Foto Amnistía Internacional
Han pasado dos semanas desde que se realizaron las elecciones presidenciales, y el país entero, junto con la comunidad internacional, sigue a la espera de que el Poder Electoral publique los resultados detallados, que disipen cualquier duda sobre los comicios. El Consejo Nacional Electoral anunció que el actual mandatario fue reelecto con más de 51% de los votos, un anuncio que desató una ola de protestas en todo el país. Estas manifestaciones han resultado en la detención de más de 1.300 venezolanos -según cifras del Foro Penal-, una cantidad que contradice las cifras oficiales proporcionadas por el presidente Nicolás Maduro, quien asegura que son 2.400 los detenidos.
La protesta pacífica es un derecho garantizado por nuestra Constitución, y al mismo tiempo, nuestras leyes condenan la violencia. Es lamentable que debido a la acción de unos pocos desadaptados, hoy cientos de inocentes que ejercían su legítimo derecho, se encuentren privados de libertad. Como ciudadano y como legislador exijo que se respeten los procedimientos que establece nuestra carta magna.
Desde Unidad Visión Venezuela, siempre hemos condenado la violencia, venga de donde venga. Sin embargo, lo que más me preocupa y ocupa en este momento es la situación de las 16 personas con discapacidad que se encuentran entre los detenidos.
Para citar un par de ejemplos, puedo mencionar a un joven sordo en El Valle, que al salir de su lugar de trabajo fue abordado por la Guardia Nacional Bolivariana. Debido a su discapacidad, no pudo comunicarse con los funcionarios, ya que no maneja la lengua de señas y tampoco sabe leer ni escribir, lo que requiere un sistema alternativo de comunicación provisto por Intérpretes de Lengua de Señas.
De igual manera, en la misma fecha detuvieron a un adolescente con autismo en Los Teques, quien también se encontraba camino a su casa después de su jornada laboral. Este joven, al ser abordado por los cuerpos de seguridad del Estado, no comprendió el motivo de su arresto, debido a su discapacidad.
Por lo tanto, quiero recordar a las autoridades competentes que se debe garantizar el derecho a la libertad y seguridad de las personas, como lo estipula el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo establece que el Estado debe asegurar que las personas con discapacidad privadas de libertad tengan acceso, en igualdad de condiciones, a las garantías conforme al derecho internacional de los derechos humanos y sean tratadas bajo los principios y objetivos de esta Convención, incluyendo la aplicación de ajustes razonables.
Asimismo, se debe asegurar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, tal como lo establece el artículo 13 de la misma Convención, que refiere la aplicación de ajustes o adaptaciones en los procedimientos, para facilitar la participación de estas personas en todas las etapas judiciales, desde la investigación hasta las fases preliminares.
En mi condición de ciudadano, pero también como diputado que trabajó en la recién promulgada Ley Orgánica para la Integración, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, exhorto al Estado venezolano a respetar los derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad. Además, es fundamental que se aseguren los ajustes razonables, la accesibilidad y el trato adecuado según el tipo de discapacidad durante todo el proceso judicial. Insto a los medios de comunicación a garantizar el derecho a la información en formatos accesibles, como lo dispone el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Finalmente, aprovecho este espacio para exigir al gobierno nacional la publicación en Gaceta Oficial de esta importante Ley, que fue sancionada por unanimidad en la Asamblea Nacional en marzo pasado y que el presidente promulgó el 27 de junio. Es imperativo que se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela, especialmente en un contexto donde la justicia y el respeto a la dignidad humana están en juego.
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