¿Es acaso la oficina electoral del gobierno el nuevo CNE? Así es, porque sencillamente creemos que no existe un nuevo CNE, que lo que hasta ahora el gobierno ha controlado y manejado no es un Poder Electoral independiente, en el cual se ventilen en forma transparente y constructiva orientaciones y diferencias presentes en la dirección política del país, destinadas a la conducción democrática de la nación.
Carecemos de una institución cuya principal función es y debe seguir siendo la garantía de que todas las tendencias y opiniones presentes en el concierto político de la nación puedan no solo expresarse, sino tener peso específico en la dirección efectiva de la República, en proporción a la importancia de su influencia, dada la naturaleza de sus planteamientos.
Esa justa aspiración en torno a lo que debería ser el Poder Electoral no existe en la Venezuela actual, sucede todo lo contrario, el aparato organizado existente no es producto de una decisión democrática, exigencia que demanda su designación por la Asamblea Nacional, requisito indispensable para su legalidad y funcionamiento.
Convocar a elecciones parlamentarias para integrar una nueva Asamblea Nacional, como consecuencia de la finalización del período de ejercicio legislativo, demandaba –y aún sigue siendo una exigencia fundamental– que los integrantes del nuevo Poder Electoral se eligieran en el interior de la Asamblea Nacional.
Pero además la concurrencia de nuestra comunidad a una consulta política de esa importancia demanda absolutamente en una sociedad, cuyas autoridades se jactan de respetar el Estado de Derecho, el cese del comportamiento autoritario en el cual nos desenvolvemos, realidad denunciada una y otra vez en las Naciones Unidas y recogida una y otra vez en los Informes Bachelet.
Donde están entonces las demostraciones gubernamentales de auténtica contribución a la superación del conflicto, como son la libertad de los centenares de prisioneros políticos, tanto civiles como militares, además del retorno de los exiliados, y el rescate de la legalidad con control efectivo sobre la actividad de los cuerpos policiales y de orden público, pero desgraciadamente aún nada de eso ha sucedido.
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