Cada año vemos las universidades de todo Occidente, en pleno siglo XXI, graduar miles de abogados; por ejemplo, en solo las 27 naciones que conforman la Unión Europea; tomando en cuenta que Reino Unido, sale del Tratado de Maastricht, contamos con más de 1.000.000 de licenciados colegiados para el ejercicio de la abogacía.
Por ejemplo, Alemania suma más de 100.000 abogados colegiados; Francia más de 20.000; Portugal supera los 30.000; Italia, cuna del Derecho Romano fuente del Derecho Continental, lleva la batuta en colegiados con un monto que supera los 330.000; mientras España le sigue con más de 160.000; Reino Unido, a pesar que, desde 01 de Febrero 2020 a pocos días del inconstitucional decreto de restricciones socioeconómicas y de confinamiento domiciliario global, sale de la UE a raíz del referéndum del 2016 Brexit, cuenta con más de 50.000 abogados.
Si miramos hacia América, Estados Unidos posee más de 1.300.000 abogados y si ponemos la mirada más aguda, Colombia cuenta con más de 350.000 abogados; Venezuela le sigue de cerca con 340.000, Perú con un estimado de 210.000; Argentina con 180.000; Chile con 55.000 y Paraguay, siendo la nación con base en su población con más abogados del mundo en promedio, cuenta con más de 70.000 colegiados delante de Costa Rica que goza de 32.000 colegiados activos; en fin, existen profesionales licenciados suficientes para detectar y detener en cualquier parte del mundo, la supresión, vulneración y delitos de Estado, contra las garantías, derechos y libertades de las personas.
No obstante, ¿por qué no pasa esa situación, sino que cada vez las libertades consagradas en las cartas magnas, son reducidas a nada, a través, de simples comunicaciones, circulares, resoluciones que infringen de manera flagrante los principios y valores constitucionales del contrato social entre las naciones? ¿Por qué simples protocolos, infringen los derechos y libertades de las personas, tanto en el Derecho Continental al que se suscribe Europa e Iberoamérica o al Derecho Common Law o anglosajón?
La causa es muy simple, los abogados dejaron de ser formados con un espíritu con pensamiento crítico y ético, para ser de forma llana, adoctrinados a los simples requeridos de la ideología del sistema gobernante, mas esto no sólo sucede con las profesiones de las ciencias sociales, ciencias blandas o del razonamiento de la razón pura y de la ética, sino que, también, sucede con las ciencias médicas y de la salud, la biología, la física, la química, la electrónica, la telefonía, la robótica y en general con todas las carreras profesionales y si parece poco, sucede también con la fe, como principal fuente del derecho canónico y divino.
De ahí que, las universidades en la actualidad se enfocan en un modelo de diseño educativo de masas que se aleja a muchas leguas de camino del pensamiento crítico, la ética y la razón pura, de ese pensamiento cartesiano de la filosofía y de la ciencia de «cogito ergo sum» esto explica porque los congresos de las naciones no legislan, y los presidentes, dictadores y tiranuelos no gobiernan, sino que debaten, refrendan y acatan órdenes, normas derivadas de órganos internacionales, que dejan mucho que pensar y decir, en materia de derechos humanos y de justicia.
Como resultado, la sociedad de naciones, se encuentra en la actualidad, en ese episodio profético de vigencia como lo fue la derrumbada URSS entre sus propios desatinos y colapsos del modelo que pretende gobernar con base en decretos, resoluciones, órdenes a discreción de imposiciones de un poder central megalómano y voraz contra las garantías, derechos y libertades de Occidente, basados en un derecho comunitario del «bien común» revolucionario, en nuestros días, globalista, antagónico a los valores y principios del derecho y de la justicia de la civilización humana.