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La falta de verificación y credibilidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el proceso del pasado domingo 28 de julio, que condujeron a la proclamación exprés de Nicolás Maduro como presidente electo, suscitaron en todo el país, de forma espontánea, una oleada de manifestaciones pacíficas y concentraciones populares en defensa de la voluntad popular reflejada en las actas de escrutinio. Las protestas fueron enfrentadas violentamente por los cuerpos de seguridad y grupos civiles armados (colectivos), lo que ha ocasionado más de 1.000 personas privadas de libertad y al menos 17 personas fallecidas.
Este contexto de incertidumbre electoral agudizó la crisis de derechos humanos en el país, comenzando con la falta de verificación de los resultados electorales; la violación del derecho a la vida y la integridad personal de los ciudadanos detenidos, desaparecidos o asesinados; la falta de garantías del debido proceso judicial por las imputaciones graves de delitos de terrorismo en audiencias telemáticas sin la defensa de abogados de confianza; el clima comprometido para los derechos a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho de acceso a la información, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, hasta los derechos políticos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
La vinculación entre los derechos humanos y la democracia es muy estrecha. El respeto de los derechos humanos es esencial para que se respete la voluntad del pueblo en los procesos electorales y para la construcción de un futuro democrático.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21, párrafo 3) dispone que la voluntad del pueblo es la base misma de la autoridad gubernamental legítima. Así, las elecciones, como ejercicio del derecho humano a la participación política, constituye el fundamento mismo de las democracias y, por ende, la voluntad del pueblo es el consentimiento del gobierno democrático.
Todo sistema electoral debe estar orientado a garantizar y hacer efectiva la libre expresión de la voluntad de los electores, para lo cual resulta esencial que reine un clima de seguridad en el que los derechos humanos sea respetados antes, durante y después de la celebración de elecciones.
En consecuencia, si los poderes públicos desconocen las reglas y normas electorales e impiden que los resultados de las elecciones reflejen la libre determinación de la voluntad popular, se produce una inobservancia de la Constitución y los principios de soberanía y autodeterminación del pueblo a decidir su propia forma de gobierno, perseguir su desarrollo y estructurarse libremente.
Numerosas acciones de manifestación pacífica han sido la respuesta del pueblo frente a esta falta de verificación de los resultados del CNE, las cuales han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad y demás grupos de la línea oficial.
El presidente Nicolás Maduro declaró, el pasado sábado 3 de agosto, desde una concentración en Miraflores: “Tenemos 2.000 presos capturados y de allí van para Tocorón y Tocuyito, esta vez no va haber perdón”.
Aparte de los operativos efectuados en las calles, los órganos de seguridad se encuentran realizando la llamada “Operación Tun Tun”, que consisten en ubicar selectivamente los domicilios y aprehender a ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas, actuaron como miembros de mesa o testigos de centros de votación o representan dirigentes políticos de oposición política.
Varios países y los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos se han pronunciado contra todas estas actuaciones que han elevado la crisis de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden luego de que el CNE proclamó vencedor a Nicolás Maduro.
También, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, ha expresado su profunda preocupación por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la represión contra personas manifestantes en el contexto postelectoral, y ante esta preocupante situación, ha hecho un llamado al Estado venezolano para que respete el derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, el trabajo periodístico, y garantice la seguridad de quienes se manifiestan.
La CIDH le ha reafirmado al Estado venezolano que tiene el deber de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha presentado algunas opiniones para rectificar esta situación de crisis en su “Pronunciamiento con relación al tratamiento conferido a los procedimientos de totalización y proclamación efectuados por el Consejo Nacional Electoral”, como acciones fundamentales: que el CNE publique los resultados completos de las actas y se realicen auditorías y controles independientes e imparciales necesarios; y que el ejercicio de un recurso contencioso electoral presentado ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por Nicolás Maduro no puede reemplazar la competencia exclusiva y el deber del CNE de totalizar íntegramente las actas de escrutinio y de publicar las actas que recibió de la Junta de Totalización desde el 28 de julio.
Por último, la Academia urge que el derecho humano a la manifestación pacífica, protegido por nuestra Constitución, sea garantizado y por ello hace un llamado a los organismos del orden público a abstenerse de usar la fuerza de manera desproporcionada o injustificada en el control de manifestaciones pacíficas. Los derechos humanos deben ser garantizados en todo momento y, en especial, la voluntad popular expresada a través de la participación masiva, ordenada y pacífica el pasado domingo 28 de julio.