“El hombre de vanguardia es el oponente del sistema existente”. Eugene Ionesco
Los ciclos históricos venezolanos han tenido en común y jugando un rol que los ha definido a los hombres de armas, ocupando además una posición a menudo decisiva. Pudiéramos comenzar iniciando el periodo constituyente de la república con Gual y España, allá en el comienzo del siglo XIX y que culmina con la separación de Venezuela de la Gran Colombia y a Páez bordando la época en 1830.
Luego se lee en nuestros estudiosos que, cada tres décadas aproximadamente se cumplió y se marcó un hito y, poco más o menos si revisamos, advertiremos que en efecto, una dinámica con esas características se ha observado claramente a lo largo de nuestro devenir.
En 1958 y con la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez y el ejemplar constructo puntofijista, se erigió, contra viento y marea, un régimen republicano fundado en un gobierno civil democrático y, en la vigencia del Estado de Derecho y valga la locución, para indicar la prevalencia de la institucionalidad de la ley de un lado y la sujeción de los ciudadanos e incluyo a los militares del otro.
No es ocioso recordar que ese lapso, desde 1958 y hasta 1998, fue el más próspero y benéfico para la sociedad venezolana, en todos los aspectos sin ninguna excepción. Resalto el hecho y, retó a quién no lo asuma, a compararlo con cualquier otro de nuestro transitar y veremos la contundente veracidad de mi afirmación. Una de las mentiras repetidas hasta la saciedad de la clase política emergente fue la que desconoce la realidad fundada en constataciones académicas, estadísticas, científicas y que destacan a los 40 años de la republica civil como luminosa y productiva. No digo que perfecta pero, como dice el susurro popular, éramos felices y no lo sabíamos.
Pero el ciclo se detuvo, se rompió inclusive con el arribo al poder de un militar que había, triste paradoja, desafiado la constitución y la ley y pretendió en 1992, cual caudillo del siglo anterior, conculcar el mando y burlarse la soberanía popular. Ese pernicioso intento fue derrotado por el orden institucional constitucional y democrático pero, echo a andar nuevamente el péndulo que nos colocó en otro ciclo pero, de atraso, retroceso y regresión y, también cabe decirse al respecto sin exageración, en todos los sentidos. Ese caudillo logra el poder y es ahora, no triste sino vergonzosa la paradoja, mediando una elección
1998 llegó de la mano de un sistema democrático que permitió, no solo la elección de un enemigo de la institucionalidad, sino también la ocupación del sentir, pensar, creer, resentir de una oleada antipolítica que con fuerza defenestró en la consciencia del conciudadano la virtud y el valor republicano.
Nadie, en su sano juicio digo, puede negar que Venezuela vive el pandemónium de una revolución que fracasó en todos los asuntos que abordó; arruinando al país que, fue montado cual vagón, en los rieles del militarismo y la corrupción mas exultante de nuestra historia. Jamás vivimos en manos de una alianza tan deletérea como la que hoy somete a los venezolanos y, nunca se vio un salto hacia atrás más horrido y perverso que, ese que soportamos penosa y precariamente por cierto.
Venezuela fue desfigurada al extremo de producir una estampida que incluye a un quinto o más de nuestra población y especialmente, mujeres y jóvenes además de su más preparado capital humano que se marchó como si el país se hubiera inundado o desertizado aunque en buena medida así pasó, pero anegado de abusos e injusticia social y desertificado de valores y principios éticos y políticos, sin olvidar sus derechos civiles y políticos esenciales como la ciudadanía y el derecho a la verdad y a la información ejercido a través de la libertad de opinión y de expresión.
El pragmatismo más insolente y el asalto continuo, feroz y cruel de la mediocridad protagonizan esta épica del desastre en que nos sumió el caudillismo, el militarismo ideologizado y la despersonalización institucional como resultado del extravío democrático y de la falencia estulta del pueblo pobre que le concedió al fenómeno su legitimidad.
Un desmontaje, un desarme de la construcción republicana ha tenido lugar y algunos aspectos nos permitiremos reseñar. Caben menciones variadas y traigo la que deriva del editorial del diario El Nacional del primer día del año 2020, en el que se hace referencia al trípode de represión, corrupción y sumisión por el que se sostiene el régimen, victimando inescrupuloso al cuerpo ciudadano, menguándolo y privándolo de su cualidad crítica y de allí, de su ejercicio digno de persona humana. El crimen contra los venezolanos que se sucede repetidamente está tipificado en el Estatuto de Roma y los hace reos, imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad y así se verá más tarde o más temprano y valga ese honrado lugar común.
Pero el que quiero destacar, además, es el crimen también mayor, de inficionar el espíritu de las instituciones para mediatizar y manipularlas y despojarlas de su genuina personería, usurpándolas y mutándolas en las circunstancias. Atentar contra las instituciones es hacerlo contra la columna vertebral del Estado Constitucional y la justicia. ¿Cómo lo hicieron?
La respuesta a la interrogante es la desconstitucionalización sistemática, premeditada, urdida, maniobrada, para asir y domeñar a la justicia que de ser independiente y autónoma no les permitiría sus felonías y traiciones al orden político, jurídico e institucional de la patria, pero tampoco al orden ético y moral de la susodicha.
La constitucionalidad es un compendio ético, normativo, político y social que postula un referente existencial para la sociedad fundada en la libertad, en el respeto de los derechos humanos, en el respeto a la persona humana y en el control del siempre peligroso poder. Para ello, instituye un orden orgánico con una dinámica entre detentadores y destinatarios del poder que educa a unos y otros pero especialmente a los que detienen instrumentos que impactan directamente a los ciudadanos y por ello deben ser objeto de salvaguarda.
El hoy difunto hundió a la constitucionalidad no en el ejercicio golpista del 4 de febrero de 1992 cuando fue derrotado, sino cuando necesitó transgredir los controles que eran y son ínsitos al programa constitucional en áreas sensibles, y con el cinismo como escuela lo hizo porque el socialismo y el autócrata llevan esa genética en su naturaleza.
No son demócratas ni los ataja ninguna de las naturales defensas del sistema, las violan apoyados en el discurso de la mentira que hace ver que un propósito mejor priva sobre una referencia institucional y así, el difunto y sus epígonos se dedicaron a desconstitucionalizar al Estado, contaminándolo y subrogándose en su personería. Aun escucho el eco de la Asamblea Nacional de Cilia y Diosdado aullando para no hacer lo que debía ser, “Revolución es más que Constitución.”
Y allí se cimentó una práctica que le permitió al caudillo conculcarlo todo a placer y en especial, la soberanía del paupérrimo pueblo, comprado con las misiones que al tiempo que transferían ingentes recursos a una mecánica, a una centrifuga que lanzaba a todos los rincones del protagonismo cívico-militar los dineros del erario público, desarticulaban administrativamente al Estado de Derecho. El drama que lisió a Venezuela hasta postrarla y dejarla precaria y vulnerable a la merced de la antisociedad de todo género es la de despojarla de sus parámetros y referentes ordenadores. Un poder sin controles ni éticos, ni jurídicos, ni políticos, ni sociales, ni ciudadanos pues.
La maligna patología de la desconstitucionalización atacó antes y en otras latitudes. Berlusconi fue un ejemplo y en la reminiscencia nos topamos con el trabajo de denuncia de sus tropelías que se permitió ese genio de la filosofía y el derecho, Luigi Ferrajoli en aquel texto denominado Poderes salvajes. Pero el virus anda por todas partes y en Suramérica, el vector fue Chávez y ya hemos visto, cuánto daño ha hecho en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia y preparémonos para la tragedia chilena que me temo, culpa a su constitución de una sintomatología estridente de descomposición profunda cuya etiología, aun no acaba de establecerse.
La doctrina nos enseña que la desconstitucionalización es, una suerte de reducción de la constitucionalidad. Existen no obstante perspectivas al respecto. Una cita así lo evidencia, “En esta versión del concepto, desconstitucionalizar importa ceñir la constitución a un conjunto de “reglas de organización”, relativas a la erección y el funcionamiento de los poderes del Estado, quitándole la “parte dogmática” y reduciendo a la ley suprema, en verdad, a un code de procédure constitutionnel o código de procedimientos de la operatividad de los órganos de gobierno.” (Kägy Werner, La constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado. Investigaciones sobre las tendencias desarrolladas en el moderno Derecho constitucional) (trad. Sergio Díaz Ricci y Juan José Reyven, Dykinson, Madrid, 2005, p. 140-141.)
Otra visión se refiere, en opinión del jurista argentino Néstor Pedro Sagúes, a la desconstitucionalización como abandono de los principios político liberales del constitucionalismo. “Una segunda posibilidad es la de entender la desconstitucionalización como la pérdida de ciertos postulados clave del movimiento constitucionalista de la primera etapa, de corte liberal, tales como el principio democrático, el régimen representativo o la división de los poderes. Este fenómeno se produjo, por ejemplo, en la primera posguerra, en los estados totalitarios y autoritarios entonces en boga Italia, Alemania, la Unión Soviética” (Véase Adolfo Posada, “El principio del Führer o la desconstitucionalización del Estado”, en La Nación, Buenos Aires, 6 de mayo de 1935, cit. por Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional, t. 1, Plus Ultra, Buenos Aires, 2.ª ed., 1977, pp. 182-183”).
Sagúes destaca en ese comentario entre otras observaciones, la distancia entre las normas y la realidad, entre el deber ser y el ser y como alcance, invitaremos a Karl Loewenstein y su ontología constitucional para entender que no es la forma constitucional únicamente sino el fondo normativo, ético, político la que ofrece carácter fáctico a la constitucionalidad además de, vigencia por supuesto. Ya Quintana denunciaba e ironizaba así, “los enunciados líricos y declamatorios incluidos en el papel de una Constitución…o la crisis de los principios morales, devaluados por una sociedad materialista y maquiavelizada…o el progreso de la ciencia y de la técnica, que ha contribuido al engrosamiento del poder del Estado, confiriéndole un poder de coerción inimaginable años atrás; o. el advenimiento al poder de las masas, que generó en muchos países un clima político demagógico y dictatorial; o. el factor económico y de prevalencia de intereses de ese tipo, sectoriales, sobre el bien común; o. políticas rutinarias y vegetativas en las democracias, ineptas para adaptarse a las nuevas crisis que se presentaron y para formular respuestas útiles.”
La temática que trabajo supone una consideración más larga y no por narcisismo académico o glosa desmedida. Es porque el asunto es clave para comprender lo que nos ha pasado y cómo lo superaríamos. Por eso dedicaré también la próxima entrega pero antes, y para los que gustan del estudio, recomiendo la lectura del texto de Manuel Rachadell titulado “La evolución del Estado venezolano de 1958 al 2015”. Colección de Estudios políticos, número 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015.
Para salir de la confusión, de la incertidumbre, del extravío es menester diagnosticar el mal y los síntomas. Creemos que los relativismos de este tiempo que afectan y condicionan al individuo pero a la cultura, a las instituciones, a la fe, al amor y al poder prefieren las sensaciones de la epidermis y evaden profundizar para al menos comprender más. ¡Hay que hacerlo!
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