadero por el pueblo naturalmente.
Por otra parte, conociendo que la “realpolitik” es una forma de abordar la conveniencia por encima de los principios, no hay que descartar que la amenaza del uso del “garrote” (reponer las sanciones) pudiera experimentar algunos o muchos compromisos por parte de la administración norteamericana cuyos intereses, naturalmente, privarán por sobre la restitución de la democracia y el “Estado de Derecho” en una república que -peyorativa e injustamente- llaman “bananera o petrolera”. Así ha ocurrido en varias circunstancias y regiones del mundo, según nos lo demuestra la historia reciente con los apurruños con la Arabia Saudita del príncipe Salman Bin Abdulaziz y menos reciente con la larga alianza con el egipcio Hosni Mubarak o con las dictaduras de Pinochet y América Central.
Por lo pronto lo que a los demócratas nos corresponde es aprovechar todo espacio existente o que se pueda construir para presionar por la ruta civil, electoral y sin inhabilitaciones acordada, aun cuando una de las partes la haya repudiado al nomás suscribirla.
@apsalgueiro1