El mundo está atento a lo que sucede en Venezuela, a la crisis política y humanitaria compleja que atravesamos y que lamentablemente se agrava constante y progresivamente. La preocupación de gobiernos e instituciones internacionales no se limita a lo declarativo, sino que ahora se anuncian acciones más importantes para salir de la dictadura que, estamos claros, ellos y nosotros, no es un problema exclusivo de los venezolanos. La dictadura venezolana altera la paz y seguridad de la región y no muy lejos, es un factor disruptivo de las relaciones internacionales en general.
Además de ser señalados Maduro y su entorno como criminales de lesa humanidad por hechos evidentes que investiga hoy la Corte Penal Internacional y por la violación sistemática los derechos humanos al torturar, ejecutar, desaparecer, acusar y perseguir a todos aquellos que se oponen al régimen y a sus nefastas y criminales políticas, hoy se le señala -lo que completa y perfila su naturaleza- como una entidad criminal organizada que opera transnacionalmente.
Estamos no solo ante una “dictadura tradicional” que castiga sin piedad para imponerse y permanecer en el poder, sino ante una organización criminal transnacional, es decir, ante un grupo delictivo que se aleja del término “gobierno”, que actúa en contra del orden jurídico nacional e internacional, para cometer delitos graves que afectan a la comunidad internacional. Tal como lo dice la Convención de Palermo de 2000, un grupo delictivo organizado es “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (…) con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”, definición que no es muy difícil de aplicar al grupo que controla al Estado.
La Convención de Palermo significa un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada que en las últimas décadas ha dejado de ser nacional para actuar más allá de las fronteras. Se intenta reprimir el crimen transnacional a través de la cooperación entre Estados. El nuevo tema es que esas organizaciones han permeado en el sector público, no solamente influyéndole o invadiéndolo, sino que la estructura opera desde el mismo Estado, como es el caso del régimen tiránico de Maduro cuyas actividades, estamos todos claros, están vinculadas al crimen y no solamente el apoyo al terrorismo internacional y a movimientos violentos del mundo, sino al tráfico ilícito de drogas, de materiales preciosos y estratégicos.
La Convención de Palermo no representa un órgano jurisdiccional, sino un mecanismo de cooperación internacional entre Estados que deben actuar coordinadamente para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales y otros delitos graves. Es claro que cuando se trata de un esquema delictivo formado sobre la estructura misma del Estado, sus instituciones no actuarán ni cooperarán para desmantelar a la organización, pues resulta que son ellos mismos quienes las constituyen.
Esto evidentemente no quiere decir que mañana, cuando las instituciones funcionen para el Estado, cuando tengamos un Poder Judicial independiente e imparcial, cuando la Fiscalía cumpla con sus responsabilidad alejada de maniobras políticas, se pondrá en acción el mecanismo de cooperación para identificar a los grupos delictivos que operan transnacionalmente, los capitales producto de tales actividades y su decomiso, en el marco de la lucha contra la corrupción que plantea la Convención de Palermo, lucha que viene desde hace años y para lo cual se han adoptado instrumentos internacionales universales y regionales muy importantes.
A pesar de las dificultades la Convención de Palermo puede ser un instrumento viable y útil para combatir la delincuencia transnacional, más cuando los involucrados son quienes controlan el Estado, en nuestro caso muy claro. Los criminales de lesa humanidad y los delincuentes transnacionales reunidos en un solo actor.