Foto: EFE
Las presidenciales del 28J no sirvieron para superar la crisis política. El CNE dio como ganador a Nicolás Maduro, pero Edmundo González afirma que las actas que tiene en sus manos le dan a él la victoria. El Centro Carter evalúa el proceso como una elección no democrática en la que se presentaron unos resultados totales, sin desglosarlos por mesas de votación que dejen claro de dónde salieron esas cifras. Ante las denuncias de fraude electoral, Nicolás Maduro presentó ante el TSJ un recurso contencioso electoral que prolongará el conflicto político, y así no habrá condiciones ni incentivos para la inversión productiva.
La crisis política y el recrudecimiento de las sanciones internacionales hará muy difícil sostener la política de estabilización con la que el gobierno logró reducir el déficit fiscal, la emisión de dinero inorgánico, desacelerar la inflación, mantener estable el tipo de cambio y proyectar a Venezuela como uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina.
La prolongación de la crisis política tiende un manto de incertidumbre sobre la economía. Si la comunidad internacional desconoce el resultado, se repetirá otro período presidencial signado por sanciones económicas y aislamiento internacional. La tensión diplomática repercutirá sobre el comercio exterior y las inversiones extranjeras. Si no se resuelve el conflicto político reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos, la actividad económica se estancará y el país puede caer de nuevo en una profunda y prolongada recesión económica que recrudecerá la migración.
Dificultades para mantener el anclaje cambiario
En 1999, Venezuela extraía 3,1 millones de barriles de petróleo diarios. En agosto de 2024 la cifra es de solo 851.000. En la próxima década, Venezuela necesita captar inversiones por 100.000 millones -a razón de 10.000 millones cada año- para aumentar la producción en 100.000 barriles al día adicionales, hasta llegar a 2 millones de barriles diarios en 10 años.
Pero las sanciones financieras, petroleras y comerciales limitan las inversiones en petróleo y obligan a Pdvsa a vender los crudos a través de intermediarios, con ruinosos descuentos que han llegado al 40%. Si se endurecen las sanciones petroleras se desplomará el ingreso en divisas, el BCV no podrá abastecer el mercado cambiario y el precio del dólar se desbordará. De hecho, ante la prolongación de la crisis política, la demanda de divisas está aumentando y el BCV se ha visto forzado a vender más dólares en momentos en que las reservas internacionales registran mínimos históricos.
Impacto inflacionario de la depreciación
Una depreciación menor a la inflación trae como consecuencia la apreciación del tipo de cambio real. El cambio oficial es de 36,63 Bs/$, pero la tasa real que se ajusta por inflación está en 120 Bs/$. Este abaratamiento de la divisa estimula una mayor demanda y ejerce presión sobre el tipo de cambio.
El gobierno ha priorizado el uso de la política cambiaria como instrumento de su estrategia antiinflacionaria. Combina el anclaje cambiario con la exoneración de aranceles para abaratar las importaciones y desacelerar la inflación, por eso posterga el ajuste cambiario.
Para anclar el precio del dólar se ha reducido la emisión de dinero sin respaldo destinado a financiar el déficit fiscal. El BCV mantiene una política monetaria muy restrictiva -con 70% de encaje legal- que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo. Esto se traduce en menos bolívares para comprar dólares. Adicionalmente, el BCV inyecta divisas al mercado cambiario para estabilizar el tipo de cambio.
Si se endurecen las sanciones petroleras, el ingreso en divisas se desplomará, el BCV no tendrá reservas para mantener el anclaje cambiario. Así el precio del dólar se desquiciará, arrastrando consigo el desbordamiento de los demás precios. La prolongación del conflicto político y el endurecimiento de las sanciones colocan a Venezuela a las puertas de un nuevo desequilibrio macroeconómico que puede reeditar los años duros de escasez e hiperinflación que ya se creían superados.
Impacto sobre el ambiente de negocios e inversión
Un contexto de sanciones económicas y aislamiento internacional aleja la inversión privada nacional y extranjera. Ni los incentivos de las Zonas Económicas Especiales ni la confidencialidad y protección que otorga la Ley Antibloqueo serán suficientes para captar las inversiones que la economía necesita. Si se endurecen las sanciones es previsible una salida de capitales, toda vez que las inversiones locales tenderán a relocalizarse en otros países. Esto se traducirá en una mayor demanda de divisas, así como un repunte del tipo de cambio y de la inflación, lo cual abortaría el proceso de estabilización y recuperación económica que se venía logrando.
Se advierte que el endurecimiento de las sanciones puede terminar de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de Estados Unidos. Ciertamente, el gobierno de Nicolás Maduro seguirá contando con el apoyo de países como China, Rusia, Turquía e Irán, pero en el actual contexto bélico será un respaldo político, más que un apoyo económico. De hecho, el petróleo ruso está compitiendo con el petróleo venezolano en los mercados asiáticos y China lo compra con grandes descuentos debido a las sanciones por la invasión a Ucrania. El gigante asiático detuvo la inversión en proyectos industriales y de infraestructura en Venezuela y, a lo sumo, ha ampliado los plazos para el pago de la deuda pendiente de 15.000 millones de dólares, pero no ha otorgado nuevo financiamiento. Irán está enfocado en un potencial conflicto bélico con Israel y anunció una dura respuesta tras el asesinato en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. Y Turquía está en una zona altamente sensible que no puede descuidar. Todo esto socava la base de apoyo geopolítico y financiero para mantener la estabilidad macroeconómica de Venezuela, en el corto y mediano plazo.
Impacto sobre el financiamiento de los organismos multilaterales
Venezuela necesita repotenciar los sistemas de electricidad, agua potable, gas y telecomunicaciones, que son un cuello de botella para expandir la actividad económica, así como un obstáculo para mejorar las condiciones de vida en los hogares venezolanos. Pero esto ya no se puede hacer con renta petrolera. En adelante se va a requerir el financiamiento de los organismos multilaterales. Recuperar el acceso al crédito internacional pasa por reestructurar la deuda externa, proceso que exige un gobierno legítimo con muchísima credibilidad, instituciones reconocidas y un gran consenso político para respaldar los nuevos compromisos. Pero un gobierno no reconocido no va a poder reinsertarse en los mercados financieros internacionales para reestructurar la deuda externa que se calcula en torno a 160.000 millones de dólares.
Nueva ola migratoria
En Venezuela, el costo de la canasta alimentaria para cinco personas supera los 500 $/mes. Según un estudio de Ecoanalítica que mide el ingreso individual, 45% de los venezolanos percibe 100 $/mes y solo 7% más de 600 $/mes.
Según Acnur, casi 8 millones de venezolanos han emigrado huyendo de los bajos salarios, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida debido al colapso de los servicios de agua, electricidad y gas. De acuerdo con un estudio de la encuestadora Delphos, ante la pregunta de qué harían si no se resuelve la crisis política, 12% señaló que buscaría la manera de emigrar.
En consecuencia, si la economía se estanca y cae de nuevo en recesión, la falta de empleos estables y bien remunerados recrudecerá el flujo de venezolanos que se marcha al exterior en busca de mejores fuentes de ingreso y condiciones de vida para sus familias.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/f19nb.
@victoralvarezr
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