Foto AFP / George Castellanos
Nunca en la historia contemporánea de Venezuela, la otrora patria del Libertador, se había convertido en un problema geopolítico para América Latina. En la última década, a partir de 2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de la república, comenzó en el país una destrucción secuencial de la economía, la cual se agravó con la violación de los derechos humanos, políticos y sociales de la inmensa mayoría de la población.
El problema de Venezuela, que desde 2017 se vio atizado por una hiperinflación y en 2018 por el desconocimiento de la comunidad internacional de unas elecciones que fueron controladas por el neototalitarismo, convirtió a Nicolás Maduro en una figura rechazada a escala mundial, sólo aceptada por otros gobiernos con características similares en sus estandartes políticos como el caso de Cuba y Nicaragua, mientras que en el resto de América Latina, figuras de la talla de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, calificaban sus acciones de autoritarias y de regresión democrática.
Las acciones de Nicolás Maduro generaron, además de un enorme rechazo de la ciudadanía, un proceso de empobrecimiento nacional, que originó el comienzo de la emigración de connacionales, y que según cifras de la ONU asciende a 7,2 millones de personas para este 2023. Y es que el madurismo, corriente neototalitaria que ha destrozado cualquier vestigio de desarrollo y superación personal, ha encarcelado a centenas de opositores, periodistas, comunicadores y militares que hayan elevado su voz de protesta ante la represión política, al punto de que la Asamblea Nacional electa en 2015, la cual ganó la oposición con dos tercios de sus integrantes, fue desconocida por una dictatorial “sentencia” del Tribunal Supremo de Justicia, colocándola en “desacato” –figura inexistente en la Constitución–, y que además fue sustituida por una ilegal e ilegítima “asamblea nacional constituyente”, que aprobó entre otras “normas” una llamada “ley del odio” que ha servido para justificar las detenciones arbitrarias que desee el régimen, teniendo que irse al exilio muchos críticos y políticos.
Y si bien las violaciones de los derechos políticos y humanos son parte de la emigración venezolana, la interminable crisis económica, que lleva una década de duración, es lo que realmente ha sacudido para que una inmensa cantidad de personas abandonen sus hogares, sin importar que puedan morir en la travesía. De hecho, durante 2022 el régimen acuñó una campaña mediática con la frase “Venezuela se arregló”, pero esta se cayó por su propio peso en este 2023, cuando las propias autoridades encabezadas por Nicolás Maduro, así como otras figuras políticas y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha encarcelado a decenas de prominentes figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusadas de haberse enriquecido, saqueando las arcas de la petrolera nacional. Los montos de la corrupción superan inicialmente más de 20.000 millones de dólares, teniendo muchos de los detenidos amplia vinculación con el otrora poderoso ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, quien aún continúa en libertad y sobre quien el gobierno no profesa palabra alguna en su contra. Esto a pesar del inmenso escándalo nacional e internacional que ha desatado un hecho de semejante naturaleza en perjuicio de la nación. No obviemos que, además de los detenidos por corrupción, otras figuras políticas también fueron privadas de libertad por casos de narcotráfico.
En tal sentido, la indignación nacional por tales hechos de saqueo a Venezuela, máxime cuando el salario mínimo y las pensiones rondan los 5 dólares mensuales, han movilizado desde inicios del año a las federaciones docentes y de trabajadores para exigir sus derechos laborales y constitucionales; acciones que han devenido en enfrentamientos y nuevas amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro contra quienes han venido denunciando tales hechos de corrupción y violaciones constitucionales. Un panorama que solo ha continuado agravando la crisis económica del país, en virtud de que, ante la inestabilidad política y jurídica, las inversiones legales –y no aquellas basadas en el llamado “lavado de activos”– no llegan hasta las arcas de la economía nacional, y peor, la industria petrolera de capa caída en su producción, no encuentra cómo recomponer sus niveles de crudo, que también están limitados por las sanciones que pesan desde Estados Unidos sobre Pdvsa.
En consecuencia, este Primero de Mayo, cuando la mayoría del país estaba atento a un posible incremento salarial por parte de Nicolás Maduro, su anuncio, por demás demagógico e indignante, no sopesó las condiciones de vida de los docentes y trabajadores, y simplemente se concretó en mencionar unos “bonos” que apenas llevan los ingresos a un máximo de 70 dólares al mes, y condenando la muerte salarial, al mantener éste en los 5 dólares mensuales, lo cual implica que la población activa dependiente de la administración nacional no tendrá ninguna incidencia que beneficie sus alicaídos ingresos en relación con el pago de vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales.
Ante tal realidad, la cantidad de empleados públicos que prácticamente ha dejado desiertos ministerios, gobernaciones y alcaldías debido a sus magras condiciones laborales, y que han visto como en los 10 años que lleva Nicolás Maduro en el poder, el salario mínimo ubicado en 300 dólares para 2012, se encuentra casi liquidado en un 100% para este 2023, pues, las perspectivas de mejora económica y social, con el reciente anuncio presidencial, la respuesta inmediata, sobre todo de jóvenes y profesionales será en continuar saliendo del país, convirtiendo el problema de la emigración, por parte de Venezuela, en un complejo problema geopolítico que no dudamos nos llevará hasta más de 10 millones de emigrantes distribuidos en su mayoría en el continente; razón por la cual los presidentes y líderes de América Latina, algunos de ellos reunidos hace poco en Colombia y convocados por Gustavo Petro, tienen que encontrar una forma abierta, sincera y transparente de diálogo que permita encontrar un cauce de acuerdos políticos en la nación gobernada por el madurismo, porque de lo contrario, no dudamos que en el corto y mediano plazo, una emigración sin control va a terminar impactando mayores problemas sociales en la mayoría de naciones latinoamericanas.
Sin que esto sea repetitivo, y muchos menos de retórica política, la única verdad es que si Nicolás Maduro insiste en mantenerse de manera forzada en el poder, la grave crisis que confronta Venezuela no podrá ser superada, y menos podrán equilibrarse los problemas de la región. Es necesario un acuerdo que, de la mano del propio Gustavo Petro, acompañado por el diálogo iniciado en México con López Obrador, y que se sumen por América Latina, Lula da Silva, Alberto Fernández, Lacalle Pou y Gabriel Boric, como presidentes de las naciones más receptoras de venezolanos, puedan encontrar de manera conjunta un espacio que genere luz ante tanta oscuridad.
O comprendemos la gravedad geopolítica de la emigración venezolana o la crisis salarial extendida por Nicolás Maduro en la presidencia terminará por llevar a Venezuela al apocalipsis político, económico y social. Los presidentes latinoamericanos tienen la palabra.
@vivassantanaj_