Las fuerzas democráticas no han podido, durante todos estos años de lucha, construir una confluencia político-orgánica sustentable en el tiempo. Se ha ensayado con diversas instancias unitarias, pero a pesar de algunos avances notorios y provechosos en su momento; esos intentos fueron devorados por la acción de las fuerzas centrífugas de la discordia, los particularismos, la incapacidad de afrontar y resolver de manera constructiva las diferencias naturales existentes en un ecosistema diverso cómo lo es la oposición democrática.
Hoy estamos en presencia de un nuevo intento unitario que esperamos logre conjurar los errores y carencias de las anteriores experiencias. Es la alianza electoral surgida al calor del virtuoso proceso de primaria del 22 de octubre del 2023 entre María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, que ha logrado sortear con éxito los obstáculos puestos por el régimen para evitar la participación de la oposición democrática en los venideros comicios presidenciales. Edmundo González es por acuerdo unánime el candidato de la alianza; que de resultar vencedor presidirá un gobierno de transición para sentar las bases hacia la superación de la crisis humanitaria, la reconstrucción y reinstitucionalización del Estado.
La probabilidad cada vez más real de que esa candidatura presidencial resulte ganadora en los comicios del 28 de julio le plantea a esa alianza muchos retos y demandas. Entre ellas las de dar el salto de calidad de pasar de alianza electoral a coalición de gobierno porque así lo requiere la nueva realidad naciente del triunfo electoral: la responsabilidad de gobernar una sociedad urgida de un cambio positivo que revierta y supere los retrocesos civilizatorios, institucionales y sociales producidos por la gobernanza chavista durante el último cuarto de siglo y siente las bases para la construcción de una sociedad libre, próspera, justa y segura.
No se trata simplemente de sustituir un gobierno por otro sino de un cambio de régimen. Tarea que podemos calificar de ciclópea por la magnitud y calado de los cambios a realizar, también por los previsibles obstáculos que opondrán los sectores desplazados del gobierno (Poder Ejecutivo) que no de otros poderes del Estado y poderes fácticos para obstruir y sabotear la gestión del gobierno de transición y abortar el cambio de régimen.
El eventual gobierno de transición y los que le sigan (los retos y objetivos planteados requieren para su consecución de más de un período constitucional) demandan para su viabilidad, continuidad y sostenibilidad que el sujeto político que los integre y dirija políticamente sea una amplia coalición de gobierno con sentido estratégico y de largo aliento basado en un proyecto político –programático común vertebrador de los diferentes sectores políticos, ciudadanos, sociales partidarios del cambio.
Ser una coalición de gobierno y actuar como tal puede contribuir a dotar de la actitud proactiva necesaria a la convergencia de las fuerzas democráticas para construir el poder político y orgánico necesario para todo lo que viene después del 28 de julio. La existencia de un centro dirigente cohesionado y fuerte será un recurso valioso e indispensable.
La unidad con visión estratégica de los sectores democráticos es capital para facilitar una transición negociada o no desde un régimen dictatorial y para la gobernabilidad y sostenibilidad del nuevo régimen post autoritario.
El modelo de convergencia más acorde con el contexto venezolano actual y las exigencias de la transición y el nuevo régimen a construir tiene más similitudes, guardando las distancias del caso, con la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó en Chile desde 1990 al 2010 que con nuestro Pacto de Puntofijo de 1958.