OPINIÓN

Debates latinos: Paraguay

por Leopoldo Martínez Nucete Leopoldo Martínez Nucete

La Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ ‒GÑR ‒, la Academia de la Lengua Guaraní ‒ALG‒ debe ser una institución única en América Latina. El guaraní es una de las aproximadamente 500 lenguas de origen indígena que se mantienen vivas en el continente. Algunas, como ocurre con varias de ellas en Brasil, apenas tienen unos pocos hablantes y están bajo el riesgo real de desaparición. No es el caso del guaraní, que goza de un privilegio: la manejan alrededor de 87% de la población de Paraguay, que ya alcanza alrededor de 7.200.000 habitantes.

Que exista la Academia de la Lengua Guaraní ‒de forma simultánea a la Academia Paraguaya de la Lengua, Aparle, fundada en 1927‒, es el resultado de un proceso que puede remitirse a 1992, cuando la Constitución aprobada ese año reconoció la lengua guaraní como lengua oficial, junto al castellano. Dos años más tarde, el guaraní entró al sistema educativo. En el 2010 se promulgó la Ley de Lenguas del Paraguay, que despejó y facilitó el terreno para crear la ALG, que se ha propuesto tareas fundamentales como establecer las reglas principales del habla y la escritura, definir el alfabeto guaraní, elaborar la gramática (cuestión primordial en toda lengua) y elaborar los diccionarios que fuese necesario, sobre todo en estos tiempos cuando las nuevas tecnologías y las ciencias, cada vez con más frecuencia, aportan nuevas palabras de uso cotidiano.

A comienzos del pasado mes de febrero, en Asunción, la capital de Paraguay, pero también en Ciudad del Este, Luque, San Lorenzo y Capiatá, se realizaron marchas, presentaciones de libros, exposiciones fotográficas, algunos foros y actividades culturales para celebrar los 30 años del fin de la dictadura. Es elocuente que la fecha se haya recordado sin la participación del gobierno: fue promovida por sectores de la sociedad civil. Distintos voceros hablaron de una doble celebración: el fin de la era Stroessner y, simultáneamente, que el país ha logrado, desde 1993 a nuestro tiempo, que ocho presidentes se sucedieran en el poder. En todo ese período no han faltado momentos de mucha tensión, como la renuncia del presidente Raúl Cubas, tras el asesinato del vicepresidente Luis Mará Argaña, o la destitución en 2012 del presidente Fernando Lugo, acusado de omisiones y mal desempeño en su cargo. Pero a pesar de estas complejas y difíciles coyunturas, la democracia paraguaya ha logrado superarlas y seguir promoviendo un modelo de convivencia.

Han transcurrido treinta años, y es posible que los lectores más jóvenes no tengan memoria de uno de los temas más dolorosos y oscuros de la política latinoamericana del siglo XX: la dictadura de Alfredo Stroessner, que le permitió gobernar desde agosto de 1954 hasta febrero de 1989. El “estronato”, como se le conoce, se prolongó por 35 años. Después de Fidel Castro, es el gobernante que por mayor tiempo ha permanecido en el poder, en el continente. Hay que recordar aquí, además, que fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Andrés Rodríguez Perroti, su consuegro y socio, pero, sobre todo, un militar al que se consideraba como un hombre leal y bajo las órdenes del dictador.

Durante esos 35 años ‒en los que se hizo reelegir, apelando a distintos métodos, en 7 ocasiones‒, la dictadura de Strossner desapareció o asesinó a casi 4.000 dirigentes sociales y políticos, particularmente a los miembros del Partido Comunista Paraguayo, que alentó la creación de un movimiento armado, el Frente Unido de Liberación Nacional ‒Fulna‒ que fue perseguido y derrotado. Strossner estableció un régimen que allanaba sin cumplir los procedimientos legales, detenía, torturaba e imponía el silencio. He leído cifras que señalan que casi 19.000 personas fueron torturadas por el régimen y que casi 4.000 fueron obligadas a abandonar su país.

Cuando Rodríguez Perroti asumió el poder, muchos reaccionaron y dijeron que la dictadura continuaba siendo la misma, solo que había cambiado de conductor. Sorpresivamente, el nuevo gobernante encarceló a Stroessner, suspendió la ley marcial ‒una suerte de estado de excepción que se mantuvo en Paraguay de forma indefinida‒, legalizó los partidos políticos opositores, eliminó la pena de muerte y, fundamental, llamó a elecciones, tal como había prometido desde un primer momento.

No obstante, este importante paso hacia la democracia, el histórico Partido Colorado ‒al que pertenecían el propio Stroessner y también Rodríguez Perroti‒, ha mantenido cierta hegemonía en el poder. Entre 1989 y 2008 el Partido Colorado retuvo el poder, con una sucesión de presidentes: Wasmosy, Cubas, González Macchi y Duarte Frutos, a los que siguió un corto intervalo de cambio, con la polémica presidencia de Fernando Lugo, que desembocó en la presidencia encargada de Federico Franco, que provocó al retorno del Partido Colorado al poder, desde 2012, con las victorias electorales consecutivas de los presidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.

Que el gobierno no haya participado en la celebración del fin de la dictadura promovida el pasado mes de febrero, se explica, más que por el vínculo histórico con el conservador Partido Colorado, por una razón de carácter personal o familiar: el presidente actual de Paraguay, Mario Abdo Benítez, es hijo de Mario Abdo, quien fue secretario de Stroerssner, casi a todo lo largo de su mandato. Pero este silencio, así lo ha aclarado el propio Abdo, no compromete su compromiso democrático. En las redes sociales ha sido tajante suscribiendo su respeto a la separación de los poderes y a los valores democráticos. Pero todo este ambiente no impide que, en algunas oportunidades, organizaciones de derechos humanos insistan en que no se hecho justicia por los crímenes cometidos por la dictadura, y que los sucesivos gobiernos, desde 1989 hasta la fecha, más que atender a las exigencias de justicia por parte de las víctimas, han tomado el camino de un cierto pragmatismo, que es el de dejar atrás aquellos hechos y enfocarse en las exigencias del presente y el futuro de la nación paraguaya.

Entre los años 2004 y 2017 ‒sigo aquí las cifras del Banco Mundial‒ la economía de Paraguay tuvo un crecimiento excepcional: 4,5 de promedio anual. Esta cifra supera los marcadores de todos los países de la región. El dato adquiere todavía una mayor relevancia cuando se observan las realidades de Brasil y Argentina, los 2 grandes vecinos y clientes de las exportaciones agrícolas de Paraguay: a pesar del bajón económico que han sufrido ambos países en los últimos años, Paraguay ha logrado mantener su ruta de crecimiento económico. A finales de 2018, el Fondo Monetario Internacional establecía una comparación: mientras el promedio de América Latina para ese año era de 1,2%, el crecimiento de Paraguay alcanzó 4,4%, lo que la califica como “la economía más dinámica de la región”. La expectativa, ahora mismo, es que Paraguay continúe, a lo largo del próximo quinquenio, con ese mismo desempeño.

En el éxito de Paraguay hay una serie de componentes que merecen ser examinados con atención. En líneas generales, con algunos pequeños altibajos, todos los sectores han logrado crecer en los últimos años. Como se sabe, Paraguay es uno de los grandes productores de soja del mundo, que concentra alrededor de 40% de sus exportaciones. A ello se suman otros productos de origen agrícola como maíz, azúcar, trigo, sésamo y aceite de girasol. También es el primer exportador de electricidad del continente y el cuarto exportador de carne bovina del mundo.

Sobre esta base se ha venido produciendo un incremento de la manufactura, los servicios y la construcción. Tanto el consumo privado como las compras del sector público han experimentado un auge que ha impactado en el crecimiento de las importaciones. Observadores que han visitado al país en tiempos recientes comentan que, en las ciudades, especialmente en Asunción, se siente un aire de prosperidad.

De forma simultánea, se ha producido una sustantiva reducción de la pobreza, también calificada por los expertos como la mayor en toda la región. De acuerdo con el Banco Mundial, entre 2003 y 2017, la pobreza extrema se redujo 65%, y la pobreza total, 49%. Este descenso, además, guarda una variable cualitativa muy importante: la reducción ocurrió tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. 40% más pobre de los paraguayos, aumentó sus ingresos a una tasa de 4,5% anual, durante los 14 años mencionados.

La clase media, por su parte, que representaba alrededor de 19% en 2002, se ha duplicado, lo cual es un logro que merece ser resaltado. Este crecimiento de la clase media, como es previsible, se ha convertido en uno de los factores de empuje de toda la economía y, por supuesto, en actor clave en la demanda de mejores servicios educativos, de salud y transporte público. Aunque no de forma tan acelerada como en los años previos, las proyecciones vigentes estiman que la disminución de la pobreza debería continuar, así como también el crecimiento de la clase media.

En este marco positivo de cosas, con una inflación de alrededor de 4%, una deuda pública que está entre las más bajas de la región, una política fiscal marcada por la prudencia y altas reservas internacionales, Paraguay tiene por delante un gran desafío económico y social, que es el de evitar que las dificultades de Argentina y Brasil ‒y también de los mercados mundiales‒, le impacten de forma significativa y reviertan los avances conquistados en caso dos décadas. Para un país que vive, en lo sustantivo de sus exportaciones, la salud económica de sus clientes es un bien precioso.

La tarea de no desaprovechar este momento privilegiado no es tan sencilla como aparece. La educación democrática de la sociedad, que debe ser un proceso incesante, debe continuar. Todavía están vivos en la memoria de muchos, los hechos de abril de 2017, cuando un millar de personas protagonizó violentos disturbios, asaltó la sede del Congreso y prendió fuego a uno de sus principales recintos. Un joven que protestaba murió baleado por un funcionario policial. La irrupción de la violencia en el contexto del debate público causó una alarma generalizada.

Los llamados que se hicieron entonces, de evitar el uso de la violencia, de respeto al orden legal por parte de los partidos políticos y el resto de las instituciones ‒recordemos que los hechos de violencia se produjeron cuando seguidores del entonces presidente, Horacio Cartes, intentó una reforma constitucional que le permitiera mantenerse en el poder‒, y de mantener siempre vigentes y activos los mecanismos de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, será primordial para que la República del Paraguay mantenga la ruta de progreso y bienestar que viene impulsando desde hace casi veinte años.

La clase política paraguaya tiene la enorme responsabilidad de administrar estos tiempos de bienestar, de modo que el país inicie, de forma urgente, una modernización de sus procesos educativos, productivos, de sus servicios públicos y sociales, y de gestión gubernamental, que no queden rezagados ante los imparables avances de la Cuarta Revolución Industrial.