En los escasos 9 meses en los que Gustavo Petro ha despachado desde el Palacio de Nariño, tres ministros de su administración han sido o están siendo objeto de mociones de censura.
Esta figura ha sido poco utilizada por la oposición en el país vecino, pero la sola amenaza de ser objeto de ella llena de inquietud a cualquier despacho. Una moción aprobada conlleva a la separación del cargo del censurado. Por ello es una poderosa herramienta que reviste la forma de un juicio político desde el Congreso. Lo que se persigue no es inculparlo de hechos delictivos sino conseguir su defenestración por parte del Congreso alegando su ineptitud o incapacidad para ejercicio del cargo. Evidentemente, configura una herramienta de control sobre el Ejecutivo. Ser colocado en la picota pública, convertirse en el objeto de grandes titulares, no solo afecta al funcionario, debilita al gobierno y lo ubica en posición defensiva.
Por demás, no se trata de despachos de poca monta aquellos cuyas cabezas son censuradas. Hablamos de dependencias gubernamentales que manejan y dirimen temas de gran calado: Minas y Energía, Defensa y Relaciones Exteriores.
En el caso de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fueron sus torpes declaraciones sobre la decisión del gobierno de prohibir nuevas exploraciones en petróleo y gas lo que motivó al Centro Democrático a iniciar este procedimiento. Nada más extemporáneo y equivocado que provocar la situación de inseguridad en un sector tan sensible y tan determinante de la vida económica del país. Este hecho tuvo una importante reverberación internacional porque ocurrió en un momento en que lo energético era el tema más delicado dentro de las relaciones económicas internacionales. Nada más inadecuado que pretender iniciar una transición energética de tanta significación en un país altamente dependiente de su ingreso.
Iván Velázquez, el titular de Defensa, también ha sido objeto de críticas ácidas por todo lo atinente a la política de seguridad ciudadana. Este es un sector que es constantemente monitoreado por todas las fuerzas políticas por su estrecha relación con el tema de la paz total que ha protagonizado un sinnúmero de traspiés. Es conocido cómo las fuerzas militares alimentan desde adentro el malestar político y cómo la ciudadanía responde negativamente ante estas acusaciones. La blanda posición de este despacho en torno a las acciones criminales del ELN en pleno proceso de negociación de la paz están en el origen de esta moción. Las incursiones de la Guardia Nacional Bolivariana también han sido objeto de reclamos y censura por la relación estrecha que ello guarda con la violación de la soberanía territorial de Colombia.
También la gestión del canciller Álvaro Leyva ha sido severamente cuestionada, aunque aún este proceso no ha terminado. Es que no son solo los nombramientos en cargos diplomáticos y consulares, marcados por el amiguismo presidencial. Se le cuestiona la falta de dedicación a los asuntos externos del país por prestarle atención a los temas de la paz, lo que se considera un proyecto personal. Es posible que esta moción tampoco sea votada a favor, pero no por falta de argumentos en contra del desempeño gubernamental. La realidad es que en los asuntos sustantivos de las relaciones externas de Colombia, quien lleva la voz cantante es el jefe del Ejecutivo y ello sin duda entorpece la buena gestión del funcionario. Ese es el caso de los asuntos atinentes a las relaciones con Estados Unidos y Venezuela, que en el momento actual son de importancia vital para la nación.
En fin, aunque desde la creación de este instrumento en 1991 ninguna moción de las 34 iniciadas ha prosperado, la figura no tiene un simple carácter simbólico. Las mociones de censura han sido útiles para someter al Ejecutivo a un escrutinio político contundente. Hoy por hoy es un termómetro para medir el nivel de aprobación política del equipo de gobierno… y no parece estarle yendo bien al del presidente Gustavo Petro.