Desaparición forzada de personas y actos de delito de odio amparados en la Furia bolivariana: una política de Estado

Desde el viernes fui detenida la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y se desconoce su paradero

Rechazo de manera categórica  la indiferencia, la sumisión, junto con el silencio cómplice del defensor del pueblo ante el crimen de desaparición forzada de personas ejecutada por el sistema de justicia en contra de Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites, dirigentes políticos de la organización Vente Venezuela que fueron víctimas de detenciones arbitrarias en enero y que hasta hoy se desconoce dónde los tienen. Asimismo, ante la violencia desatada por un plan violento llamado Furia bolivariana que sigue marcando casas de dirigentes políticos con amenazas de que vienen por ellos y ante los ataques ocurridos la semana pasada en Charallave, donde incursionaron en una reunión política violentamente golpeando a diferentes personas que estaban a la espera de la candidata presidencial María Corina Machado, dejando como resultados varios heridos en el rostro de consideración.

Lo más grave es la inacción del sistema de justicia ante estos crímenes, tanto el de  desaparición forzada de personas sin investigación penal contra los responsables, como los que ejecutan el delito de odio desatado por la furia bolivariana convirtiéndose en el verdugo de los derechos humanos y aliados de la impunidad.

Exijo al TSJ poner orden ante la justicia penal, que le sigue negando la información del lugar de detención a sus familiares como a la defensa privada que aún no ha podido tener acceso al expediente vulnerando una vez más el debido proceso establecido en el Art 49 de la Constitución. Sumado a todo los anterior, a última hora se conoció de la detención de la defensora de los derechos humanos colega Rocío San Miguel y aún no se sabe de su paradero, lo que reafirma que han convertido en política del Estado las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas.