Ya se cumplirán dos semanas del último intento de golpe de estado en el país, y hemos sido testigos que, a pesar del evidente acto antidemocrático de Pedro Castillo, algunas personas, entre ellas, presidentes de algunos países vecinos, han defendido públicamente al mandatario aspirante a dictador.
Los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, la semana pasada, mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la remoción y la detención del ex presidente Castillo, manifestando además que éste último ha sido víctima de un hostigamiento antidemocrático, y solicitaron que se respeten sus derechos humanos, garantizándole protección judicial. Los mandatarios también hacen un llamado para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas.
Ante ello, se deben señalar algunas cuestiones respecto al pronunciamiento de dichos mandatarios. Primero, se nota que en ellos prevalece una postura netamente ideológica, demostrando con ello, que por encima del estado de derecho harán valer sus orientaciones políticas, así existan evidencias que prueben un acto contrario al orden democrático. Segundo, demuestra que no conocen, o no les han informado objetivamente, sobre los hechos que han ocurrido en nuestro país, en donde, en efecto, se ha intentado cometer un golpe de estado. Tercero, que pretenden hacer ver ante los demás países que en el Perú no existe un debido proceso con el ex presidente Castillo, lo cual no es verdad, ya que su proceso judicial está siendo llevado respetando las normas procesales vigentes, así como sus derechos fundamentales. Cuarto, es mentira que Pedro Castillo haya sido objeto de hostigamientos antidemocráticos, ya que sus investigaciones fiscales y sus cuestionamientos políticos han sido producto de fuertes indicios de actos de corrupción que habría estado cometiendo desde que llegó a Palacio de Gobierno. Y quinto, en el Perú se ha respetado la voluntad ciudadana, ya que la actual presidenta, Dina Boluarte, también ha sido elegida por la ciudadanía para ser vicepresidenta, cargo que deja para asumir las funciones de primera mandataria, por sucesión presidencial, una vez vacado Pedro Castillo, tal como sucedió.
Asimismo, recientemente la canciller chilena, Antonia Urrejola, también ha dado declaraciones que pretenden excusar el accionar antidemocrático de Pedro Castillo, al no reconocer que es un golpista. Ello, porque según la funcionaria del país sureño, lo del ex presidente peruano fue un incumplimiento de las normas constitucionales que “debió haber cumplido en su momento”, pero no es para considerarlo golpista. Qué tal juego de palabras para justificar un rompimiento del orden democrático.
Es muy lamentable y preocupante que cierto sector de la política, en este caso de la izquierda latinoamericana, intente defender y apoyar un acto antidemocrático, solo porque el que pretendió perpetrarlo fue uno de ellos. Y así se hacen llamar defensores de la democracia.
Todo acto contrario al orden democrático, que vulnere el estado de derecho y que busque el autoritarismo merece ser rechazado y denunciado, sea de izquierda o de derecha. La democracia se defiende por encima de las tendencias ideológicas y las simpatías partidarias. Seamos políticamente consecuentes.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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