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La turba que interrumpió con violencia por varias horas la certificación legislativa del triunfo electoral de Joe Biden, por un lado y, por el otro, la instalación de la Asamblea Nacional resultante de un proceso electoral fraudulento –que es la continuidad por otros medios del asalto al Poder Legislativo venezolano que lleva años en desarrollo– son señales preocupantes de la primera semana de enero. Pueden ser vistas desde sus similitudes como parte de los impulsos autoritarios que destruyen algo inicial y esencial para sustentar la democracia: las elecciones libres y el respeto de sus resultados, junto a la vigencia plena del Estado de Derecho, con su separación de poderes, contrapesos y controles al ejercicio del poder.
Por supuesto que se trata de dos situaciones muy distintas, cuya diferencia fundamental está en las fortalezas institucionales de Estados Unidos, en innegable contraste con su avanzada erosión en el caso de Venezuela. En perspectiva internacional, es igualmente evidente la distancia entre la potencia en dificultades, pero potencia al fin, y un país venido a menos con un gobierno que lo ha debilitado en todas las dimensiones internacionales del poder, incluso del de hacer daño, que es lo que le va quedando. Con todo, una mirada a las reacciones internacionales en uno y otro caso ayuda a comprender su lugar, el de cada uno, en el mapa mundial de pérdida de democracia, transparencia, e institucionalidad.
En las reacciones inmediatas al asalto al Congreso de Estados Unidos pueden identificarse tres tipos de mensajes, reveladores de la naturaleza del régimen que los envía: los que parten del reconocimiento de la importancia y confianza en las instituciones democráticas y el respeto a la voluntad del electorado; los que desde sus intereses y sin valoración de la democracia apuestan a la recuperación del orden, y los que aprovecharon el momento para desdecir de la democracia. Los primeros expresaron incredulidad, asombro y crítica a la violencia, con expresiones de confianza en la fortaleza de las instituciones democráticas y una transferencia pacífica del poder. No por casualidad fueron esas las reacciones de democracias como Canadá, Israel, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, el Reino Unido o desde la Unión Europea con su reiteración del reconocimiento a Joe Biden como presidente electo; también fueron de ese tono las reacciones de los gobiernos de Colombia y Chile, así como las del secretario general de la OEA.
Con menor o nula referencia a la institucionalidad democrática se manifestaron gobiernos de países con más frágil institucionalidad y pragmáticos en sus relaciones con Estados Unidos, como en escala de creciente fragilidad México, cuyo presidente aprovechó para recordar que era un asunto interno sobre el que solo expresaría su esperanza de paz, aunque el locuaz López Obrador aprovechó para criticar a las empresas que bloquearon los mensajes de Trump en las redes sociales. Desde Brasil el presidente Jair Bolsonaro comentó que el origen de la protesta era la falta de confianza en el voto por medios electrónicos, añadiendo luego, en mensaje que alienta la desconfianza en las instituciones democráticas, que “el fraude existe”.
El otro conjunto es el de regímenes autoritarios en los que pesa el sentido de la oportunidad para arremeter contra Estados Unidos y la democracia. Desde Rusia se dijo que el sistema electoral de Estados Unidos crea oportunidades para numerosas violaciones, los medios son instrumentos de lucha política y ya no hay democracia que celebrar. El gobierno chino equiparó los hechos a la entrada de las protestas en el Consejo Legislativo de Hong Kong hace dos años y destacó que allí no había muerto ningún manifestante. En Irán se criticó que un populista dañara la reputación de su país y se vengara de los suyos y, mucho peor, del pueblo iraní, añadiendo que lo ocurrido demostraba el fracaso de la democracia occidental. A la muestra se suma un gobierno como el de Zimbabue, con un argumento muy difundido y fácil de desmontar: que los hechos deslegitimaban las políticas de promoción y defensa de la democracia por parte de Estados Unidos, como si la antidemocrática conducta de Trump, y no la resistencia de la institucionalidad democrática, fuese la referencia a privilegiar. En esta lista, y en tono similar a los de Irán o Zimbabue, se encuentra la reacción del gobierno venezolano, cuya expresión de preocupación va acompañada de un diagnóstico de crisis profunda y condena a Estados Unidos y su política exterior; por supuesto, sin mención alguna de la posibilidad y necesidad de resistencia de la institucionalidad democrática, ni mucho menos de la preservación del valor del voto.
Este último mensaje nos lleva al otro hecho político con el que comienza el año, con resonancia internacional en escala menor, pero de mayor interés para los venezolanos. Con la instalación de la Asamblea Nacional, cuya elección fue desconocida por la mayoría de los países democráticos, y la instalación de la Comisión Delegada por parte de la Asamblea legítimamente elegida en 2015, se mueve el escenario político venezolano a una situación nacional e internacional complicada, de extrema presión y exigencia de reorientación a la dirigencia democrática. La lista de las dos decenas de representantes en la instalación de la legislatura oficialista es la de gobiernos que ven con una mezcla de desdén y sentido de la oportunidad la pérdida de la democracia en Venezuela. Está por verse si la Ley Antibloqueo y el Legislativo de facto ofrecen seguridad suficiente a las oportunidades que la requieran. En cuanto a los apoyos internacionales a la causa de la democracia venezolana, conviene leer las declaraciones y posiciones que han ido asumiendo al paso de estos días.
En un primer grupo se encuentra la Unión Europea como conjunto, que no reconoce a la Asamblea que resultó de elecciones no democráticas y se propone mantener contacto con todos los actores sociales y políticos, considerados entre estos los miembros de la Asamblea Nacional cuyo período terminó, con expresa inclusión de Juan Guaidó en ese conjunto; contribuir a la recuperación de democracia a través de diálogos y negociaciones, incluyendo elecciones libres locales, presidenciales y legislativas; vigilar el respeto a los derechos humanos y mantener la disposición a aplicar sanciones focalizadas. En el segundo conjunto se encuentran el Grupo de Lima y otros países, que desconocen la legalidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero y reconocen a la Comisión Delegada y su directiva, designada por la Asamblea Nacional elegida en 2015 bajo la dirección del Juan Guaidó; procurarán buscar la convergencia con otros actores internacionales para canalizar respuestas comunes ante la crisis y hacen un llamado a actores locales e internacionales, de todas las tendencias y afiliaciones a dar prioridad a los intereses de Venezuela en busca de una solución constitucional, definida y conducida por los venezolanos.
Finalmente, hay países que suman a sus posiciones la del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y el Reino Unido.
Las posiciones y disposiciones de cada conjunto y país hay que considerarlas en el contexto general de lo que demandan la pandemia, la recesión económica, las emergencias humanitarias y, geopolíticamente, en los cambios y retos que hemos visto reflejados en torno al cambio de gobierno en Estados Unidos y en el muestrario de reacciones que lo rodean.
Se inicia un año muy difícil, desde su comienzo. Reclama mucha atención a las democracias en general y de modo crítico a los demócratas venezolanos, con la exigencia de buena información, disposición a escuchar, aprender y reorientar para que no se pierda entre nosotros la valoración, la voluntad y la disposición a luchar por el derecho a elegir en condiciones institucionales que protejan ese derecho inalienable.