Arancha González Laya, canciller de España
La visita de la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha Gonzalez Laya, a la frontera colombo-venezolana se está dando en un momento muy álgido del posicionamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro.
La canciller, que funge además como ministra para la Unión Europea, llegó hace un par de días en visita oficial a Colombia con la intención de tratar temas bilaterales entre España y Colombia. Dentro de su agenda, además de los tópicos usuales que tienen que ver con comercio y cooperación, el gran tema a abordar es el de las migraciones venezolanas a suelo neogranadino. González Laya lleva el encargo de mirar de cerca el recién promulgado Estatuto de Protección Temporal a los Migrantes emanado del Ejecutivo colombiano y de observar con ojos propios la situación fronteriza entre los dos países dado el importante rol que España ha jugado y desea jugar dentro de la binacionalidad.
El telón de fondo de esta visita es el drama que le toca enfrentar al país vecino originado por un flujo descontrolado de más de millón y medio de migrantes desde Venezuela, situación que agrava la comprometida circunstancia económica y social colombiana, impactada duramente, además, por el desarrollo de la pandemia dentro de sus fronteras.
Le está tocando a Claudia Blum evidenciar, ante la ministra española y sobre el propio terreno colombiano, el tenor de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas y sus consecuencias. Ya sabemos lo que el Palacio de Nariño piensa del régimen de Nicolás Maduro. El Tiempo de Bogotá hace pocos días entrecomilló la opinión de Blum -que es la de su país- cuando afirmó: “Estamos frente a una dictadura criminal que no merece concesiones», y cuando señaló que la Corte Penal Internacional debe “asumir investigaciones formales sobre esos crímenes, para evitar la impunidad».
Hoy, después de día y medio de intenso trabajo introductorio en la capital entre las dos jefas de la diplomacia colombiana y española, se acercaron a la frontera de Cúcuta con el fin de permitirle a la funcionaria española pulsar el ambiente en lo atinente a la avalancha de refugiados que a diario siguen atravesando la línea divisoria entre los dos países, para escapar de las condiciones de vida y la ausencia de libertades que imperan del otro lado.
El desastroso ambiente dentro del cual tienen lugar esas inhumanas y masivas migraciones, por sí solo, será capaz de prender las alarmas de una funcionaria que aunque se encuentra bien informada sobre el descalabro venezolano, le toca mirar nuestros asuntos desde la distancia y con la benevolencia y permisividad con que los rodea el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Otro elemento viene a completar el cuadro. Como ministra española de la Unión Europea le ha tocado a González Laya empaparse del atrabiliario episodio que está en pleno desarrollo: la expulsión de Venezuela por parte del Nicolás Maduro, de la embajadora de la Unión Europea en suelo venezolano, Isabel Brilhante Pedrosa. Esta es una acción encaminada a vengar las sanciones impuestas por Bruselas a un conjunto de 19 altos personeros del régimen por «violación de derechos fundamentales». Entre ellos hay jueces, políticos, miembros del Consejo Nacional Electoral y militares de alta gradación, implicados en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, el cual es desconocido por los europeos. Con ello acaba de engrosar hasta 55 la lista de individuos sancionados por la UE, que manejan responsabilidades claves en el régimen.
Más allá de ponerse en contacto con la descomposición que impera en las relaciones entre los dos países y de los dramas envueltos en las migraciones, toda esta visita será una muy oportuna ocasión para ilustrar con detalle a un alto funcionario del gobierno español y de la Europa de los 27, sobre cada uno de los elementos de la presencia del régimen madurista en este importante eje regional y lo mucho que el crimen, el narcotráfico y el terrorismo están involucrados en esta flagrante realidad.
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