Es inconcebible que en la tercera década del siglo XXI la figura de la desaparición forzada exista en la realidad política de nuestro país. Es una vergüenza, un contrasentido que mancilla la historia democrática de la nación. Venezuela fue hogar de acogida de tantos perseguidos políticos cuando la región estaba poblada de regímenes militares, incluso gestionó la liberación de prisioneros o rompió relaciones con dictaduras que hicieron de la represión y la violación de los derechos humanos parte sustancial y dolorosa de su dañina conducta.
La Constitución, aún vigente, prohíbe en su artículo 45 a la autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. ¿Por qué lo hacen entonces?
En su coletilla, el citado articulado constitucional “obliga” al funcionario o funcionaria que reciba la orden de desaparecer a alguien “a no obedecerla” e incluso a denunciarla ante “las autoridades competentes”. El problema, claro está, es que son esas “autoridades competentes” las que, presuntamente, dan la orden. ¿Quién más puede ser? ¿Quién ordena que Rafael Tudares Bracho, detenido el 7 de enero de este año mientras llevaba a sus hijos de 7 y 6 años a la escuela, fuera detenido por el supuesto delito de ser yerno de Edmundo González Urrutia, el candidato ganador de las elecciones del 28 de julio?
Han transcurrido 100 días desde la detención de Tudares Bracho y su familia desconoce su paradero. “Exigimos justicia, dignidad y verdad y que aparezcan con vida quienes, como Rafael, todavía no han aparecido”, dijo Mariana González, su esposa, quien el pasado 5 de abril pidió una fe de vida para verificar la verdadera situación, integridad y estado de salud de Tudares. Es una doble angustia, detener a alguien sin ningún motivo válido y negar cualquier información sobre por qué se le detiene, cuál es el sitio de reclusión y cómo se encuentra.
El 7 de enero los cuerpos represivos del régimen de Maduro detuvieron, además, en condiciones muy parecidas a Enrique Márquez, ex candidato presidencial y ex rector del Consejo Nacional Electoral, y al periodista y defensor de la libertad de expresión Carlos Correa. En ese último caso, la activa campaña desplegada dentro y fuera del país para exigir su libertad surtió efecto.
También ha habido movilización por Márquez y Tudares Bracho. Márquez, quien decidió recorrer todas las alcabalas de la precaria institucionalidad que queda en el país, se convirtió en una molestia para Maduro y su gente apelando a las disposiciones constitucionales. Sacarlo del juego político a la brava y sin explicaciones fue el dictamen de la cúpula, además de privarlo del ejercicio de su derecho a la defensa.
Tudares Bracho es una víctima indirecta, para causar daño a Edmundo González Urrutia, el presidente electo, quien reclama el ejercicio del cargo por el cual compitió y ganó en épica batalla. Es el proceder de la mafia que se enquistó en el poder. Un proceder bajo y ruin, extraño en alguien que se identifique como autoridad pública, en razón de lo cual debería cumplir la ley de leyes que tanto exhiben con absoluto cinismo.
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