Foto Santiago Filipuzzi | La Nación
El funcionario kirchnerista que acaba de hablar de la necesidad de una “amplia convocatoria” que incluya a fuerzas opositoras, sindicalistas y empresarios para “reencauzar la convivencia democrática” es el mismo que, días atrás, afirmó que el frustrado magnicidio de Cristina Kirchner no era un hecho aislado ni obra de “un loco suelto”, sino de “tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándoles lugar a los discursos violentos” que “sembraron un clima de odio”. La referencia corresponde al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, cuyas expectativas de convertirse en alternativa para la candidatura presidencial del oficialismo en 2023 lo llevan a buscar un raro equilibrio entre la radicalización y la moderación sin renegar de ninguno de los dos polos.
La principal sospecha que anida entre dirigentes de Juntos por el Cambio es que el llamado de De Pedro tiene como principal objetivo dividir a una oposición que ya viene mostrando más diferencias y desinteligencias que las que podrían esperarse en una coalición que marcha adelante en las preferencias electorales de la ciudadanía, de acuerdo con las principales encuestas de opinión pública.
Siempre resulta poco creíble que una convocatoria al diálogo dirigida al adversario sea sincera cuando es precedida de una catarata de acusaciones e insultos. Del mismo modo, como puntualizó Alfonso Prat-Gay, un gobierno que odia los límites, odia también a quienes se los recuerdan. La búsqueda de acuerdos exige algo que el gobierno de Alberto Fernández no ha venido mostrando, especialmente en los últimos días: buena fe. El ataque presidencial a sectores opositores, judiciales y mediáticos a los cuales asoció con el discurso del odio que, según el relato kirchnerista, ha provocado un hecho tan grave como el ocurrido una semana atrás frente a la casa de la vicepresidenta de la Nación, habla por sí solo.
Detrás de ese relato se advierte una sobreestimación de la influencia de los medios de comunicación y una subestimación de la inteligencia de la mayoría de la población. El propósito de los kirchneristas más radicalizados no es otro que volver a instalar una nueva ley de medios, aunque en este caso más afín a las normas que se aplican en la Venezuela de Nicolás Maduro, que en el último año determinaron la existencia de 35 condenados por infringir la ley del odio y de numerosas organizaciones no gubernamentales perseguidas . Lejos de evitar el odio, el chavismo solo busca con estas regulaciones acabar con las protestas contra el régimen y extender la autocensura mediante el miedo.
Es cierto que el fallido atentado distrae la atención de las gravísimas acusaciones del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que se le pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero difícilmente permita avanzar hacia la sanción de una ley del odio como la venezolana o en la reflotación de reformas en el Poder Judicial que básicamente apuntaron a la colonización de la Justicia Federal por parte del kirchnerismo.
Tampoco es viable que la instalación de esas cuestiones en la agenda pública haga olvidar las dificultades económicas que atraviesa el país, ni que se deje de lado la discusión sobre el flagelo de la inflación, que en agosto habrá rondado el 7%, de acuerdo con las expectativas de distintos técnicos.
El establecimiento de un nuevo valor de 200 pesos para el dólar soja le ha permitido al Banco Central hacerse de algo de reservas, pero nada que asegure una situación más calma en los próximos meses. Para colmo, algunos gobernadores provinciales vuelven a embestir sutilmente contra los ajustes que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa. Por caso, diez mandatarios del Norte del país demandaron una segmentación diferenciada de tarifas frente a la cercanía del verano.
Aun cuando la situación socioeconómica no dejará de estar a la cabeza de las preocupaciones de la población, el escenario político acusó recibo del impacto que supone el desgraciado acontecimiento del jueves 1° de septiembre en la Recoleta.
Hacia el interior del peronismo, el episodio pareció consolidar el liderazgo de Cristina Kirchner, quien ganó centralidad. Desató asimismo un incipiente operativo clamor tendiente a su eventual postulación presidencial en 2023, que la posicionaría al menos como gran electora a la hora de definir la oferta electoral del Frente de Todos.
El hecho provocó también una mayor movilización de una militancia que salió de su letargo, aunque esta activación, en rigor, comenzó a producirse a partir del alegato del fiscal Luciani.
Finalmente, posibilitó una llamativa disciplina que fue transversal a cristinistas y albertistas, para identificar al supuesto discurso del odio como el motor detrás del atentado contra la vicepresidenta de la Nación.
Sin embargo, ser víctima de un atentado no convierte a nadie en inocente de otros delitos, por lo cual ni la movilización permanente ni los frágiles clamores populares garantizarán la competitividad electoral de alguien, como la vicepresidenta, que sigue exhibiendo hasta hoy, una imagen positiva sensiblemente inferior a su imagen negativa en todas las encuestas.
El más reciente sondeo de D’Alessio Irol-Berensztein, efectuado en agosto entre 1209 encuestados, le asigna a Cristina Kirchner una imagen negativa del 69% y una positiva del 28%. Con todo, esos índices son mejores que los de Alberto Fernández, quien exhibe una percepción favorable de solo el 19% contra una negativa del 75%.
Artículo publicado en el diario La Nación de Argentina