Cerrando el año 2020 es indispensable para los ciudadanos venezolanos la gran pregunta de ¿cómo y cuándo resolveremos la profunda crisis tanto económica como social y política, en la cual nos debatimos desde hace casi 40 años?, proceso de deterioro estructural que nuestras élites no han sido capaces de solucionar, al no haber acordado las medidas que hay que tomar.
Fenómeno que ha sido debatido una y otra vez, a partir del episodio del Viernes Negro, suceso ocurrido durante el gobierno de Luis Herrera Campins en febrero de 1983, momento en el cual estalla en mil pedazos la ilusión de la fortaleza del bolívar, extraordinario símbolo de la política rentista que se realizó durante décadas apoyada por los dividendos de la industria petrolera.
Sucesos que estremecieron de tal forma a la sociedad venezolana que condujeron a una discusión pública crítica, en el partido de gobierno, sobre las medidas que se debían tomar para superar el proceso de deterioro que se avizoraba, el cual apuntaba al estancamiento y posible retroceso en la economía y en el gasto social, se identificaba con claridad el carácter estructural de la situación.
Se dice que durante los meses finales del gobierno del presidente Herrera hubo ruido de sables, clásica expresión en nuestra nación de la inconformidad en la comunidad con el desempeño gubernamental, rumor que pronto la transición al nuevo gobierno adeco, conducido por Jaime Lusinchi, disipó.
Pendientes de las soluciones al surgimiento de las manifestaciones de estancamiento económico, expresadas en la pérdida de la capacidad adquisitiva del bolívar, pero presentes también en la lenta pero significativa reducción del gasto público y especialmente de la inversión social, los venezolanos consumimos 15 años de gobierno sin resultados efectivos.
Ignorar la magnitud del fenómeno de descomposición económica, social y política que pausadamente nos acompañaba, es una de las incógnitas que aún están por despejarse, porque sobraron las manifestaciones de conflicto, tanto civil como militar, el Caracazo, los alzamientos militares de 1992, que señalaban con claridad que habían concluido los tiempos de la Gran Venezuela.
En estas contradicciones quedó envuelto el segundo gobierno del presidente electo Carlos Andrés Pérez, con el infeliz final de su destitución y sanción, en buena medida fue víctima de sus limitaciones en la comprensión del conflicto que se gestaba en el interior de la República.
Y es en el interior de este abigarrado conjunto de factores de descomposición donde se desarrolla una propuesta autoritaria, la cual como en cualquier época de nuestra historia convoca al poder militar, impulsada fundamentalmente por los sectores económicos que medraron durante años de los privilegios logrados mediante el acceso al gobierno puntofijista.
Como podemos apreciar, estimados lectores, los problemas económicos, sociales, culturales y políticos del día de hoy son mucho más graves que los de ayer, sigue presente la gran pregunta de cómo y cuándo los resolveremos.
Porque los 20 últimos años de actividad política y de desempeño gubernamental (chavo-madurista), caracterizados por la centralización del poder y el olvido del desarrollo productivo, nos han conducido a la catastrófica situación de la corrupción del Estado y a la miseria de la población.
Por lo que resulta imposible ignorar que nuestra nación, poseedora de inmensos recursos naturales, como producto de los graves errores económicos y políticos de sus conductores se encuentra empobrecida y devaluada.