Desfachatez

Reemprender las negociaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición democrática con miras a acordar pacíficamente posibles salidas a la tragedia que padece el país es, sin duda, loable. Es patente que la permanencia del chavo-madurismo en el poder condena a la población a niveles aún peores de miseria, de desconocimiento sostenido de sus derechos fundamentales, de sufrir arbitrariedades y atropellos. Es el problema, no la solución. Por otro lado, las fuerzas democráticas, a causa de sus discordias y los errores cometidos, no evidencian estar en capacidad de forzar su salida y poder enrumbar Venezuela a la restitución, cuanto antes, de un Estado de Derecho. El juego, por tanto, parece trancado. Si con ayuda de la presión internacional hay posibilidad de retomar la negociación para llegar a un acuerdo que respete la voluntad mayoritaria de cambio, merece consideración.

La conferencia internacional sobre Venezuela que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 25 de abril, se inscribiría en esta búsqueda. Muchos critican sus alcances modestos y su omisión del grave irrespeto a los derechos humanos y del robo de los dineros públicos, elementos centrales al “problema Venezuela”. Aun así, el acuerdo de los países participantes —Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Las Granadinas, Suráfrica y Turquía—, junto con el representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que leyó el canciller Leyva de Colombia, podría ser auspicioso. Sujeto el levantamiento de las sanciones al régimen a que se tomen pasos concretos en la convocatoria de elecciones confiables, tomando en cuenta las condiciones señaladas por la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones regionales en Venezuela de 2020.

Desafortunadamente, tales augurios en absoluto se refrendan con la actitud asumida ante la conferencia por personeros oficiales. El mismo día (25/04) circuló por las redes un video de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional oficialista, anunciando condiciones totalmente desatinadas para reemprender, no una negociación, sino un “diálogo”, es decir, un intercambio que no tiene por qué llegar a acuerdo alguno. Si bien tales desvaríos pudieran explicarse por la obsesión enfermiza de vengar en los venezolanos el vil asesinato de su padre cuando era niño por parte de esbirros de la época, mucho de lo que expuso fue refrendado luego en un comunicado oficial. Ahí el (des)gobierno de Maduro exige: 1) el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas, no sólo financieras y a Pdvsa, sino también contra los imputados por violar derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero, pues “constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país” (¡!). Por boca de Rodríguez, incluiría la investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad iniciada por la CPI y la imputación contra personeros del régimen por parte de tribunales de Estados Unidos y de otros países; 2) Que se les entreguen los activos “ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”, en referencia a los recursos mantenidos en resguardo afuera —ingresos de Citgo, oro depositado en el Banco de Inglaterra— para evitar que formen parte del botín de la mafia gobernante. Aquí entraría el fideicomiso de 3,2 millardos de dólares, acordados en México para atender la emergencia humanitaria, bajo supervisión de la ONU; y 3) La libertad inmediata del “diplomático venezolano” (¡!) Alex Saab, preso en Estados Unidos, bajo acusación de lavar dinero y desviar más de 350 millones de dólares del fisco como parte de una trama de sobornos vinculada al control del tipo de cambio. Sus socios de entonces aparecen ahora involucrados en el desfalco milmillonario a Pdvsa.

O sea, el chavo-madurismo exige, como condición previa para considerar las posibilidades del “diálogo”, nada más y nada menos que la impunidad total (¡!). En absoluto se asoma una disposición a examinar los excesos de los que se le acusa, de entenderse para enmendar sus conductas, elementos obligados en la búsqueda de soluciones a la tragedia nacional basado en procedimientos democráticos. Con cruel desparpajo se desentienden de lo señalado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, enviada en tres ocasiones a Venezuela por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que existen “motivos razonables” para sostener que las violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…”, con responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. Estos tenían que estar al tanto de las torturas, persecuciones, golpizas, robos y demás atropellos contra venezolanos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando o, incluso, las habrían ordenado. Igualmente, barren bajo la alfombra las más de 300 ejecuciones de quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta durante la gestión de Maduro, por parte de militares y bandas fascistas, como aquellos que perecieron estando “en custodia” de órganos policiales. Desprecio total, asimismo, a las 8.900 denuncias de las víctimas, como de sus familiares, elevadas ante la Corte Penal Internacional como parte de su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Los numerosísimos indicios de corruptelas de todo tipo, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y de colaboración con agentes del terrorismo internacional simplemente no existen. Condenar a la mayoría de la población a niveles de miseria impensables, destruyendo sus medios de vida y saqueando de forma descarada a Pdvsa y otros activos públicos, ¿no es una de las expresiones más terribles de crimen de lesa humanidad? ¿Y las confiscaciones de medios de comunicación independientes, la persecución de reporteros y comunicadores?

Las exigencias demenciales del chavo-madurismo para reanudar el diálogo, imposibles de cumplir, no representan condiciones maximalistas iniciales a partir de las cuales negociar a cambio concesiones. Expresan un desdén absoluto por la suerte de los venezolanos y por las posibilidades de negociar una salida a sus tormentos. Reflejan la descomposición moral, la ausencia de escrúpulos y el cruel irrespeto de los derechos humanos, de los que se han apoderado del país. Detrás de esta postura está la tiranía cubana, temerosa de perder el control totalitario sobre los suyos. Ello obliga a plantear lo siguiente.

En primer lugar, pone a prueba la sinceridad de Petro como facilitador de un retorno a la democracia de Maduro y cía. Su silencio ante la desfachatez comentada parece darle la razón a quienes señalan que es, más bien, su cómplice, procurando el levantamiento incondicional de las sanciones. Le corresponde a Petro, como también a Lula, desmentir, con hechos, esta complicidad con el fascismo chavo-madurista.

En segundo lugar, reafirma la necesidad de la oposición democrática de aproximarse a cualquier entendimiento con el oficialismo con sumo cuidado. Es tentadora la creencia de que la buena fe de los demócratas que significarían las gestiones a favor del levantamiento de sanciones, serán reciprocadas. Pero, así por las buenas, no va a ocurrir. Sin construir la necesaria posición de fuerza ante el chavo-madurismo, va a ser muy cuesta arriba arrancarle las condiciones para una solución satisfactoria de la tragedia nacional. Es el reto fundamental de las fuerzas democráticas. Ante las primarias, deben enterrar el hacha de guerra y proyectar claramente un proyecto unitario, viable y capaz de generar la confianza necesaria para emprender la salida del abismo. Sin construir esa fuerza, despidámonos de una salida negociada. Los millones de venezolanos de la diáspora no pueden quedar fuera de estos esfuerzos.

Por último, es menester que los actores democráticos internacionales, garantes, en última instancia, de cualquier solución satisfactoria para las aspiraciones de libertad y futura prosperidad de los venezolanos, entiendan que las sanciones, lejos de constituir un obstáculo para un acuerdo, son una herramienta de negociación imprescindible para obligar al chavo-madurismo a sentarse en la mesa. La oposición democrática debe jugar cuadro cerrado con ellos. Lamentablemente, la figura del interinato, útil para tales propósitos, fue eliminada. Pero quedan los venezolanos de la diáspora para contribuir con ello.

Tal advertencia va también para aquellos venezolanos opositores que, argumentando un necesario pragmatismo, abogan por levantar unilateralmente algunas sanciones para destrabar el juego.

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