(Des)globalizados

Los incendios en la Amazonía, precedidos por las alarmas sobre la aceleración de la deforestación que la destruye, ilustran la inescapable escala mundial del tema ambiental aunque desde el alto gobierno de Brasil se insista en que «la Amazonía es brasileña, la herencia de Brasil, y debe ser tratada por Brasil en beneficio de Brasil». Es también más que justificada la preocupación ante el abandono del Acuerdo de París por Estados Unidos y, en las antípodas, mucho más ante China, el país con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y patrones de producción altamente contaminantes que medidas recientes del gobierno no han logrado modificar significativamente. En medida menor, pero cualitativamente de extrema gravedad, es bien fundada la ya crónica denuncia sobre el continuado y profundo daño humano y ambiental de las actividades de explotación del llamado Arco Minero del Orinoco, verdadero ecocidio que ha sido objeto de numerosas denuncias (como el Informe presentado por Provea, Gtai y Laboratorio de Paz en la segunda Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos sobre Venezuela en 2016) y amplios análisis críticos (como el publicado en febrero de este año por International Crisis Group) en los que se han difundido datos sobre sus implicaciones, en materia de corrupción, derechos humanos y seguridad, que desbordan las fronteras venezolanas.
La materialización reciente de la decisión presidencial guatemalteca de finalizar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tras doce años de trabajo con apoyo de la ONU, ilustra en otro modo y tema los bloqueos a la lucha contra la corrupción, un problema de inocultable esencia transnacional: teje sus redes sin reconocer fronteras y es a la vez reflejo y refuerzo de precariedades de la institucionalidad democrática. En el mismo vecindario centroamericano, la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción de Honduras establecida con apoyo de la OEA en 2016 ha debido superar obstáculos gubernamentales a su tarea, sin que haya seguridad de que su mandato se renueve el año próximo; con su apoyo, por lo pronto, por el caso de la “caja chica” en estos días fue condenada a 58 años de prisión la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. Otra buena noticia institucional reciente en el combate a la corrupción es la del establecimiento por el gobierno de Nayib Bukele, también con respaldo de la OEA, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El caso es que la corrupción es un tema crítico no solo en Centroamérica, salvo por Costa Rica, sino en toda Latinoamérica donde, con las excepciones de Chile y Uruguay, ningún país remonta los cuarenta puntos (sobre cien) de la más reciente evaluación de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional. Los datos sobre Venezuela son especiales y cada vez más alarmantes (aunque también, en menor escala, lo sean los de Nicaragua, Guatemala y México). Aquí se manifiesta en toda su crudeza la vinculación estrecha entre el desbordamiento sin límite de la corrupción con la pérdida de democracia y Estado de Derecho, con la negación de las necesidades y el acento en la represión de los reclamos ciudadanos, así como con el afán gubernamental de cerrarse y confrontar cualquier iniciativa internacional de escrutinio o asistencia para recuperar institucionalidad.
Hace pocos días, al cumplir un año en sus funciones, la alta comisionada de la ONU advertía que el mundo se estaba alejando cada vez más de la búsqueda de soluciones globales para los problemas mundiales. Se trata de la difusión de versiones y prácticas francamente peligrosas de soberanía, no por casualidad ligadas a una fuerte resaca antidemocrática mundial. La tendencia de varios años de pérdida de democracia en el mundo se ha hecho parte de un círculo vicioso en el que quienes se dicen insatisfechos con las instituciones internacionales no se esfuerzan por robustecerlas sino que contribuyen a debilitarlas. Esto es particularmente grave en el ámbito de los derechos humanos, integral, universal e indivisiblemente considerados. Por eso no es extraño que, al presentar su Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada sostuviera que “la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”. Efectivamente, así está ocurriendo: ya no solo por los cada vez más visibles y complejos efectos de la masiva migración forzosa, sino porque la precariedad institucional que permite y refuerza la violación de derechos humanos se manifiesta también como falta de responsabilidad ante los efectos locales y globales de acciones y omisiones “soberanas”. Tales acciones y omisiones multiplican y agravan los problemas de seguridad propios y ajenos, como crudamente se ha manifestado en la reciente invitación y bienvenida a disidentes de la guerrilla colombiana, la justificación de su rearme y, desde mucho antes, su presencia en territorio venezolano.
Sí se atan los cabos, solo aparentemente sueltos, de la fantasía de la desglobalización en asuntos como el ambiental, la corrupción, los derechos humanos y la democracia. La costosa pretensión de actuar como si acciones y omisiones “soberanísimas” no tuvieran efectos y repercusiones de ida y vuelta es profundamente inhumana, materialmente destructiva de oportunidades de desarrollo y peligrosamente antipolítica, en sus raíces y en sus ramificaciones.