La desinformación organizada se ha convertido en un fenómeno masivo y complejo, que genera impactos a nivel de individuos, grupos, organizaciones y sobre todo del funcionamiento político y social de las democracias. Su crecimiento parece imparable y ha dado lugar a toda una industria, impulsada por el cambio tecnológico, los beneficios económicos lícitos e ilícitos, los intereses geoestratégicos y la validación de líderes políticos que buscan imponerse en la guerra de narrativas en contextos de creciente polarización (…) El periodismo ante la desinformación próxima, pero sí múltiples oportunidades para conocerlo y comprenderlo mejor, combatirlo o al menos mitigarlo. Hay mucho que hacer en ese sentido en los años por venir, por parte de distintos actores, como las plataformas digitales, los estados y la comunidad internacional, los sistemas educativos, y entre todos, en primera línea, los periodistas y los medios, que sufren en carne propia la pérdida de confianza de las audiencias confundidas por el ruido digital, que no distinguen el periodismo de las fake news. Para ello es preciso que el periodismo reafirme constantemente en la práctica su promesa ética de aproximarse honestamente al relato de la realidad
Fundación Gabo – El periodismo ante la desinformación
I CSJ de Honduras: lo ideológico-político sobre lo jurídico. La desinformación como fuente de “sentencia” anti-ZEDE
Las realidades económicas y sociales tienen un amplio contexto que motivado a las desviaciones de intereses, básicamente ideológicos, pueden generar espacios (des)informativos que en algunos casos, hay que revisarlos no sólo dentro de los niveles neotecnológicos, sino en los estadios políticos que son aquellos, los que manejan los denominados fake news, y los cuales son más graves, cuando se manipulan desde situaciones del poder constituido, es decir, cuando determinados Estados, no sujetos con autonomía judicial o institucional, emiten esas desinformaciones, llegando incluso, a partir de éstas, tramitar y ejecutar decisiones seudo jurídicas, que no van en favor de la sociedad, sino hacia intereses de tipos particulares, y básicamente de concentración de poder, fundamentalmente en sistemas de cortes neototalitarios, o con intención de orientarse hacia tales rupturas de la democracia y los genuinos derechos de libertad.
Una de esas naciones, que al parecer quiere desviarse de los principios constitucionales es Honduras, quien recientemente, desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una “fallo” declarando ilegales a las Zonas de Empelo y Desarrollo Económico (ZEDE), y cuyo “documento” busca en mayor influencia “jurídica” atacar a Próspera la organización con mayor capital invertido en áreas de construcción, turismo, biotecnología, ambiente, industria, ciencia e investigación, máxime cuando tal “sentencia” al no tener consistencia estrictamente legal, pues simplemente recurre a la desinformación, incluso en textos que deberían ser amparados con explicaciones del derecho internacional público y privado; y que terminan convertidos en otra propaganda político-ideológico, en este caso del zelayismo que preside Xiomara Castro.
Ante ello, es lamentable que siendo la CSJ el máximo ente del Estado de Derecho, tenga que recurrir a artilugios y a una desgastada retórica que sólo demuestra la continuidad de políticas impuestas en otras naciones como Cuba y Venezuela, razón por la cual Honduras en vez de aprovechar los tiempos recorridos de millonarias inversiones de las ZEDE, las obstaculiza, y peor, envía un mensaje al mundo con relación a que la Constitución y las leyes pueden ser hasta objeto de anulación de acuerdos internacionales, pasando por encima al principio de irretroactividad; y más aún, bajo una semántica neototalitaria, eliminar artículos de la carta magna, estableciendo barbarie de “artículos pétreos”, como si estos fueran piezas de rompecabezas que pueden ser armadas según la conveniencia del ejecutante, amparados hasta en declaraciones de “magistrados” que aseguran la “inexistencia de violaciones de derechos”, aunque los trabajadores han sido las primeras víctimas de tales desafueros jurídicos.
Sobre esta realidad, las ZEDE durante el gobierno de Xiomara Castro han sido objeto de cualquier cantidad de falsas narrativas, todas con el propósito de crear una matriz de opinión en sus seguidores y no seguidores acerca de que estas inversiones sólo tenían una finalidad pueril de ruptura territorial, y cuyo paroxismo lo han vinculado con la abstracción de “violación de la soberanía”, es decir, emplear una descontextualización histórica en una herramienta “jurídica”, que ha sido la constante repetición de un largo texto para intentar desconocer los acuerdos firmados entre el Estado de Honduras e inversionistas internacionales.
II La realidad de las ZEDE en el plano constitucional y jurídico
En tal contexto, la realidad jurídica que sustenta las ZEDE tiene sus soportes en la propia Constitución, aunque la CSJ intente borrar los artículos donde estas se encuentran como parte del territorio de Honduras, lo cual se convierte en el primer elemento para contrarrestar la desinformación, al decir que estas “no existen”; o lo que es lo mismo, ¿cómo decir que tales organizaciones son “inexistentes” si estaban dentro del cuerpo jurídico de la Constitución en sus artículos 294, 303, 304 y 329? ¿Es posible que éstas sean “anuladas”, intentando borrar de manera retroactiva los artículos que las sostienen constitucionalmente, cuando el artículo 96 de la propia Constitución prohíbe la retroactividad en la aplicación de tales normas?
En la misma medida, ¿cómo puede la CSJ desconocer los principios de acuerdos internacionales del Estado, si el artículo 16 establece que los tratados una vez que hayan sido aprobados por el Congreso Nacional forman parte del derecho interno? En otras palabras, la desinformación jurídica de una “sentencia” de la CSJ resulta convertida en un adefesio constitucional porque viola no sólo todos los estamentos del derecho de la carta magna, sino que ignora los preceptos del derecho administrativo, y por ende, convierte tal decisión es una nomenclatura política apartada del derecho, y desvinculada de la justicia al no tener alguna jurisprudencia que soporte la aplicación de una neototalitaria complexión en los ámbitos legales.
Por consiguiente, todos los tratados y acuerdos internacionales son los mismos que garantizan a las ZEDE desde sus inicios una extensión de 50 años para la ejecución de sus inversiones en las zonas geográficas seleccionadas; y que puedan consolidar los ejes de bienestar, crecimiento y desarrollo tanto para Honduras como para sus potenciales inversores, lo cual se traduce de manera directa en la creación de miles de empleos, así como la extensión de actividades vinculadas con la educación, investigación y espacios culturales.
En síntesis, la desinformación y fake news generados por la CSJ en una írrita sentencia están evidenciados por los intereses de una cúpula política que intenta predominar conceptos ideológicos en contra de la población hondureña, y muy lejos del hecho social como generador de progreso en la sociedad. Remitirnos a la verdad constitucional es sustentar la verdad de una realidad que solo los trabajadores y las comunidades cercanas a las ZEDE, como Próspera en Roatán, son quienes tienen la auténtica soberanía de los pueblos. Lo demás es retórica convertida en fake news.
@vivassantanaj_