¿Cuál verdad? (II)

Señalábamos en el artículo anterior la importancia de este informe recopilado por el Centro Democrático, su importancia no es solamente histórica, sino mucho más destacado, política, debería ser un instrumento fundamental en la guerra cultural contra la inversión de la realidad que pretende la izquierda al querer imponer una “verdad” histórica manipulada con la finalidad de exculpar a los narcoterroristas criminales de lesa humanidad de las FARC y cargarle toda la responsabilidad de la violencia que sufrió el país al Estado. Continuamos en este artículo una sucinta revisión de tan vital documento.

La senadora María Fernanda Cabal -una líder que habla claro y no tiene miedo a enfrentar al progresismo sin someterse a lo políticamente correcto- hace un importante aporte al reseñar la omisión de la verdad por parte de de Roux y sus camaradas como lo que efectivamente es: una injusticia. Señala con acierto como el acuerdo de entrega del país a las FARC significó un enorme derroche para favorecer a esos criminales:

“Todo ese llamado sistema de “justicia” les ha costado a los colombianos entre 2017 y 2022, la friolera de 2.286.166.899.432 dólares. Son 2 billones de pesos, para ver a los criminales que firmaron eso que llamaron la paz, en las calles en la impunidad o en el Congreso haciendo leyes para sus víctimas que no han sido atendidas porque esa es una verdad que incomoda”.

Refiriéndose más específicamente a la comisión comunista declara: “Esa comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda, de la ONG Justicia y Paz, que también es del cura Javier Giraldo”.  Para cabal al crearse una comisión que elabora un informe a la medida de los victimarios “revictimiza a los que fueron objeto de violaciones de los derechos humanos por parte de las FARC”.

Concluye señalando el verdadero objetivo de la comisión: “Veo a la Comisión de la Verdad presidida por el cura Francisco de Roux que comparte la ideología marxista, de la teoría de la liberación, creando una plataforma doctrinaria para torcer la verdad y engañar a las nuevas generaciones”.

El exministro de Defensa Diego Molano revisa el informe desde la perspectiva de la Fuerza Pública.  Comienza por señalar algo obvio pero que ha sido negado por la izquierda: “La Fuerza Pública la que cumple su misión con apego a la ley, las normas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo cual responde a la política de Estado que se ha tenido”. Lo que no señala la comisión de Roux y que es una verdad inobjetable es que:

“Son los grupos armados ilegales como las FARC, los que sí han tenido un ejercicio sistemático para aniquilar a la Fuerza Pública. No se han apegado a los derechos humanos ni al Derecho Internacional Humanitario. Por el contrario, desde sus cabecillas tuvieron una instrucción criminal que se financiaba del narcotráfico, del cual estaban a su servicio para cometer todo tipo de atrocidades”.

La senadora Paloma Valencia hace una revisión del rol de la Comisión de la Verdad apuntando que “El informe de la Comisión de la Verdad sobre el denominado Conflicto Armado en Colombia es la historia escrita desde una sola perspectiva, y, en mi opinión, con un propósito político; exculpar el aparato criminal de la izquierda”. El primer gran error de la comisión es equiparar a la Fuerza Pública con el narcoterrorismo. Prácticamente no menciona la legitimidad de la lucha del Estado contra la criminalidad. Analiza el sesgo con el que se seleccionaron los comisionados, casi todos activistas o intelectuales de izquierda. Obviamente una comisión así conformada tuvo un sesgo en la selección de los testimonios.  Pero quizás el más grave error de la comisión es que “sorprende que no haya hecho un ejercicio preciso sobre el narcotráfico como el combustible de la violencia en Colombia. Concluye Paloma Valencia afirmando algo increíble por parte de esa ilegítima comisión: “Por eso, sorprende que la Comisión pretenda cuestionar los mecanismos con los que hemos enfrentado el narcotráfico”.

El exfiscal Néstor H. Martínez se aboca a hacer un enjundioso análisis de por qué Santrich no fue entrampado, como lo hace querer ver para justificar la continuación del delito de narcotráfico de las FARC la comisión de las FARC digo de la verdad de Roux. José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara se hace una pregunta muy valedera: ¿Por qué vale más una mata de coca que la pierna de un soldado? El abogado Víctor Mosquera examina las falsedades afirmadas por el informe respecto a los “falsos positivos” y concluye: “Es un sinsentido que mediante su informe la Comisión pretenda instaurar una realidad histórica tergiversada y acomodada a una ideología política determinada”.

Jorge Enrique Vélez examina un aspecto crucial de la historia colombiana y de la inversión de la realidad siguiendo la estrategia marxista por parte de de Roux y sus camaradas con respecto al problema de la tierra en Colombia, en efecto asevera: “Los grupos y movimientos generadores de violencia en nuestro país siempre han visto la tierra como un botín de guerra y un pretexto para apropiarse de ella y promover diferentes modalidades de lucha, pacíficas y violentas”. Luego de un minucioso análisis registral concluye que: “Después de mostrar este estudio de lo que fue el despojo de tierras en Colombia no se puede llegar a conclusiones que dio la Comisión de la Verdad, donde solo vio una parte de la historia y se refirió al despojo material y al desplazamiento de comunidades en el territorio nacional”.

La exministra Nancy Patricia Gutiérrez hace un enjundioso análisis de las recomendaciones de la ideologizada comisión respecto a tres aspectos fundamentales de la lucha política: la reforma política y electoral, la política de diálogo y sometimiento con grupos ilegales y garantías políticas para líderes sociales. La comisión parte de justificar los conflictos armados que ha tenido Colombia, por la inequidad y la exclusión política, lo cual es falso, ellos han sido determinados por la orden del régimen marxista cubanos de desestabilizar la democracia vía la subversión, al igual que ordenó finalizar esta y buscar el poder por la vía del engaño de la estrategia del Foro de Sao Paulo.

Con respecto a la reforma política muy atinadamente señala:

“Se concentra en defender figuras introducidas en el acuerdo firmado con las FARC como la gran estrategia que mejora la democracia, ignorando la realidad de un país fraccionado por quienes defendieron un acuerdo que dejó impunidad y burló a millones de víctimas y que desconoció a la mayoría ciudadana que rechaza la violencia y el uso de las armas en la política; que exige aplicación de justicia, verdad, reparación a las víctimas y garantía de no repetición de hechos que atentan contra la integridad y los derechos de millones de personas”.

Con respecto a la política de diálogo de nuevo parte la comisión con “el fundamento errado: señalar al Estado como responsable del conflicto, por no satisfacer las necesidades de la población, por inequidad e injusticia social, por exclusión social y política, por estigmatizar a comunidades que defienden y reivindican sus derechos y por usar la violencia para detener la democracia”. Finalmente analiza Gutiérrez que “el argumento errado de la propuesta para las garantías de líderes, defensores y opositores, es que son eliminados en razón a sus causas y que el Estado poco hace por su protección”. Concluye que: “El Estado tiene instituciones, programas y procesos orientados a la protección Reforma política y electoral, política de diálogo y sometimiento con grupos ilegales y garantías políticas para líderes sociales de líderes y defensores de derechos humanos, en los que la acción de la fuerza pública, dentro del sistema de respuesta a las alertas tempranas es fundamental, máxime cuando se conoce de amenazas advertidas por la Defensoría del Pueblo, generadas por los grupos que controlan economías ilícitas”.

Vemos pues con esta somera revisión de algunos artículos el daño que hace la comisión al querer encubrir a los criminales de lesa humanidad de las FARC, querer culpar al Estado de la violencia perpetrada por estos y más aún querer imponer una “verdad” impostada a favor de la guerrilla, estrategia típica de los regímenes totalitarios de izquierda y no de un proceso de análisis histórico ceñido a la “verdad” factual encontrada. Seguiremos reseñando tan importante documento que desenmascara al cura comunista de Roux y sus adláteres.