De criminales a pacificadores

El presidente Gustavo Petro y el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso / Foto Presidencia de Colombia

La propuesta del gobierno no ha podido ser más atrabiliaria: los antiguos guerrilleros y paramilitares están siendo habilitados en Colombia como gestores de paz.

La idea es que los maleantes y asesinos contribuyan “con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz colombiano y promover acuerdos y acciones humanitarias”. En esta nueva ocasión –que no es la primera– hablamos de 18 comandantes paramilitares a quienes se otorgan beneficios judiciales para ser incorporados a las mesas de negociaciones de la Paz Total de Colombia. 

Ya en septiembre cuatro guerrilleros pertenecientes al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC también tuvieron la misma suerte. Estos tenían ya meses en prisión luego de haber sido detenidos en Santo Domingo y Barbosa en Antioquia transportando dinero y equipo bélico. El decreto señalaba que la excarcelación estaría evidentemente acompañada de la suspensión de las medidas penales judiciales correspondientes.

Ahora, en el caso de los paramilitares, estamos refiriéndonos a varios de los fundadores de las AUC y jefes de la organización paramilitar a quienes se otorgarán los mismos beneficios. Uno de ellos es Salvatore Mancuso, quien detiene esa condición desde hace año y medio dentro del proyecto de Paz Total encabezado por el presidente Petro. Mancuso llevaba dos décadas pagando prisión en Estados Unidos, habiendo retornado a su tierra a inicios de este año. Con los nuevos “pacificadores” no hay cese al fuego negociado ni entrega de armas porque se trata de actores alejados de los centros de terrorismo en los que militaron. De ellos se espera lo que nunca estuvieron inclinados a ofrecer ni a ejercer: reconciliación, reparación, sugerencias y aportes para desmontar organizaciones criminales. Sin embargo, en algunos actos públicos, Petro se hace acompañar del ex líder de las Autodefensas de Colombia, Salvatore Mancuso. 

La controversia en el país es grande y pasa por lo moral y lo legal, terreno en el que la disputa es de envergadura. Dice el diario El Colombiano: “En el caso del Tribunal de Barranquilla, el magistrado Carlos Andrés Parra, argumentó que la libertad del exjefe criminal (Mancuso) daba apariencia a un indulto… al menos en su despacho, Mancuso tiene más de 34.000 crímenes de la mayor gravedad”. Ello conllevaría a “una excarcelación ilimitada e incontrolada de un reo al que se le han impuesto múltiples medidas de aseguramiento por delitos graves”. 

Lo que está en juego es la coherencia de todos los procesos de paz iniciados durante el gobierno de Petro. Coherencia en el interior de cada uno y coherencia entre todos ellos.  La defensora del pueblo, Iris Marín, ha hecho un llamado a todos, a los grupos armados y al gobierno, para insistir en una salida dialogada a la confrontación armada. Pero al propio tiempo la funcionaria los insta a mantener coherencia entre los pronunciamientos públicos y sus acciones.

El tema se encuentra en desarrollo sin que podamos avizorar una pronta salida toda vez que existe un serio conflicto de competencias entre órganos judiciales. Lo que explica la nueva y desequilibrada propuesta del presidente es que a Gustavo Petro la flauta no le está sonando para ninguno de los proyectos que ha acometido desde el inicio de su gestión. Más bien el mandatario tiene una buena cantidad de frentes abiertos en temas vinculados con corrupción de sus más cercanos colaboradores y de su familia, además de señalamientos de hechos igualmente corruptos dentro de su propia campaña electoral. Pero como dicen muchos en la vecina tierra neogranadina, Petro pareciera ser víctima de una adicción: se le da mejor la controversia que la calma… y sin duda que estamos frente a una propuesta temeraria y cuyo costo puede ser elevado no solo para el cordobés. Va a tener un costo elevado para Colombia.