El recientemente designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, es una muestra de lo que espera a la mayor empresa del país: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. Las reacciones han sido emocionales frente al nombramiento de Velásquez, que nos cogió por sorpresa a todos, aunque como dicen, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.
Dos precisiones: la institución de mayor confiabilidad en el país, según las encuestas, son las Fuerzas Militares. Baste recordar las demostraciones de admiración y cariño en las horas de la mañana el 20 de julio durante el desfile militar, para contrastar con la algarabía congresional, entidad que junto con los partidos políticos están en la última escala de las mismas encuestas; y la Policía Nacional de Colombia no es policía militarizada, como cacarean los petristas: es “…un cuerpo CIVIL, armado…” dice la constitución; que imite los uniformes y los grados militares es otra cosa.
El País, periódico de la izquierda española, aclaró que Velásquez es “el hombre encargado por el presidente Gustavo Petro de desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina”. Sobran los comentarios.
La Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, Acore, ha iniciado aproximaciones con el nuevo Mindefensa, para intentar conocer sus intenciones, después de que ha sido expulsado de Guatemala por su imprudencia y que ha denostado con más frecuencia de la debida contra la Policía y en grado menor contra los militares. Su visión, sus proyectos y las líneas políticas que marcarán el rumbo de los militares y los policías, son claves para entender desde ya cuáles serán sus actitudes al respecto.
Por supuesto que se esperaría que el ministro de la Defensa actúe con la MAGNANIMIDAD que proclama en un reciente tuit, aceptando de hecho que su experiencia en el crimen organizado transnacional le permitirá judicializar a los militares involucrados en corrupción, casos conocidos de los cuales no están exentos suboficiales, soldados y patrulleros.
Velásquez pasará a la historia como el funcionario que sacará a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, para trasladarla: a) a otro ministerio ya existente, como el de gobierno, lo cual reiniciaría un proceso de politización de nuestros queridos patrulleros o b) al anunciado nuevo Ministerio de la Paz y Seguridad Social, lo cual implicaría un gasto excesivo de recursos y funciones. La eventual división del Ministerio de Defensa en dos Viceministerios, el de Defensa para los militares y el de la Seguridad Social para los policías y otras organizaciones de fuerza, plantea un nuevo escenario en donde los militares y policías retirados de Acore, Acorpol, Fecolsure, Acosipar y las demás organizaciones de retirados, tendrán mucho que opinar, comentar y decir.
Exigen los retirados, eso sí, que, de manera pragmática, se mantengan las asignaciones de retiro ganadas en buena ley, tanto como el respeto por las tradiciones, rituales y procedimientos que datan de 212 años de antigüedad y que constituyen el corazón de la moral institucional, regada con la sangre de héroes anónimos desde 1810. Cualquier alteración a los símbolos patrios, a los himnos, a las reglas ceremoniales y otros rituales, serán mirados como una afrenta.
Dicho lo anterior, no es menos importante aclarar que la Fuerza Pública colombiana en general es civilista y con seguridad que el domingo 7 de agosto, rendirá los honores correspondientes al presidente electo, ceremonia de la cual estaremos ausentes, naturalmente.
Los probables diálogos con las bandas criminales como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, están siendo analizados con perspicacia y prudencia por los retirados, como se hizo con los diálogos de La Habana, a lo que hay que añadir los comentarios, críticas y observaciones de los suboficiales, agentes, soldados y civiles pensionados del sector defensa, que se han comunicado con la opinión pública a través de una articulación de 53 estructuras de retirados que insisten en observar toda la fenomenología militar, policial, de Seguridad y Defensa del país. Creemos que dialogar con esas organizaciones narcoterroristas, le traerá problemas de seguridad no solo a Colombia sino también a nuestro vecino Venezuela, que las ha acogido y repotenciado con cocaína y minería ilegal, nombrándolas retaguardia estratégica de la revolución.
ADENDO: el nuevo comisionado de Paz, Danilo Rueda, es director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que en su página web declara: “La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el mundo”. Rueda fue protagonista junto al hermano del primer mandatario electo, de una visita de 6 horas a los presos de La Picota, cuando se les ofreció el “perdón social” del que habló el presidente elegido. “Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia.(…) De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda…”, aseguró “el Tuso Sierra” en agosto de 2020. Así van las cosas por Colombia, gemelo de Venezuela.