Los ciudadanos asisten con cierto grado de confusión a diversos esquemas de prestación de los servicios públicos. En ocasiones son organizaciones de propiedad pública. En otros privada. Países con igual grado de desarrollo económico y población semejante, prestan servicios a sus ciudadanos con mayores grados de satisfacción que otros de culturas semejantes. Podemos observarlo en Europa y también en América, donde las diferencias son más acusadas.
Analizando situaciones como la de Argentina o Brasil, llegamos a conclusiones diferentes. En el primer caso, un país con un grado de desarrollo medio y con carencias importantes en materia social, aunque no de libertades públicas, los actuales gobernantes amenazan con prescindir de miles de empleados públicos. Más allá de la idoneidad de sus procesos selectivos, con frecuencia preñados de politización partidaria, es indudable la prestación de servicios públicos, que ahora tras las medidas anunciadas pueden simplemente desaparecer, lo que puede suponer mayor grado de injusticia social o simplemente peor asistencia a los ciudadanos necesitados de servicios públicos. Otros factores frenan tales medidas drásticas, como el juego de las mayorías parlamentarias en las dos Cámaras del país austral, que obligará al gobierno del presidente Milei a transar y a adoptar medidas políticas y económicas con un mayor grado de consenso de las fuerzas políticas.
En Brasil, desde la asunción, tras muy reñidas elecciones, del presidente Lula parece estar sucediendo lo contrario: van eliminándose medidas privatizadoras y recuperándose políticas socialdemócratas características del país mayor de América del Sur y cuyos resultados fueron seguidos con gran interés por numerosos países en vías de desarrollo.
La cantidad de servicios públicos y de presencia directa del Estado en la sociedad, se debe relacionar por supuesto con la voluntad de los ciudadanos, pero cada vez más resulta necesario recordar que las tres rúbricas esenciales son la sanidad, incluyendo la salud pública, la educación y el sistema de pensiones. Durante los años ochenta del pasado siglo hizo fortuna la apuesta de distinguir al proveedor de los servicios que podría estar en manos de una empresa privada y el Estado, haciendo una diferenciación entre el agente y el principal. Ha resultado con frecuencia que las actividades de control encargadas al principal, el Estado, han desembocado en un fiasco considerable. En otros casos, el resultado ha sido razonablemente positivo.
De manera que resulta obvio que el Estado no puede desarrollar todas las actividades y en consecuencia procede encargar mediante los concursos y contratos correspondientes sometidos a fiscalización, la provisión de bienes y servicios, pero debe invertir también en el adecuado control. Este control debe tener los medios y dimensión adecuada para hacer bien su trabajo, de forma que no se encuentre frente a la gran suministradora de servicios como una hormiga ante un elefante.
Se atribuye a Willy Brandt la frase “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Como ha señalado Oscar Oszlak urge encontrar un equilibrio.
La Unión Europea ha encargado a Mario Draghi un Informe sobre productividad europea. En sus primeras ideas expresadas, Draghi defiende un mayor intervencionismo del Estado con ayudas a las empresas y una relajación de las reglas de la competencia y se pronuncia por la idea de la agonía de la globalización.
La intervención del Estado en las grandes empresas consideradas estratégicas es otro de los aspectos de relevancia sobre los que conviene reflexionar. El caso de Telefónica en España es paradigmático: la que fue la gran empresa pública española, dejó de tener participación del Estado a finales de los años noventa del pasado siglo. Francia, Alemania, Italia, tienen importantes participaciones en las grandes empresas tecnológicas. Ahora un fondo de inversión del gobierno de Arabia Saudita intenta comprar casi el diez por ciento de la multinacional española y el gobierno actual ha decidido comprar directamente otro diez por ciento, amparándose en la condición estratégica de esta multinacional tecnológica.
Atendiendo a las circunstancias históricas de los países, lo más relevante es que la prestación de servicios funcione adecuadamente, porque existen múltiples diferencias en cuanto a la propiedad de las empresas prestadoras de servicios públicos. Lo importante pues es que el ciudadano este satisfecho con sus servicios públicos. Y como se desprende directamente del análisis de los tiempos en que vivimos, los Estados deben estar presentes en los ámbitos tecnológicos, cada día más indispensables para el bienestar de los ciudadanos. En el ámbito de las administraciones debe apostarse, parece imprescindible, por la inteligencia institucional como paso previo a la absorción de la inteligencia artificial (Ramio, 2024).
La solución no consiste en que el Estado preste directamente todos los servicios públicos, sino que cuando estos puedan ser prestados por entidades privadas, se ejerza sobre ellas el necesario control para que no merme para los ciudadanos la calidad de los servicios.
@velazquezFJ1