Los líderes del llamado «socialismo del siglo XXI» tienen en común el haberse enriquecido en el ejercicio del poder. Más aún, su vocación por el poder no tiene límites y no dudan en llegar al gobierno por plazos indefinidos, valiéndose de comicios sin supervisión electoral internacional, ejerciendo a la vez el control sutil o abierto de los organismos electorales. Hoy la tiranía de Maduro no ha dudado en inhabilitar a María Corina Machado, impidiendo que se postule a la presidencia de Venezuela en las próximas elecciones nacionales; más aún, modifica el cronograma electoral convocando a elecciones anticipadas para el próximo 28 de Julio. Con un corto tiempo de campaña electoral, manejando los resortes del poder, Maduro espera ser reelegido. Nicolás Maduro es un operador político de Cuba, formado políticamente en la Habana, acostumbrado a incumplir cualquier acuerdo político firmado con representantes de la oposición en Barbados. Cuba instruye, Maduro cumple, con la confianza de que la OEA está lejos de cumplir su tarea hemisférica.
El gobierno de Biden, en manos de agentes del globalismo internacional, no tuvo mejor idea que hacer posible que Estados Unidos levante parte importante de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump al gobierno venezolano. En ese contexto, Nicolás Maduro hoy se burla de todos, se siente seguro que para el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es prioritario velar por la transparencia electoral en los próximos comicios. Hace pocos días, Nicolás Maduro inició su campaña «jurando» ante Diosdado Cabello y sus seguidores, de que defenderá la revolución bolivariana de los embates del imperialismo norteamericano. Para Joe Biden y su entorno político, existen otras prioridades como la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis en Gaza, la situación política en Haití o la crisis migratoria al sur de los Estados Unidos. Los líderes del partido Demócrata dirigen su mirada hacía las elecciones de noviembre, prestando cada vez menos atención a Venezuela.
Por su parte, Donald Trump, como virtual candidato republicano, expresa una posición crítica respecto a la política migratoria del gobierno de Biden y confronta con las tiranías de Cuba y Venezuela. En un escenario pre electoral, es claro que a las dictaduras de Díaz-Canel y de Nicolás Maduro les interesa que Biden sea reelegido el próximo 5 de noviembre. El castro chavismo se expresa en el plano político o ideológico por un lado, apoyándose en los servicios de inteligencia montados no sólo para controlar o manipular, sino también para reprimir a opositores políticos. En los últimos años, alrededor de 8 millones de venezolanos emigraron al exterior, de tal modo que las familias residentes en Venezuela reciben por concepto de remesas miles de millones de dólares todos los meses.
A la par la dictadura venezolana, en mi concepto, viene cumpliendo un papel desestabilizador en varios países de la región, a través del accionar del «Tren de Aragua» integrado por jóvenes venezolanos que han establecido su teatro de operaciones en Ecuador, Perú y Chile especialmente. La revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez forjó una generación de jóvenes que tomó la decisión de volcar su energía y emprendimiento revolucionario militando en las filas del «Tren de Aragua». Hoy en ciudades como Guayaquil, Quito, Lima o Santiago se hace ostensible la presencia de los integrantes de una organización criminal especializada en nuevas formas delictivas.
Cada vez se habla de la llegada de integrantes de esta organización a territorio norteamericano, como se ha vuelto cotidiano que los medios de comunicación de la región informen sobre la violencia desatada en las zonas más densamente pobladas de las ciudades suramericanas. La capital de Venezuela en los años del chavismo, en medio de la prédica revolucionaria, era una de las ciudades más inseguras de América Latina. Hoy el tirano Maduro se precia de que la situación se ha revertido. Lo cierto es que con los millones de migrantes laborales han ingresado a la par miles de integrantes del «Tren de Aragua» al amparo de políticas migratorias laxas. Cuando durante el gobierno de PPK se formó el Grupo de Lima se creyó de manera ingenua e irresponsable que facilitando la migración se ayudaba al pueblo venezolano. Nicolás Maduro se mantuvo en el poder, mientras que Juan Guaidó no logró ejercer el poder a pesar del apoyo expresado por más de cincuenta gobiernos del mundo.
Nicolás Maduro mantuvo el control de las fuerzas armadas y de la policía bolivariana, apoyado por la inteligencia cubana y no dudando en reprimir brutalmente a sus opositores. En 2019, cuando la OEA mantenía una posición firme respecto a la crisis venezolana, los gobiernos de López Obrador y Tabaré Vásquez no se sumaron a la posición expresada en el seno de la OEA por los gobiernos de Brasil (Bolsonaro), Argentina (Macri), Chile (Piñera) entre otros. El presidente López Obrador invocando el principio de «no intervención» expresado en la llamada «Doctrina Estrada» trató de justificar falsamente su posición, mientras que el gobierno del Frente Amplio en Uruguay se «lavó las manos». Venezuela, Cuba y Nicaragua están estrechamente unidas por una aureola revolucionaria y empobrecedora.
Hoy el pueblo cubano está sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, que incluso ha obligado al gobierno de Díaz-Canel a solicitar ayuda humanitaria internacional. Cuba y Venezuela comparten estrategias, las tiranías se especializan en reprimir y controlar todas las instituciones. María Corina Machado lidera la oposición venezolana y de realizarse comicios libres, ganaría ampliamente las elecciones. El tirano de Caracas está decidido a mantenerse en el poder. La lucha por la libertad no tiene fin.
Por su parte, el gobierno de Gabriel Boric demuestra complicidad y cobardía cuando tolera la intromisión de la «policía bolivariana» o de «agentes de Caracas» en su territorio. El secuestro y asesinato de un militar venezolano en territorio chileno no puede quedar impune. Si el débil presidente Boric no se atreve a cuestionar al dictador Maduro, que lo haga la oposición. El Congreso chileno debe investigar lo sucedido con el militar venezolano que gozaba de la condición de refugiado en Chile. La comunidad internacional debe actuar ante un asesinato político. Los pueblos deben luchar por su libertad, dejando atrás el oprobio de las dictaduras.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú