El escándalo en España por la corrupción de funcionarios de alto rango, en el que están implicadas autoridades venezolanas, ha llamado la atención sobre la gravísima situación de delincuencia organizada transnacional de la que somos víctimas los pueblos de ambas naciones: bien porque han actuado bajo el amparo de las instituciones del Estado o, más grave aún, porque es desde el máximo nivel de gobierno que se promueven o consienten delitos con absoluta impunidad y desfachatez en muchos casos.
Una de las grandes preocupaciones de todos los tiempos ha sido la estructuración de la delincuencia a nivel nacional. Primero las mafias en los países desarrollados y después las bandas o los carteles en los otros para llevar a cabo actividades distintas, pero quizás más graves, como el narcotráfico.
En las últimas décadas, sin embargo, la preocupación ha sido mayor, toda vez que esas actividades traspasaron las fronteras e involucraron a varios Estados, lo que ha obligado a una lucha conjunta de todos que llevó, en el año 2000, a adoptar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo.
En la Convención de Palermo se define al núcleo delictivo organizado “como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”. Se refiere la convención a la corrupción y al blanqueo de capital producto del delito.
Ese texto de la Convención de Palermo ha sido mencionado en los últimos tiempos, incluso como un mecanismo para salir de la dictadura en Venezuela. En realidad, es un instrumento de cooperación para que los Estados adopten medidas y colaboren para enfrentar la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando encontramos casos como el de la corrupción en España, vemos que su aplicación tiene limitaciones, más cuando se trata de la organización criminal desde el poder.
Los demás Estados solo podrán actuar si el Estado de origen lo solicita y les envían la información que se requiere para combatir y sancionar el delito. Por supuesto, no es fácil ver a la Fiscalía de Venezuela ni a la Cancillería de Maduro enviar la información necesaria para detectar el delito, a los responsables, los capitales y buscar incluso el decomiso del producto de tales acciones.
Estamos ante un Estado forajido que incumple con sus obligaciones internacionales, pero más grave aún, que es sujeto activo en operaciones delictivas transnacionales que no se limitan a la pequeñez de varios millones que se llevaron en maletas a España para que algunos de acá y de allá se beneficiaran, sino al tráfico de drogas, al tráfico de metales preciosos y estratégicos que, además de contrariar los regímenes legales internacionales sobre esas materias, afectan las relaciones políticas, financieras y el comercio mundial, incluidas por supuesto la seguridad y la soberanía de otras naciones.
Imposible imaginarse hace unos años que un régimen pudiera utilizar el Estado para actuar ilícitamente y cometer delitos que no son fáciles de sancionar y sus autores de llevar a la justicia, al menos por ahora.
La comunidad internacional debe en su conjunto buscar la aplicación urgente de la Convención de Palermo, toda vez que el crimen transnacional corrompe y afecta de manera multidimensional a las sociedades y a los gobiernos que involucra. Para ello sería deseable incorporarla a las estructuras ya existentes como la OEA y los diferentes mecanismos de integración que existen en el continente.