En la actualidad, en general en los países calificados democráticos, se vive un debilitamiento del sentido cívico y relegamiento de la opinión pública. Ambos presupuestos fundamentales de la democracia. En Venezuela este fenómeno aparece alrededor de mediados de la década de los 80, exteriorizado en una amplia despolitización de amplios sectores de la ciudadanía, lo cual se manifiesta en abstencionismo, en la antipolítica y en el indiferentismo, sumado a la estimulación del individualismo, los egoísmos y ruptura del tejido social, en parte avivado por grandes intereses económicos con el apoyo de los medios de comunicación.
Obviamente, la crisis no es producto exclusivo ni determinante de los grandes intereses. En nuestro criterio esta en el mismo ejercicio y desarrollo de la democracia. Desde la instalación del sistema democrático, las fuerza políticas e institucionales, se contentaron con el aspecto formal de la democracia (art. 5 CRBV: soberanía popular-elecciones-representación), las tareas de los partidos políticos se centraban en la organización electoral abandonando la formación de la opinión pública y la participación. Esto es, simplemente, una visión formal de la democracia que impide o limita a la soberanía opinar participar en el contenido de lo que se decide.
Es indiscutible, que en las constituciones modernas se reconocen los derechos fundamentales y se han plasmado derechos sociales y derechos colectivos, no se puede ocultar que la Constitución venezolana de 1961 hizo tales reconocimientos, pero debemos señalar que el legislador ordinario fue negligente a la hora de desarrollarlos. En este contenido se plasma lo que debe ser una democracia. Proteger los derechos fundamentales proscribiendo la arbitrariedad y declarando nulos los actos del poder público que los menoscaben, pero también que las políticas públicas sean dirigidas a satisfacer esos derechos sociales. Allí hay el ligamen de la democracia con el Estado de derecho, la primacía constitucional y de la ley, no solo formal sino material. El Estado de derecho no puede ser reducido a leyes formales prohibitivas o autorizantes (legalidad), debe ir más allá, desarrollar la democracia sustancial.
Lamentablemente, en la práctica de nuestra democracia se ignoró vinculo de la democracia formal con el contenido sustancial de la Constitución, siendo, los derechos y garantías allí establecidos, vinculantes y limitadores del ejercicio del poder público. En este sentido, como lo expresa Ferrajoli (Poderes salvajes, 2013) “estos derechos conforman la dimensión constitucional de la democracia”. No tenemos duda que ese ignorar, aunado a otros factores como: la corrupción, el clientelismo, la improvisación y el alejamiento de la función pública al servicio de los ciudadanos, condujeron a una profunda crisis social y política.
Esta crisis dio paso al radicalismo populista y la encarnación de un líder antisistema que represente, auténticamente, la soberanía popular. No se trató de que existiese un Chávez, sino que se implantó un sistema anti-libertario, minimizando la función de los otros poderes y sometiéndolos al mandato central. Como resultado un sistema de esa naturaleza no puede ser constitucional ni democrático, se riñe con la sustancialidad de la Constitución y el poder se ejerce arbitrariamente sin control legal, consecuentemente, implica la destrucción de la Constitución y del Estado de Derecho.
El poder actualmente que se ejerce en Venezuela es inconstitucional y anti-representativo, se asume que el jefe y el partido político encarnan la soberanía popular. Para evitar la formación de opinión pública controlan los medios de comunicación y se dedican a minar los grupos y partidos políticos, ya sea destruyendo a sus líderes con infamias, ya sea bajo el ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, complementándolo con la corrupción.
Rescatar la democracia y echar al régimen gobernante, no solo inefectivo e ilegítimo, sino destructor del tejido social venezolano, es tarea de todos. Hay que abandonar el indiferentismo y el apoliticismo. Esto implica que hay que trabajar en la formación de una opinión pública crítica y consciente que acepte que son necesarios los particos políticos, los grupos sociales, en fin, todo tipo de organismo que posibilite la participación ciudadana, para construir un Estado de Derecho que efectivamente, forme democracia al desarrollar la Constitución sustancial.
[1] Doctor en Derecho. Profesor Universitario y Asesor académico. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional