El cinismo se usa con frecuencia para argumentar falsamente y desarmar cualquier iniciativa que perjudique a quien respalde una sugerencia o acción, en el caso del régimen apoyado en una noticia mil veces repetida, achaca la culpa de la crisis venezolana y de su efecto en la pobreza de la gente a las sanciones internacionales que llaman eufemísticamente “el embargo que le han sido impuesto por el imperio”. Cualquier negociación, reflexión o iniciativa para mejorar en algo la condiciones de vida impuestas a los venezolanos por el modelo político se encuentra con dicho argumento, ignorando o soslayando conscientemente la Constitución, procedimientos legales, y tratados internacionales; y, por tanto ripostan y exigen como condición sin ceder en nada “el cese de sanciones”, sin pensar siquiera que los interlocutores circunstanciales a los cuales dirigen sus condiciones pudieran decidir unilateralmente y suspender de facto sus directrices y consecuencias violando cualquier estamento civilizado.
Cuando condicionan cualquier iniciativa, negociación, o petición para lleva a cabo revisiones del sistema electoral y planear elecciones libres y transparentes interponen inmediatamente la condición de suspender medidas o sanciones y se hacen siniestros usando dicho argumento para boicotear cualquier negociación. Lo que están haciendo es bloquear cualquier iniciativa y lanzan una cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones de perdurar su despreciable modelo político. Sobre estos aspectos es necesario hacer algunas precisiones dada la corta memoria colectiva sobre algunos temas.
Es imprescindible recordar que actuaciones funcionales del régimen afectan las relaciones internacionales y algunas democracias se han visto obligadas a proteger sus propias políticas internas aplicando sanciones adecuadas al sistema financiero, es el caso de gobierno norteamericano que se ha visto afectado ostensiblemente por el gran volumen y tráfico de dinero procedente de la corrupción o del narcotráfico, el cual se produce en general por la falta de cooperación del régimen venezolano en la lucha contra el lavado de dinero, tráfico de drogas y el financiamiento al terrorismo. Esa es la causa de la primera sanción que viene aplicándose desde el año 2006 ante la negativa del chavismo de cooperar en el sentido mencionado y que condujo a la prohibición oficial (OE 13224) de comercializar ciertos bienes de carácter estratégico y de transferir armas a Venezuela.
Casi simultáneamente, los organismos internacionales y gobiernos democráticos han seguido de cerca las violaciones de los derechos humanos especialmente ejecutados por el régimen, el cual está evidente y comprobado públicamente comprometido con la represión que ha causado cientos de muertos en las manifestaciones de protesta, encarcelamiento de civiles y militares sin términos de juicio, torturas, muertes en retención penal, represión generalizada y violencia, y además estimuladas en las calles por bandas de paramilitares que aplican sin restricción atentados y persecución a personalidades opositoras, viles asesinatos, extorsión o expropiación a individuos, negocios y sus relacionados. Como consecuencia de ello y las denuncias del caso, se ha provocado la intervención de la Corte Penal Internacional y de manera generalizada, algunos gobiernos han adoptado imponer sanciones a todas las personas e instituciones responsables de tales delitos, bien sean personas naturales o jurídicas.
Las sanciones se han profundizado con medidas tales como: el no otorgamiento de visas, sanciones a personas que alcanzaron a las máximas autoridades venezolanas con la directa solicitud de apresamiento y promesa de recompensas en divisas para su captura y consecuente procesamiento penal. Esas sanciones fueron muy relevantes, están vigentes y se han ampliado por parte de la Tesorería norteamericana las cuales han sido secundadas por otros organismos de varios países. Todo este tema está sistemáticamente siendo revisado y ampliado por el comportamiento antidemocrático del régimen, y como consecuencia las medidas coercitivas suben de alcance al prohibir el acceso a las cuentas de activos del régimen en el mercado financiero, incluyendo con preferencia a los de la empresa petrolera estatal y a muchos funcionarios acusados de corrupción.
Tales sanciones fueron adoptadas con ciertas excepciones que incluyen la ayuda humanitaria para favorecer o evitar perjudicar al venezolano común que, por cierto, no ve disminuir la presencia en el mercado criollo de productos norteamericanos que están en todos los centros de distribución del país, es más, esa importación crece de manera sistemática mes a mes, por supuesto solo al alcance de una minoría privilegiada.
Ante la desfachatez de acusar a todo mundo de la “injusticia de tales sanciones económicas” y que supuestamente son los responsables de la crisis estructural venezolana, en el año 2018 se establece dentro del marco regulatorio una orden ejecutiva (OE 13850) que determina la congelación de activos y transacciones conectadas con las operaciones fraudulentas del gobierno, es decir, la manipulación de transferencias ilegales enmascaradas en empresas fantasmas, compras de bienes muebles, inmuebles y productos de consumo masivo. Se han bloqueado activos de personas y de las empresas involucradas que están bajo jurisdicción americana, sin embargo, se han permitido ciertas transacciones incluso de Pdvsa y sus filiales para la compra norteamericana de crudo venezolano.
Seguidamente, en el año 2019 se procede a sancionar a ciertos bancos acusados de triangular dinero violando normas internacionales. Igualmente, se intervienen operaciones ilegales de tráfico de oro y se sancionan a algunas empresas rusas e iraníes empleadas en traficar petróleo burlando las sanciones y favoreciendo el comercio ilegal llevado a cabo por los cubanos quienes se hicieron expertos en apoderarse de barcos venezolanos, incluso remodelar la refinería de Cienfuegos a costilla de recursos de país. Todas estas acciones han determinado el bloqueo financiero y operativo a empresas registradas en varios países, depósitos y activos venezolanos en bancos internacionales incluyendo depósitos en garantía y de metales preciosos, especialmente oro algunos de los cuales están resguardados en el Reino Unido. Esas acciones se han profundizado y se complementan con la detención y juzgamiento de personas solicitadas por Interpol, quienes fueron capturadas y están siendo sancionadas en los tribunales.
Sin ir demasiado al detalle, los elementos mencionados han sido tomados por la Corte Penal Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Congreso de Estados Unidos y órganos financieros de otros países, que como organizaciones autónomas siguiendo órdenes ejecutivas o acuerdos legislativos de gobiernos y de otros entes oficiales caracterizadas por su autonomía dentro de una política de separación de poderes actúan en consecuencia manteniendo regulaciones y medidas de protección a sus intereses nacionales. La complejidad organizativa de tal cantidad de órganos autónomos sintetizada brevemente en estos párrafos hace ver, que levantar las sanciones a tales medidas es involucrar no solo al poder ejecutivo del gobierno americano sino, al Congreso y a multitud de organizaciones internacionales que tienen objetivos diferentes y un alcance estatutario en sus decisiones bastante heterogéneas para actuar al respecto. Solo con esta y sintética argumentación se pone de manifiesto la imposibilidad de corto plazo de suspender unilateralmente tal cantidad de restrictiva de medidas de protección, o embargos, que no son tales ante una petición tan cínica; que no permite su revisión ante la realidad de violaciones de tratados, acuerdos y de los derechos humanos, todos ellos aún se mantienen, y por supuesto, procesarlas por petición e ignorancia de quienes no saben lo que están pidiendo, ¿o es que si saben? y lo usan como narrativa, cortina de humo o arma para desmantelar cualquier avance que permita la libertad y confiabilidad de los procesos electorales, y en esencia, impedir la libertad de Venezuela.