Cuando lleguen las nuevas tecnologías al derecho venezolano

Si bien el derecho venezolano se encuentra “atrapado en el momento” como corea la canción de U2, no podemos perder la pista a las cosas tan interesantes que están desarrollándose a nivel mundial, porque en algún momento tocará incorporarlas a nuestro sistema. La fusión que se está apreciando entre las nuevas tecnologías y el derecho es algo que merece mención, puesto que, si bien en este instante resulta inviable su implementación no solo por el costo que representa y que pocos se atreverían a asumir en un país sin seguridad jurídica, sino porque además en este momento sería inútil porque sin Estado de Derecho no servirían de nada, no cabe duda de que llegará el día en que tengamos que comenzar a adaptarnos al aparataje del siglo XXI del cual todavía no formamos parte.

La llegada de Internet ha sido un suceso clave en diversos procesos administrativos, civiles, judiciales y parlamentarios. Al menos desde el año 2002, es posible observar el uso del término e-governance, que no es más que la fusión que dieron los anglosajones al gobierno desarrollado electrónicamente, visto como la formación de actuaciones administrativas a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)[1].

Pero esto no es liderado por las grandes potencias, Estonia es probablemente el único país en el mundo donde 99% de los servicios públicos son accesibles online las 24 horas del día los 7 días de la semana, bajo el nombre de e-services o servicios electrónicos y solo están vedados al matrimonio, el divorcio y operaciones inmobiliarias[2].Se afirma que Estonia ha alcanzado un nivel de transparencia gubernamental sin precedentes a través de un sistema digital flexible y conveniente, generando confianza en su “sociedad digital”, ahorrando horas de trabajo y creando un “ambiente libre de problemas” para las empresas y los emprendedores. Incluso han implementado el llamado Government Cloud o Gobierno en la Nube que provee una base para la solución de los servicios públicos accesible para los ciudadanos desde cualquier lugar, haciendo de Estonia el país más digitalizado del mundo[3]. Dubai no se queda atrás y desde hace más de una década viene desarrollando el denominado Dubai e-government project, con el fin de que todos los servicios de su gobierno sean prestados a través de las nuevas tecnologías, las cuales son constantemente ajustadas para mantenerse a la vanguardia del gobierno electrónico.

Si bien el gobierno chavista llegó a sumarse –durante la primera década del régimen– a la tendencia de la llamada “administración telemática”, su implementación solo ha servido para hacer de la actuación de la administración pública y de la prestación de sus servicios, algo completamente oscuro, puesto que el acceso a la información se maneja desde una óptica arbitraria y abusiva, lo cual, sumado al control de todos los poderes públicos (en especial el judicial), hace inviable el ejercicio de los instrumentos constitucionales como el habeas data, lo que nos impide acceder a cualquier información administrada por el chavismo. Las TIC han sido utilizadas para manejar información de los demás, pero nunca para rendir cuentas, puesto que, tal como indica la ONG Transparency International “…cuando los ciudadanos pueden acceder a hechos clave y data de los gobiernos, es más difícil ocultar los abusos de poder y otras actividades ilegales”[4].

En un país normal es posible formalizar solicitudes administrativas desde casa, simplemente “subes todo” al sitio web del ente u órgano y de allí en adelante esperas su resolución, lo mismo está ocurriendo con el sistema de administración de justicia, donde países como Canadá admiten el ejercicio de procesos judiciales a través de Internet en casos de cuantías bajas, haciendo del acceso a la justicia algo más realista y efectivo para casos que serían económicamente inviables para la mayoría de los afectados.

Pero eso es noticia vieja, lo que está ocurriendo hoy es mucho más interesante, puesto que con la llegada de blockchain se abre una gama infinita de posibilidades para desarrollar el derecho y los servicios del Estado a través de medios incorruptibles. Blockchain suele considerarse en términos genéricos como una tecnología, pero más concretamente podemos verla como un registro descentralizado para almacenar datos verificados sin la necesidad de un intermediario[5], para Bambara J., se trata de una tecnología que proporciona más seguridad, trazabilidad y transparencia, disminuyendo además los costos.

Cuando examinamos esto, lo primero que viene a la mente es un registro público, bien para data civil como para temas inmobiliarios o mercantiles, lógicamente esto no tiene sentido de ser implementado en este momento en Venezuela porque al chavismo no le conviene hacer de sus registros algo “inhackeable”, solo imagínense lo inconveniente que sería que la partida de nacimiento de algún funcionario deba ser destruida pero que esa violación de seguridad quede específicamente detectada.

Pero esto va mucho más allá, temas como licitaciones y concursos se podrían desarrollar a través de cadenas de bloques que hagan inviable su violación y manipulación; podríamos poner fin a muchos de los guisos de los tribunales, donde la designación aleatoria de los jueces no se cumple, los expedientes desaparecen o donde una sentencia es publicada, pero nadie la ha visto en físico porque el magistrado no la facilita.

De momento tenemos la simpática figura del smartcontract o contrato inteligente, que en realidad son algoritmos computarizados que permiten la ejecución automática de un contrato[6], es decir, el contrato que uno suscribe queda atado al sistema computarizado y al algoritmo creado en cadena de bloques, lo que permite que, al momento de verificarse el supuesto previsto en el contrato, este se ejecuta. Desde 2017 la aseguradora francesa AXA está utilizando el smartcontract para seguros de viaje, cuando el vuelo se cancela o tiene un retraso, el sistema lo detecta (todo está conectado) y la indemnización se deposita inmediatamente en la cuenta bancaria del afectado, no hay que presentar reclamos, no hay que sufrir ante la aseguradora, el contrato se ejecuta porque el sistema sabe lo que ocurrió.

La única duda que tengo es, cuando lleguen las nuevas tecnologías a nuestro orden jurídico, ¿de qué van a vivir los políticos y burócratas?