La carta de la fulana omisión legislativa sigue marcando el juego político en Venezuela, muy especialmente en el ámbito electoral. Es un comodín importante en el marco de toda su estrategia política cuando -desde 2003- el régimen la añadió como una táctica que le permitiera, por ese medio, conseguir como objetivo la consolidación de su poder absoluto en el país.
El mayor logro, en este sentido, ha sido crear las condiciones para que ese adefesio tomara cuerpo cada vez que se necesitara una mayoría calificada para tomar decisiones en el órgano legislativo. Rebanar esa mayoría a la oposición, que bien pudo cambiar el rumbo del país, definió la suerte que siguieron las decisiones fundamentales de la legítima AN amputándola en sus facultades.
Agréguese a lo dicho, el retiro de la bancada oficialista que tuvo como propósito generar la percepción de la poca importancia que como institución del Poder Público le debería corresponder, para privilegiar ese otro adefesio nacido de las pestilentes entrañas del régimen, como lo es esa fraudulenta asamblea nacional constituyente, que pasó a ser el factótum de las grandes decisiones del país; ante la cual, incluso, se rindieron las reverencias de quienes se vieron obligados a aceptarla, entre ellos el rector Luis Emilio Rondón.
El regreso de la bancada oficial, el subsiguiente desalojo del Palacio Legislativo de la bancada opositora y la incorporación de la Mesita, como una oposición a la medida, respondieron también una estrategia que lamentablemente supera en mucho a la que ha llevado adelante una oposición, cuyos partidos y sus naturales candidatos a unas elecciones presidenciales, regionales o locales, igualmente se encuentran inhabilitados o disminuidos a su mínima expresión.
El caso es que hoy, aquella sentencia del desacato y la dictada sobre la nueva omisión, constituyen un coctel mortal que acabará con lo que queda de la legítima AN. Ambas decisiones, vistas en conjunto, tienen lecturas tan importantes que no es recomendable pasar por alto sus términos, y no detenerse para ver -en sus entrelíneas- lo que nos aguarda por sus alcances políticos.
La escogencia del CNE por omisión legislativa surge de un supuesto desacato por el que el TSJ del régimen declara írrita la actual junta directiva de la AN, “por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta”, que nos lleva a la nulidad de la designación del Comité de Postulaciones Electorales, contradictoriamente designado por común acuerdo entre oficialistas y opositores.
Con la inminente designación inconstitucional de los rectores por el TSJ ilegítimo, carente de facultades y en clara contravención a lo que establece nuestra Constitución, se activa en lo inmediato la convocatoria a las elecciones parlamentarias, para que medien los seis meses de aquí a diciembre como lo prevé la ley electoral. Se especula que, entre sus integrantes, estarán representados los sectores que conforman todo el espectro político en el país, dispuesto a participar en esas elecciones: el régimen, la Mesita y algunos o todos los de la oposición que hace vida en la legítima AN. Nos negamos a dar crédito a lo último referido. Sería un suicidio institucional con graves repercusiones.
Consideramos un despropósito ir a esas elecciones parlamentarias, llevadas a cabo con el mismo mecanismo fraudulento e inconstitucional con el que Maduro se reeligió; que ahora no puede ser bueno para elegir a la AN. Por otro lado, ya viendo el escenario político que derivaría de una eventual participación, nos preguntamos si en esos seis meses: se mantendría incólume la bancada opositora, como un todo en la legítima AN; los actuales diputados no se irían de campaña electoral, por aquello de no abandonar los espacios; si con una AN, en esas condiciones, Guaidó pueda sostenerse como presidente interino de la nada; cómo incidiría todo esto en el plano internacional, que reconoce a esta AN y no a la de Parra que quedó ratificada por ese TSJ.
Nada extraño sería, que el régimen pretenda minar a la oposición; incluso, ofrecer financiamiento de la campaña por el solo hecho de legitimar a Maduro. ¿Puede conseguir la oposición una bancada tan determinante como la obtenida en 2015? Son varias las razones para creer que no. El oficialismo tiene mucho más que perder en esta oportunidad: se juega su permanencia en el poder con Maduro a la cabeza.
Enumeramos, entre algunas existentes para 2015 y otras sobrevenidas, las siguientes: a) Ellos tienen 19 gobernaciones, el Distrito Capital, más de 300 de las 335 alcaldías y una cantidad similar de concejos municipales; además todo el aparato burocrático del poder central, con sus recursos que -sin asco- destinarán a la campaña. b) Créanme que no habrá una real depuración, ni serias auditorias de esa caja negra que es el Registro Electoral. c) Casi todos los medios de comunicación estarán a la disposición del poder absoluto de esta dictadura. d) Vendrán los observadores internacionales de sus países aliados en el mundo. Por otro lado, tenemos: a) Más de 3 millones de votantes afuera y b) El rechazo interno y apatía a esas parlamentarias, porque no hubo el cese de la usurpación o unas presidenciales prometidas, nos llevaría una degollina. Este no es el mismo panorama de 2015.
Si no las reconocemos y no vamos, nos quedarían algunas cosas bien importantes: no legitimamos a Maduro; seguiría entretanto una presidencia interina con una AN con legitimidad y un contrapeso a la chimba que elijan; el respaldo popular e internacional; y, por encima de todo, nuestra dignidad.
Todo esto responde a una perversa estrategia de esta dictadura, en su propósito hegemónico; tendrían una nueva AN que barnizaría de una falsa institucionalidad democrática al régimen y los países aliados de la oposición dejarían de serlo. De Guaidó ni se diga. Entregaríamos la joya de la corona.