Hubo opinión pública aún bajo las clásicas dictaduras venezolanas respecto al problema del Esequibo, como ya no la hay en la presente centuria, activa, convincente y creadora. La (auto)censura y el bloqueo informativo la impiden íntegra y solvente, aunque muy contados medios, sectores políticos y académicos, mantienen viva la preocupación por una reclamación trastocada en una ya ineludible causa judicial en La Haya.
Queda el testimonio de la prensa escrita de muy antes, en la que el problema compartía y competía en primera plana con otros de semejante trascendencia nacional, donde no hubiese encontrado cupo el comentario banal y meramente propagandístico cultivado preventivamente por algunos autores en la actualidad. E, incluso, plantear una negociación de porcentajes territoriales alternativos con Guyana, en lugar de aspirar a la recuperación total del territorio esequibano, que sepamos, no dio origen por entonces a un auto de proceder por traición a la patria u otros delitos afines.
La materia ocupó al parlamento, cumpliendo distintas etapas, como la que inició con algunas vicisitudes en la Comisión de Política Exterior de Diputados, a principios de los sesenta del veinte, propiciando a la postre importantes y reveladores debates plenarios, ejemplificados con el del Acuerdo de Ginebra, o el de la independencia del vecino país, aunque después no hubo la debida consideración del Protocolo de Puerto España; reactivada más tarde la también dispersa polémica a caballo entre un siglo y otro, el asunto lo disipó Chávez Frías con una rapidez pasmosa. Polémica que, por quince años, la mayoría oficialista rechazó y contuvo en el nuevo foro unicameral hasta que los resultados de los comicios de 2015 le reabrieron las puertas a autorizados especialistas y activistas de la sociedad civil organizada, añadida la creación de la Comisión Mixta del Esequibo, y el planteamiento de sendos proyectos de leyes como el de la Promoción y Defensa de la Fachada Atlántica, la de Estadidad del Esequibo y la de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Resistida frente a la calculada y generalizada atmósfera de desconcierto, la academia alcanza nuevas profundidades aportándole al país razones para una estrategia renovadora ante el espinoso problema. Útil y necesario aporte que le permite a los sectores políticos avanzar en un adecuado tratamiento del problema, por cierto, sin renunciar a la crítica y el control constitucionalmente establecido en relación a la política exterior y a la cuestión territorial, como política pública. Destacan nombres por estos años, como Manuel Donís y una acuciosa como pedagógica bibliografía, y, en la actual etapa, Héctor Faúndez, pormenorizador del litigio en curso.
Herederos de una agotada estrategia, el escenario es completamente inédito y diferente al de las generaciones anteriores. Bajo las consabidas y duras condiciones de ahora, la controversia interna sobre el Esequibo tiene fortísimas limitaciones, aunque es en el aula superior donde encuentra cabida y ojalá proyección hacia los espacios ciudadanos.
Recientemente, tuvimos ocasión de asistir a una actividad motivadora en la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, presentada por su director, Orlando Cabrera. Escuchamos atentamente la sobria y acuciosa exposición de Josmar Fernández, geógrafa que reivindicó las perspectivas y las herramientas indispensables para comprender el asunto; la de Rafael Ruano Montenegro, geógrafo que exclusiva y temerariamente incursionó en los aspectos jurídicos; y, finalmente, Héctor Faúndez, reconocido jurista que le hizo el favor a la audiencia de corregir a fondo las postura del expositor anterior. Faúndez, partidario de hacernos parte en la causa ventilada por el Tribunal Internacional de Justicia, como efectivamente lo somos, con respeto, tino y seriedad, abundó en argumentos que igualmente reivindican su oficio y especialidad.
Celebrando el evento académico, deseamos llamar la atención sobre un tema que goza de una creciente clandestinidad, secundario de cara a los agobios de cada día, convertido el juicio de marras en algo extraño para las grandes mayorías. Fenómeno nada gratuito, el régimen apuesta por el extravío mismo de nuestra identidad nacional, comprobada su displicencia e improvisación por estos cruciales años.
@Luisbarraganj