OPINIÓN

Crisis de privacidad en las remesas y redes sociales

por German Creamer German Creamer

El crecimiento y éxito financiero de las compañías que manejan información tecnológica como Twitter, Google de Alphabet y Mega es basado en el marketing online usando la información de sus usuarios, a la cual se accede a través de los servicios aparentemente gratuitos de Facebook, Instagram y otros que permiten compartir las imágenes, mensajes y logros personales de sus usuarios con sus redes sociales, y ofrecen correos electrónicos, cuentas en la nube para guardar información, manejo de fotografías y video, etc.

Aunque la negociación de la información personal se ha hecho pública en los últimos años, la mayoría de los usuarios desconocen las grandes utilidades que estas compañías logran por el manejo gratuito de su información y como la pérdida de privacidad en el sector corporativo se ha extendido a nivel gubernamental.

Las regulaciones federales de Estados Unidos obligan a los bancos a monitorear transacciones sospechosas y reportar las transferencias que superen los 10.000 dólares. Sin embargo, los usuarios desconocen que compañías especializadas en la transferencia de dinero como Western Union y MoneyGram comparten esta información con entidades asociadas con el gobierno, en particular con Transaction Record Analysis Center (TRAC). TRAC fue establecida en 2014 por el procurador general de Arizona como parte de un acuerdo con Western Union para prevenir el tráfico humano y de drogas provenientes de México. Actualmente, este proceso se ha extendido a más de 600 entidades americanas, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Control de Drogas (DEA), para supervisar el envío de fondos entre Estados Unidos y el resto del mundo. Si bien el procurador general de Arizona ha indicado que los clientes que usan las compañías que transmiten remesas no tienen la misma expectativa de privacidad de los bancos tradicionales, tampoco son conscientes en la mayoría de los casos de que sus transferencias son monitoreadas por entidades gubernamentales.

Según declaraciones ofrecidas en marzo de 2022 por Ron Wyden, el senador demócrata de Oregon, la Agencia de Investigación de la Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) ordenó que Western Union y Maxitransfers envíen a TRAC la información de alrededor de 6 millones de remesas de 500 dólares o más enviados por clientes entre Arizona, California, New México, Texas y México desde 2019. Aunque después de esta investigación, HSI canceló estos pedidos, otras compañías especializadas en transferencia de dinero, como Viamericas, han reportado que recibieron pedidos similares del FBI y la DEA. Recientemente, las investigaciones del Senador Wyden indican que cientos de agencias gubernamentales americanas han accedido a una base de datos de más de 150 millones de dólares de transferencias desde Estados Unidos a más de 20 países.

Estas políticas de seguimiento de los fondos financieros no solo extienden el problema planteado inicialmente por el sector corporativo del uso de la información privada, sino que en este caso tiene un mayor impacto en la población minoritaria de bajos recursos con menor acceso al sistema bancario. Esta situación es más relevante para migrantes de países latinoamericanos que han salido de la región por sus crisis económicas o gobiernos autoritarios y se encuentran en un ambiente en que su sobrevivencia requiere un adecuado manejo de su información personal y financiera.