Como defensor de derechos humanos por más de tres décadas rechazo la posición asumida por las autoridades venezolanas en tono de burla y desprecio con respecto al informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque la representación de Venezuela intentó descalificar el documento, el país es signatario del Estatuto de Roma y por ende puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional y los países que aplican la justicia universal.
Nuevamente el Estado, en forma prepotente y altanera, coloca los derechos humanos al margen de nuestra Constitución, se burla de los convenios y pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Esta conducta de desprecio ante unos hechos que, a la luz de los testimonios de familiares y víctimas de las atrocidades calificadas por la misión de crímenes de lesa humanidad y ejecutadas por los cuerpos de seguridad con odio y resentimiento, son imposibles de ocultar y olvidar. Vale la pena recordar que no es la primera vez que el Estado asume esa conducta de descalificación, pues ya lo ha hecho con informes de la OEA y también de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En esta oportunidad se trata de una misión independiente de determinación de hechos que tiene un mandato por parte del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, que con su equipo técnico utilizó una metodología de investigación que identifica las características de los crímenes de lesa humanidad, las circunstancias, los hechos y señala a los responsables.
La misión realizó la investigación desde afuera cubriendo los extremos y es un informe muy denso y muy completo, y esto a pesar de que el Estado, de forma prepotente, altanera y bravucona le negó la entrada a la misma, incumpliendo su obligación a cooperar tomando en cuenta que forma parte del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU. Le recuerdo al equipo que mal asesora al Estado que tanto el sistema interamericano de la OEA para los derechos humanos y la ONU tienen suficientes testimonios de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado, miles de víctimas y familiares desde 2014 tocaron las puertas de la Fiscalia y la Defensoria del Pueblo, pero constantemente fueron ignoradas por lo que tuvieron que asumir los pactos internacionales en materia de los derechos humanos establecidos en la Constitución y, de esa manera, acudir a instancias internacionales, algo que no hubiera ocurrido si las instancias nacionales hubieran atendido debidamente los casos. El Estado no puede descalificar el documento alegando que fue elaborado fuera del territorio nacional porque el mismo Estado prohibió el ingreso al país de los integrantes de la misión en varias oportunidades y porque la misma tiene su metodología para determinar los hechos a través de la documentación y los testimonios recabados.
“El Estado siempre se ha burlado de todos los informes que han emanado tanto de la OEA como de los altos comisionados para los Derechos Humanos de la ONU y un ejemplo de esta conducta reprochable es la que asumió después de la visita de la propia Michelle Bachelet, a quien, luego de que presentara el informe ante la ONU y que más tarde ocho países consignaran el documento ante la Corte Penal, intentó descalificar y cuestionar porque, según el Estado, el informe «estaba manipulado y lleno de mentiras”. El Estado sigue subestimando el consejo que le dio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien indicó que el informe debía tomarlo en serio, y sigue ignorando que es firmante del Estatuto de Roma y que le da competencia plena a la Corte Penal para investigar crímenes de lesa humanidad calificados en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos.
“El Estado sabe -y no lo puede ignorar- que existen 13 países que han asumido la jurisdicción universal y que también pueden abrir procesos de investigación sobre los hechos, y tiene conocimiento que violó normas de la ONU, por lo que está obligado a cooperar.
Es imperativo que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU proceda a renovar el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, pues de no hacerlo el informe se estaría convirtiendo en una oferta engañosa.