En Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Así lo afirmó la presidenta de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU cuando dio a conocer la semana pasada el último informe sobre el país, correspondiente al período 2020-agosto 2023.
Marta Valiñas y su equipo revelaron que, lejos de mejorar, la situación en el país se agrava con 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, 19 casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres, 5 privaciones a la vida. En Venezuela se siguen cometiendo violaciones graves de los derechos humanos -ha dicho la funcionaria de la ONU- y las víctimas son miembros de la sociedad civil, líderes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El informe destaca los métodos selectivos represivos, duros y blandos, contra los opositores. La falta de independencia de las decisiones judiciales, la actuación del defensor del pueblo y el CNE nos lleva a asegurar que estamos en presencia de una política sistemática del Estado contra los derechos humanos y garantías constitucionales.
Insto a la presidenta de la misión a consignar este informe actualizado ante la CPI, la cual, reitero, es la única esperanza que nos queda. Es sabido por todos que el sistema de justicia penal nacional nunca investigará ni procesará a los componentes del letal Plan Zamora que actuó contra los manifestantes en al año 2017 ni a su cadena de mando.
De nada sirven entonces actuaciones como la de la semana pasada en Tocorón, un operativo exitoso para el general Ceballos porque supuestamente recuperaron la cárcel, pero también para el Niño Guerrero, pran del Tren de Aragua que logró huir al parecer con 500 reclusos más antes de la llegada de los militares.
El Estado se hizo la vista gorda con lo que allí sucedía, toda una ciudad construida ante sus ojos que incluía viviendas, campo de beisbol, discoteca, piscinas, banco, sin contar el túnel de varios kilómetros que desembocaba en el lago de Valencia y el armamento del que disponían.
Las autoridades más que nadie deben saber que la inobservancia con impunidad las hace cómplices. Una realidad que al menos instituciones internacionales han permitido que salga a la luz y ante la cual los venezolanos solo piden justicia.